Por Mario Hector SILVA./

Indiscutiblemente que vivimos tiempos inéditos, donde las libertades del ejercicio periodístico, no solamente atraviesan hoy por una crisis agudizada por las condiciones sociales de inseguridad y extrema violencia, sino también por la afrenta de los gobiernos que han socavado garantías individuales que los periodistas creíamos nuestras desde ya hace tiempo.

En Chihuahua, se cuentan ya por decenas las denuncias que sobre agresiones a periodistas, han sufrido en carne propia los vituperios de gente en el poder, y que habiendo siendo canalizados a las Comisiones Nacional o Estatal de los Derechos Humanos, engrosan solamente los expedientes y la burocracia. Órganos que sin duda han sido ya rebasados por las condiciones actuales, que atentan día tras día, contra las libertades del hombre.

Y si no, basta con revisar documentalmente el reporte nacional de la CNDH, donde se inscriben las quejas de los periodistas de Juárez y de Chihuahua, victimas de agresiones.

Alguien por allí, alguna vez escribió que cuando un  gobierno es sometido por el crimen, se anulan la libertad de expresión y la democracia. Y en ello, sin duda, existe mucho de razón.

Propuesta: Cancelación de Derechos Políticos.

La presente propuesta tiene como finalidad encontrar el eco de las agrupaciones colegiadas de periodistas, y por supuesto de otras organizaciones sociales y de los diputados que integran la sexagésima tercera legislatura en el Congreso del Estado de Chihuahua, en un intento de construir condiciones garantes al ejercicio periodístico, mediante acciones y mecanismos prácticos de sanción a servidores públicos y funcionarios que incurran en agresiones a la libertad y actividades del periodista;

Pedimos que se legisle en torno a una iniciativa que permita la cancelación de los derechos políticos (Hoy solo contemplados en casos de personas sometidos a proceso penal, o en el caso de la perdida de ciudadanía), que incluya el impedimento, no solo a puestos de elección popular, sino también el ejercicio en la administración pública del estado de Chihuahua, a aquellos a quienes se compruebe cualquier forma de actuación que atente contra la libertad de expresión y de ejercicio en el periodismo.

Y nos estamos refiriendo entre muchos otros, a los impedimentos y agresiones o bloqueo a los fotógrafos y reporteros que en las calles son impedidos para tomar una fotografía en un evento noticioso -hasta quien protegido por el poder-, intenta impunemente exigir mediante la presión, que le sean reveladas las fuentes informativas de los reporteros cuando una denuncia le es perjudicial, o simple y llanamente afecta sus intereses.

Hoy, ante las condiciones hostiles que enfrentan periodistas, comunicadores y colaboradores de las paginas editoriales, es urgente establecer medidas efectivas –no retoricas, ni complacientes al gusto de los gobernantes-, que protejan a quienes exponen a la opinión pública, trabajos de información e investigación periodística.

Al igual que a los gobiernos les es urgente poder restituir el tejido social, a los periodistas, nos urge contar con un instrumento de sanción a servidores y funcionarios que violentan flagrantemente las garantías en el ejercicio de las libertades: ideológicas, de expresión y de transito.

Casos Emblemáticos de Impunidad.

Solo para que los presentes ponderen la ceguera y desfachatez a la que llegan algunos personajes que ejercen el poder y la política, existen casos emblemáticos de agresión e  impunidad, que lejos de ser sancionados, permitieron, a un ex funcionario, un ascenso como titular de la Secretaria de Seguridad Publica Estatal, y a otro, que lo premiaron con una candidatura a diputado local, y que desgraciadamente, debo decirlo, forma parte de la actual legislatura local.

Injustificable en ambos personajes, actores y protagonistas de una denuncia pública sobre corrupción en 2008, donde varios periodistas resultaron afectados por el proceder y la sospechosa autoría de los involucrados.

Pero además, el caso sobre abuso, prepotencia y agresiones, generado tras la denuncia en el contenido de una columna: Politikkon, publicada en el periódico El Mexicano el día 7 de noviembre de 2008 –el mismo año de la ejecución del periodista policiaco, Armando Rodríguez-, está documentado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), donde se asienta que agentes ministeriales a la fuerza, exigieron que personal del periódico, diera cuenta de la presencia de un servidor, a la vez que pedían, que les revelaran las fuentes de información del material escrito en las páginas del rotativo.

El citado caso terminó  días posteriores con la casual ejecución y muerte de mi informante y denunciante de las presuntas acciones de corrupción en una dependencia gubernamental.

El hombre que había denunciado las tropelías, de nombre Julián Ibaven López, líder de Mercosuro, incluso había afirmado antes de su deceso, haber sido amenazado de muerte, tras revelar la información.

Ibaven fue ejecutado a balazos el 1 de diciembre de 2008, y el asunto quedó archivado sin más.

El segundo caso, recién acaba de ventilarse públicamente por parte del alcalde Héctor Murguía, que seguramente abrumado por las preocupaciones de su labor en la alcaldía, ayer en plena sesión de Cabildo, distrajo algunos minutos para agredir y, amenazar –porque así se siente-, al periodista de Radio, Ismael Alvidrez Mejía, como respuesta a una crítica que este había hecho sobre la presunta responsabilidad –que no culpabilidad-, en el caso del asesinato del escolta del Jefe de la Comuna.

Hoy el periodista, quien fue acusado de “pedir un puño de dinero”, ha solicitado la intervención de Reporteros Sin Fronteras y entablara hoy una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la ligereza con la que personajes que hoy nos gobiernan encabezan ofensivas y respuestas mediáticas que vulneran el ejercicio mismo de los comunicadores.

Algunas expresiones impropias y totalmente fuera de lugar, como “que recuerde que somos pasajeros”…o el lamentar que  no lo pueda meter a la cárcel, por las informaciones vertidas por el periodista, cimbran el ánimo y enrarecen el ambiente.

Así es que, señores diputados que forman parte de la Comisión que buscan legislar en torno a la libertad de expresión y la secrecía y protección de las fuentes de información, he aquí dos casos que merecen incluso, su interés y seguimiento.

Por lo anterior expuesto, me permito reiterar la urgencia por la construcción de medidas y sanciones efectivas a los servidores públicos y políticos que atentan contra la libertad en el ejercicio periodístico.

La cancelación de los derechos políticos, es una medida drástica, pero ciertamente ejemplar para evitar que algunos personajes de la administración pública gocen de privilegios, cuando se compruebe que se han visto involucrados en denuncias y en perjuicio de la libertad de expresión y de información misma.

Los periodistas de Chihuahua, ya no queremos más recomendaciones, como tampoco que no se  nos juegue el dedo en la boca, exigimos que se siente un precedente en aras de las libertades políticas y de la democracia.

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