Martín Chaparro, se sumó a la petición, “ante las constantes denuncias que han realizado importadores de llantas usadas en contra los abusos y extorsiones presuntamente ordenados por la administradora de la Aduana…”

TORRE FUERTE

*Se cae la estructura de la Aduana en Juárez

*Bertha Luján y María Luisa Alcalde, ¡fuera!

*En Morena, sobre la cabeza de Bertha Luján

*El escopetazo de Lorenzo Córdova en el INE

*La carta ‘patito’ de Rocío Reza en el PAN

 

Se cae la estructura de la Aduana en Juárez /

La estructura de corrupción y señalamientos en contra de la Aduana Fronteriza, y de los hombres y mujeres que le rendían cuentas a la administradora, la maestra y académica de la UACJ, Norma Yrasema Deirdré Bazán Mayagoitia, ya no tiene soporte.

Se ha desvencijado, y siguen apareciendo nombres y relaciones de poder que incluso involucran no solo a los funcionarios de la Aduana, sino a gente externa que participaban, e incluso, al esposo mismo de la maestra, el policía federal, Omar Bolado, a quien por igual, le rendían cuentas algunos de los llamados hombres ‘clave’ en la corrupción de la dependencia: Julio César Durán, apodado “el compañero” y Gerardo Cantú, a quienes se les atribuye gran parte del peso, de las acusaciones sobre presuntas irregularidades y corrupción en la Aduana de Ciudad Juárez.

Incluso vinculan también en las actividades de la Aduana a Jorge Alberto Núñez, hermano de un Agente Aduanal de Ciudad Juárez, y amigo del esposo de la administradora.

A los señalamientos e historial de Ricardo Ozuna –el hombre que amenazó de muerte a Héctor Ortiz-, y de Gerardo Cantú, también con antecedentes en los Estados Unidos, uno en El Paso, y otro en Laredo, Texas, agregue el de Julio Cesar Durán, que tiene denuncias desde 2015 por el manejo de los amparos denominados “Única” (para subvaluar el valor de las unidades y pagar menos impuestos), los cuales presuntamente desaparecieron, sin que se devolviera el dinero a cientos de importadores de vehículos. Sobre su cabeza penden varias demandas de este lado de la frontera.

El pasado fin de semana, hasta los actores políticos del PRI y de Morena, el diputado Omar Bazán Flores y el dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional, Martín Chaparro Payán, pidieron al gobierno federal investigar casos de abuso cometidos al interior de la Aduana, luego de las protestas y denuncias por corrupción que vertieron los dirigentes de la Unión Ecológica y el Consejo Consultivo de Llanteros, Héctor Ortiz Armijo y Ernesto Chávez Nápoles.

Bazán Flores presentó un punto de acuerdo en el Congreso local para exhortar al Gobierno federal a investigar posibles actos de corrupción en la Aduana de Ciudad Juárez y el líder estatal de Morena, Martín Chaparro, se sumó a la petición, “ante las constantes denuncias que han realizado importadores de llantas usadas en contra los abusos y extorsiones presuntamente ordenados por la administradora de la Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez, Norma Deirdré Bazán Mayagoitia”;

Exhortamos a la Administración General de Aduanas e instancias competentes, para que se investigue e inicie un procedimiento dilucidario, publicó el dirigente de morena a través de sus redes sociales.

Los empleados de la Aduana han sido señalados por usuarios del puerto arancelario por la comisión de supuestos actos de corrupción.

El pasado 21 de mayo, ocho agentes federales, entre ellos una mujer, que operan en las inmediaciones del puente Zaragoza, fueron denunciados ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) por un empresario y un llantero, por presuntamente exigirles dinero, a cambio de no detenerlos por el supuesto delito de contrabando.

Y hace apenas unas semanas, un ciudadano estadounidense denunció públicamente a una oficial de comercio exterior, por probable abuso de autoridad, en hechos registrados en el puerto fronterizo Tornillo-Guadalupe.

Se espera que esta misma semana, y por instrucciones del nuevo titular, Horacio Duarte Olivares, haya movimientos en la Aduana de Ciudad Juárez.

El puerto fronterizo de Juárez, está incluido entre las siete aduanas más grandes de México, que incluyen también a Nuevo Laredo, Tijuana, el Aeropuerto de la Ciudad de México, Manzanillo, Tuxpan y Lazaro Cárdenas.

 

Bertha Luján y Luisa María Alcalde, ¡fuera! /

Los suspirantes al gobierno de Chihuahua por el partido Morena, que no son pocos, deben andar relajados. El obús que prácticamente ha dejado fuera de la carrera por la sucesión política a dos figuras no menos importantes en la lista de los precandidatos de ese partido, y por cierto muy cercanas ambas en los afectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, obliga a reemplazarlas en ese género, en la sucesión Chihuahua 2021.

