Mujeres en PoliticaPresentación de la armonización legislativa de los Derechos Fundamentales de la Mujer.

Como parte de la investigación reciente sobre la armonización legislativa de los derechos fundamentales de las mujeres, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través del Seminario Permanente en Estudios de Género, la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas A.C. y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, lo invita atentamente a participar en la rueda de prensa con la que dará inicio al Foro Armonización Legislativa de los Derechos Fundamentales de las Mujeres. La cita es en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ a las nueve de la mañana en el salón V.

Algunos datos sobre la situación de los derechos de las mujeres México

-Periódico Uno Más Uno 1979: “De cada 10 casos que se procesan judicialmente por el delito de violación, 1 o cuando mucho 2 se resuelven con el castigo de los culpables”. (Uno más Uno, 11 de Noviembre de 1979, P. 54).

Uno más Uno en 1980 advierte sobre “la violación que continuamente cometen las autoridades contra el decreto del 8 de Febrero de 1978 en el que el Procurador establece que “no se otorgaría libertad bajo fianza a los delincuentes sexuales”. (Uno más Uno, 29 de Mayo de 1980, P. 27).

Periódico La Jornada 1989: “El subsecretario de Gobernación Emilio Rabasa Gamboa destaca que por primera vez se incluye el tema de la mujer en los Foros de Consulta para elaborar un programa de gobierno”. (La Jornada, 18 de Febrero de 1989, P. 8).

Periódico La Jornada 2005: “Incumple México 80% de los compromisos asumidos en Pekín en 1995”. (La Jornada, Marzo 2005).

A 34 años de la 1ª. Conferencia Mundial sobre la Situación Jurídica y Social de la Mujer, con sede en México, y en la que se establecieron 30 principios para sentar las bases a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

– La principal característica entre las mujeres indígenas es la precariedad, pues 96 de cada 100 registra niveles altos y muy altos de marginación, con enormes deficiencias en infraestructura y servicios, y profundos rezagos sociales (Elena Zúñiga, Sria. Gral. del CONAPO en La Jornada, 15 de Abril de 2005, P. 49).

A 29 años de la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por el Senado Mexicano, en la que el Estado se compromete a seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer.

– En las Cámaras de Diputados y Senadores sólo hay representación femenina de 28% y 19.5% respectivamente; el número de mujeres en presidencias municipales cayó de 91 a 86; la participación de las mujeres en los congresos locales es de 13.8% y sólo ha habido 8 gobernadoras en la historia del país

A 15 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, en la que México participa y renueva el compromiso de potenciar el papel de la mujer y reevaluar toda la estructura básica de desigualdad de la sociedad.

– La migración femenina a Estados Unidos se ha duplicado en la reciente década. Un promedio anual de 21 mil mujeres mexicanas se traslada temporalmente a Estados Unidos para trabajar; y 112 mil son detenidas por la patrulla fronteriza, enfrentándose a maltratos de todo tipo.

A 19 años de la adopción en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, “Convención Belem Do Pará”, en virtud de la cual el Estado Mexicano se compromete a abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.

Pese a los actos de violencia y discriminación en todo el país; pese a la firma y ratificación de convenios internacionales; pese a los gobiernos de cambio y esperanza;  las convenciones y sus protocolos facultativos se enfrentan a la misoginia de nuestros gobernantes; o en el mejor de los casos, a su escasa o nula voluntad política.

– En los últimos 17 años, han sido asesinadas más de 500 mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua; incluidas niñas de 6 a 10 años; sin que el gobierno mexicano reconozca la dimensión del problema.
 
– Mientras tanto, México ocupa el último lugar de Latinoamérica en lo que a procuración de justicia se refiere (Anders Kompass, en la Jornada, 26 de Febrero de 2005, p. 3).

Sin embargo y contra o por todo lo anterior, cada vez más mujeres asumen la jefatura en sus familias. Actualmente 6.7 millones de hogares son dirigidos por mujeres, con promedio de uno por cada 5; y en 25 años, uno de cada 4 estará a cargo de una mujer.

Nuestros logros, avances y resultados pertenecen únicamente a nosotras mismas, a nuestro cambio individual y cotidiano, a nuestra lucha social permanente, a nuestra denuncia constante, a nuestras exigencias y demandas.

Por estas razones  principalmente decidimos desde la sociedad civil realizar esta Investigación sobre Armonización Legislativa sobre Derechos Fundamentales de las Mujeres.

¿Qué es la armonización legislativa?

