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CIUDAD JUAREZ.- Una serie de manifestaciones públicas emprendidas este viernes por activistas contra los feminicidios, tuvo como respuesta lo que consideraron el desprecio de autoridades sin verguenza.

En la jornada que inició a las 10 de la mañana con la presentación del libro Campo Algodonero y su correspondiente página web (campoalgodonero.org.mx), estaba por concluir con una reunión a puerta cerrada de las activistas con funcionarios menores de los gobiernos federal y estatal, en la Oficina de Representación.

La agenda de las activistas tenía como objetivo recordar a las autoridades que el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso campo algodonero, aún es una asignatura pendiente.

campoalgodonero4A las manifestaciones se unieron familiares de Rubí Marisol, cuyo asesino confeso fue absuelto por jueces del nuevo Sistema de Justicia Penal, apenas 24 horas antes.

Las activistas deploraron la ineficacia de las autoridades y la impunidad resultante en éste y muchos otros casos.

El grupo de mujeres entre quienes estaban Julia Monárrez y Lucha Castro, llevó a cabo una audiencia pública contemplada inicialmente en las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia, pero que se trasladó a la sala de prensa de la Representación Estatal.

Fueron colocados letreros de 14 funcionarios que participan en el Operativo Alba, y a quienes las activistas aseguraron fueron notificados para que “rindieran cuentas” del avance de las investigaciones de todos los casos de mujeres desaparecidas o asesinadas que supuestamente están en etapa de investigación.

La mayoría de las sillas permanecieron vacías, toda vez que sólo se presentaron cuatro funcionarios de rango menor, quienes tuvieron que escuchar sin chistar los reclamos.

El que se llevó la peor parte fue Juan José González, asesor del subprocurador Alejandro Pariente -ausente de la ciudad-, a quien las activistas lo acusaron de desconocer el tema.

-No importa que me diga ignorante, replicó el funcionario, quien como diputado local formó parte de la Legislatura que aprobó la Reforma Penal Integral.

Ahí, Nohemí Almada -quien acudió en representación de la comisionada Laura Carrera-, dio lectura a un escrito en el que la procuradora Patricia González de plano avisaba que no tenía por qué asistir.

Se indicó a las activistas que una mesa de trabajo será instalada el 3 de mayo.

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