Bertha Luján Uranga, presidenta del Consejo Político Nacional de Morena y su hija Luisa María Alcalde, actual Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) del gobierno de la ‘4T’, fueron exhibidas de fea manera en los medios a nivel nacional por aquellas viejas prácticas del nepotismo que tanto han criticado los cercanos en el círculo político del presidente, incluyéndolo a él, y la verdad es que no hay respuesta. El presidente tampoco ha podido con esa vieja práctica, lastre entre los hombres que gobiernan.

Es más, el pasado viernes Andrés Manuel salió al quite y defensa de las hijas de Bertha Luján, y dijo que no considera que hay nepotismo. Se debe a su profesionalismo.

Hasta el excandidato derrotado a la alcaldía de Chihuahua, Fernando Tiscareño, el consentido de doña Bertha, salió raspado por la inclusión de su hermana Tania (Tiscareño) y su esposo, Oscar Sandoval Salas, incluidos en la lista de los siete integrantes de esa familia que gozan de las mieles del presupuesto en diferentes dependencias del gobierno de AMLO.

En unas horas, y de manera documentada, acabaron con la reputación y trayectoria de la familia Alcalde Luján, quien comenzó con Bertha Luján Uranga, quien desde la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México (2000-2003), ocupó del cargo de contralora.

Públicamente, inmoral, las decisiones que se ha permitido dentro del gobierno de la ‘4T’, la familia Alcalde-Luján y los suyos, de mantener en esa nómina de la administración pública federal, a las primas de Luisa María Alcalde: Tania Tiscareño Luján, quien aparece como la Jefa del Departamento de Comité Nacional de Profesionalización de la Asistencia, perteneciente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia (DIF), y Karina Luján Luján, que ocupa el cargo de Directora de Asuntos Penales de la Función Pública.

Pero también han sido incluidas en el poder gubernamental y político, su hermana, Bertha María Alcalde Luján, primero como ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y posteriormente como jefa de la Oficina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, designación atribuida de manera directa al secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo Montaño, mientras que su mamá, Bertha Luján Uranga, es la presidenta del Consejo Nacional del partido de Morena. El partido del presidente.

Los medios capitalinos se encargaron de incluir, a la familia de la prima Tania Tiscareño Luján, cuyo esposo tiene puesto en la dirección de Evaluación de la STyPS, que dirige su prima política, Luisa María Alcalde, además de Gloria y Daniela Sandoval, parientes de ese funcionario, que trabajan en la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo y Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Todos ellos con salarios superiores a los 43,119.19  y 56,318 pesos, hasta llegar a los poco más de 150 mil pesos que percibe, la hija y titular de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Por cierto la respuesta de la joven promesa de Doña Bertha Luján, que dijo que cada persona es responsable de su propia historia y de labrarse un futuro por su capacidad, nada convincente. Hubieran podido haber dicho lo mismo los priístas y panistas que en el poder y en su momento, igual fueron señalados.

Ni siquiera el hecho de que varios de sus familiares han trabajado por años en  el sector público, la salva. Y nadie duda de la honestidad y el desempeño diario de sus familiares en el gobierno.

 

En Morena, sobre la cabeza de Bertha Luján /

Le llueve sobre mojado a la presidenta del Consejo Político Nacional de Morena, la chihuahuense Bertha Luján Uranga, a quien acusan de simular, validar y manipular acuerdos en el Consejo Nacional Ampliado del pasado 30 de noviembre de 2019.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) de Morena que tramite y resuelva la queja del militante Jaime Hernández, quien exigió se aplique el reglamento interior de ese partido a Bertha Luján, a quien señala de haber repetido su voto durante un Consejo Nacional morenista celebrado en noviembre del año pasado.

El promovente, como su aliado y también precandidato a la dirigencia nacional, Alejandro Rojas -adversario interno de Luján-, dieron cuenta de la determinación judicial:

“Como lo habíamos anticipado, la Sala Superior del Tribunal Electoral a través del SUP-JDC-76/2020 Incidente-1, ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) abrir un procedimiento sancionatorio contra Bertha Luján por su presunta actuación con dolo y mala fe al firmar dos veces e intentar simular un falso quórum durante el fallido Consejo Nacional ampliado realizado el 30 de noviembre de 2019.

De acuerdo a un comunicado enviado por Rojas, le atribuyen responsabilidad a Lujan por ser quien tenía la organización, el acceso y control del Consejo Nacional “Ampliado”, así como a las listas de asistencia. Y, por lo tanto “dicha funcionaria partidista, al saber que solo reunía 140 consejeros de los 141 que necesitaba para reunir el quórum legal para sesionar, firmó de nueva cuenta la lista de asistencia. Es decir, simuló y afirmó que ya había quórum para sesionar y validar los acuerdos que se tomarían”.