Es la inclusión de estos compromisos internacionales en nuestro derecho interno, con el objetivo de que, dada la conformación política de nuestro país en donde cada Estado parte es libre y soberano para dictar su legislación, se respete este derecho ya adquirido por las y los ciudadanos mexicanos al firmar estos instrumentos y que de acuerdo con lo que señala el artículo 133 Constitucional forma aparte del Marco Legal Nacional.

De tal manera consideramos que la armonización legislativa del marco jurídico nacional con los compromisos adquiridos, al firmar los instrumentos que conforman el Orden Jurídico Internacional, que tutelan los derechos humanos de las mujeres, es un deber jurídico al cual se encuentran sujetas autoridades federales, estatales y municipales, en sus respectivas ámbitos de competencia y respetando su soberanía, tiene como fin último hacer posible la eficacia y eficiencia en la aplicación y respeto a los derechos humanos.

Lo anterior, no se trata únicamente de trasladar el contenido de los tratados internacionales a las leyes nacionales, es ir más allá, es haciendo cambios estructurales en los sistemas estatales de acceso a la justicia que permitan su correcta aplicación, dando prioridad a una verdadera garantía de protección a las personas.

Tomando como base lo anterior, decidimos dedicar parte de este trabajo a realizar el análisis de la legislación local en las treinta y dos entidades federativas de la República Mexicana y el Distrito Federal, la legislación federal con la que contamos en la materia y los principales instrumentos internacionales que abordan lo relativo a los Derechos Humanos de las Mujeres.

Por lo tanto, este trabajo se distribuye en Tres Tomos retomando al final del tercero los anexos respectivos. El Primer Tomo se divido en tres partes; la primera rescata el marco teórico de la Violencia Social con el objetivo de ubicar y definir la violencia de Género y explicar ampliamente dos de los modos de violencia que aborda la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: la violencia familiar y sexual que forman parte del marco teórico del trabajo.

La segunda parte de este primer Tomo aborda los resultados más relevantes de un instrumento que se aplico a 639 destinatarios del sector justicia (Procuradurías, Poder Legislativo, Poder Judicial y Ámbito Federal), salud (Desarrollo Integral de la Familia, DIF y SSA) y derechos humanos (Comisiones de Derechos Humanos locales) académica (universidades e institutos de investigación) y organizaciones de la sociedad civil; así como instancias Estatales de la Mujeres de las 32 Entidades Federativas de la República Mexicana y el Gobierno Federal, referente al cono-cimiento que tienen sobre la armonización legislativa con instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres y la tercera Parte está integrada por el marco teórico referente a los Derechos fundamentales y los Derechos Humanos, los Marcos Jurídicos Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y las Recomendaciones Generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, Recomendación General Nº 12 (Octavo período de sesiones, 1989), Recomendación General nº 19 (11º período de sesiones, 1992), y el Marco Jurídico Nacional contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y el Código Federal de Procedimientos Penales. Este Tomo concluye  la Primera parte del análisis de normas jurídicas en materia penal, procesal penal, civil y de atención, prevención, tratamiento y eliminación de la violencia de género en México en contraste con los Instrumentos Internacionales que protegen los Derechos Humanos de las mujeres de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima y Chiapas, enfocándonos en tres ámbitos específicos de Derecho Comparado: identificación de la normativa de la violencia de género; análisis de la legislación nacional en el ámbito penal, procesal penal, civil y de prevención, atención y sanción de la violencia de género; orientada principalmente a la violencia familiar y delitos sexuales.

El Segundo Tomo retoma el tema de la prevalecía de la violencia que viven las mujeres a partir de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares – ENDIREH 2003-2006 con el objetivo de presentar algunas estadísticas relevantes con respecto a la violencia familiar y sexual que se retoma en este trabajo, dando un panorama general de la violencia que viven las mujeres en nuestro país y la alerta de género que tienen que llevar a cabo las diversas Instituciones Gubernamentales, Académicas y OSC; de esta manera damos el salto al siguiente apartado que tiene que ver con el concepto de ciudadanía enlazado con política pública y concluimos este Segundo Tomo con el análisis de los siguientes quince Estados comprendidos en este estudio: Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Querétaro.

El Tercer Tomo contiene el análisis de los diez Estados restantes: Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la exposición de nuestras propuestas de normas jurídicas armonizadas con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la mujer “Convención de Belem Do Para”, con la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación en contra las Mujeres (CEDAW) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niñas que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como, la aportación de ejes temáticos para la creación de políticas públicas con visión de género, y finalmente terminamos con las conclusiones y bibliografía de nuestro trabajo.

ADIVAC
Laura Martínez Rodríguez. 
Miriam Valdez Valerio

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