Por Manuel BARTLETT DIAZ./

WikiLeaks conmocionó al mundo, filtró documentos desnudando la política exterior estadounidense y a infinidad de interlocutores. EU, furibundo, denunció las filtraciones como atentado contra las democracias, lanzó una ciberguerra para bloquear al sitio web, sometió a empresas que le brindaban servicios: PayPal, Visa, Master Card, Amazon. Exigió a otros países bloqueos semejantes. Declarado el líder de WikiLeaks, Julian Assange, criminal peligroso, le sueltan a la Interpol. Acusado de una inverosímil violación sexual en Suecia, ésta acepta los cargos y pide a Inglaterra su extradición. En EU exigen su asesinato, tildado de traidor, terrorista, cibervándalo.
“La Casa Blanca quiere sanciones penales para Assange, cambiar la ley si es necesario y amenaza con la ira estadounidense a cualquiera que ose proteger a WikiLeaks”, dice The Economist, que a la vez considera impracticable tanto el enjuiciamiento como la guerra cibernética, incluso acusa de incongruente a EU por reclamar bloqueos antidemocráticos a internet a otros, para acabar haciendo lo mismo. Además, “a una semana del torpe intento del bloqueo, más de 700 nuevos servidores en el mundo le acogen”.
Reconoce que “la misión mesiánica de Assange atrae apoyo cuasi religioso de idealistas y críticos de Estados Unidos”. WikiLeaks envió a periódicos internacionales los documentos, y pese a la presión estadounidense han venido publicando lo que consideran de interés público.
Assange se ha vuelto símbolo de la libertad de expresión, generando mundialmente apoyos. El periódico El País publica: “En defensa de WikiLeaks” (Hernández Busto), la red, afirma, representa el único reto a ciertos poderes constituidos, capaz de garantizar de facto la posibilidad de un estado de transparencia; en el periodismo moderno, los secretos, aun los más incómodos, pueden ser revelados en nombre del interés público, y la prensa exigir al gobierno que cumpla con el imperativo democrático de transparencia.
Respecto a México, las filtraciones revelan graves situaciones. Califican al Ejército mexicano de incapaz, con aversión al riesgo, inepto como policía; descoordinación en los cuerpos de seguridad; carencia de inteligencia; adoctrinamiento del Ejército pretextando modernización impulsado a una guerra interna y a servir en misiones extranjeras; las Fuerzas Armadas prácticamente sometidas al mando estadounidense; solicitudes de apoyo por funcionarios mexicanos desesperados y reconocimiento de pérdida de control de partes del territorio; corrupción generalizada.
La respuesta del gobierno mexicano a estas descalificaciones, señalamientos de enajenación de soberanía, de impotencia del Estado, fue aceptar sumisamente el dictado estadounidense: “reprobación categórica de la revelación ilegal de documentos imputados a la diplomacia estadounidense, no reflejan el posicionamiento de Estados Unidos” (SRE). El secretario del Consejo de Seguridad condenó la revelación ilegal de comunicaciones de funcionarios de Estados Unidos. Obama llama a Calderón y éste, orondo, boletina: “Hablamos del tema y subrayamos nuestro rechazo a este tipo de acciones ilegales” y “… externé mi preocupación y protesta por ciertos contenidos que, de ser ciertos, son imprecisos”.
No podrían ser más indignas las respuestas. Casi pide perdón ante la prepotencia expresada secretamente por la embajada; justifica sus dichos. Calificar de ilegales las filtraciones y apoyar la furia persecutoria de EU contra informaciones abiertas no está en nuestro interés. La revelación de intenciones y opiniones sobre su propio gobierno debería alertar a Calderón, pues le demuestran cómo son sus aliados, qué piensan de él contra los elogios que le procuran públicamente para aprovechar su disponibilidad.
Lo que importa a los mexicanos es que estos dichos y hechos revelan acuerdos secretos y flagrante intervención extranjera que Calderón debe suspender. Recuperar el mando del país es su única justificación.

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