Sin embargo, el incidente de cumplimiento de sentencia dictado por la Sala Superior del tribunal electoral, signado el 20 de mayo, consideró no darle trámite como juicio ciudadano al escrito del inconforme, a través del cual solicitó una sanción para Bertha Luján Uranga, como supuesta presidenta del Consejo Nacional de Morena, por registrar dos veces su asistencia a un Consejo Nacional de fecha 30 de noviembre, con el supuesto objetivo de simular quórum para manipular la voluntad de la militancia y tratar de imponer acuerdos avalados de forma ilegal.

El órgano colegiado refiere que es la Comisión de Justicia de ese partido (Morena) la que puede conocer del incumplimiento a las obligaciones estatutarias previstas en los documentos básicos, sus reglamentos y acuerdos tomados por los órganos, y que atentan contra la normativa interna de ese partido político.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano competente para conocer, investigar, analizar y, en su caso, sancionar a la denunciada o a quien resulte responsable por los hechos que se le imputan por ahora a la presidenta del Consejo Político Nacional de Morena.

 

El escopetazo de Lorenzo Córdova en el INE /

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, lanzó hace unas horas, lo que parece un ‘escopetazo’ al aire para ahuyentar los fantasmas y justificar la actuación de ese organismo responsable de las elecciones en el país.

Resulta que el señor Córdova anunció que el órgano que preside, sancionará a los servidores públicos que realicen actos de proselitismo bajo pretexto de ayudar a la población durante la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.

Y son un tipuchal los sujetos activos que andan encampañados y que quieren aparecer en las boletas de 2021.

El titular del INE dijo que lucrar políticamente con la emergencia sanitaria es un acto de deslealtad con la democracia, y es violatorio de nuestras leyes. “En el @INEMexico investigaremos todas aquellas acciones de promoción personalizada realizadas bajo pretexto de ayudar a la población más vulnerable”, difundió.

Apenas, y después de casi dos meses, se dieron cuenta allá en el INE de la capital del país, que se ha registrado un notable activismo de decenas de servidores públicos, que bajo el argumento de auxiliar a la población durante la emergencia sanitaria, han aprovechado para promover su imagen personal, principalmente en redes sociales, dijo Córdova en un video publicado en su cuenta de Twitter.

“Son muchos los casos de alcaldes, diputados locales y federales y senadores que han recorrido los territorios que gobiernan o representan repartiendo despensas, cubrebocas y caretas”.

El consejero presidente detalló que algunos apoyos brindados a la población se distribuyen en cajas o bolsas rotuladas con el nombre del servidor público que los entrega y los colores y logotipos de sus partidos políticos.

Imagínese pues el caso y la condición particular de cada uno de los actores chihuahuenses que debieran ser sancionados. Tan solo la larga lista de los aspirantes a suceder al gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quedaría, literalmente, limpia y con muy pocos nombres…

Según el presidente consejero del INE, los casos están siendo documentados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, donde se procederá al análisis de conductas que, eventualmente, podrían ser violatorias del artículo 134 de la Constitución.

El artículo prohíbe expresamente que la propaganda de los poderes públicos bajo cualquier modalidad de comunicación social incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Y como dijo un buen amigo, se me hace muy gorda Antonia.

 

La carta ‘patito’ de Rocío Reza en el PAN /

Se nos quedó el pasado fin de semana en el tintero, pero la rescatamos. La famosa carta ‘patito’ de la dirigente estatal, Rocío Reza, para no convocar a sesión del Consejo Estatal del PAN para modificar el presupuesto y devolver los 3 millones de pesos.

En una hoja de máquina, simple y sin membrete, la cartita de Rocío hecha para señalar que en su carácter del Consejo Estatal del PAN en Chihuahua, se respalda la solicitud de la renuncia a los tres milloncitos de pesos correspondiente al financiamiento público local ordinario de ese partido político durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020.

750 mil pesos mensuales, para ayudar a mitigar los estragos ocasionados por el Covid-19, mediante la reorientación que realice la Secretaria de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua al gasto del sistema estatal de Salud, en respaldo al plan emergente de apoyo y protección a la salud, empleo e ingreso familiar anunciado por el gobernador del estado de Chihuahua.

La cartita ‘patito’, así llamada en la capital, con tres míseras firmas, de Carolina Medina, Rafael Chávez y Luis Francisco Medina Alvídrez.

La presidenta del PAN no más no da una, pero seguramente querrá creer que ya se justificó y que le hace el favor al gobernador de Chihuahua.

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