CHIHUAHUA.- El Gobernador César Duarte Jáquez envió al Congreso del Estado una iniciativa de decreto para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estatal, para que el Fiscal General de Chihuahua deje de ser el Abogado del Estado, a fin de que esa atribución la ejerza el Consejero Jurídico.

Esta facultad correspondía originalmente al Procurador General de Justicia del Estado, pero al cambiar la Procuraduría por la Fiscalía General, dicha atribución pasó al Fiscal General; sin embargo, con la creación posterior de la Consejería Jurídica, por sus propias funciones y atribuciones, su titular es quien debe de ejercer ahora ese nombramiento.

Lo anterior se establece en la iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, en donde se destaca que la intención de esa reasignación de funciones es para que el Fiscal General no distraiga su atención en asuntos generales, como controversias constitucionales y temas de variada índole, y se dedique de lleno a las funciones de seguridad.

En esa propuesta se proyecta derogar el párrafo quinto del artículo 13, así como reformar el párrafo segundo, del artículo 36, ambos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

En dicha iniciativa se resalta que “para el cumplimiento de sus funciones, y salvo disposición en contrario de la ley, el titular de la Consejería Jurídica será el Abogado del Estado y tendrá las facultades de representación legal del Titular del Poder Ejecutivo más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios, ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, así como para las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte…”.

Además, enfatiza que al Fiscal del Estado “le compete coordinar las actividades inherentes a la función de la dependencia, las cuales se dividen en las áreas de Seguridad Pública y Prevención del Delito; Investigación y Persecución del Delito; Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito; y, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, las cuales merecen una gran dedicación y todo ello lo obliga a prestar especial atención a cada uno de los asuntos que afecten la convivencia y el desarrollo armónicos de la sociedad y de los particulares”.

En ese sentido, se hace hincapié en que el titular de esa dependencia no puede desviar su atención en asuntos que abarcan una amplia gama de temas como el ecológico, urbano, rural, económico, industrial, educativo, de planeación, social, entre otros.

De ahí, reitera, la importancia de que sea el Consejero Jurídico de la administración estatal quien, por su propia naturaleza, sea quien asuma la designación como Abogado del Estado.  (Boletin de gobierno del Estado)

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