Por Ciro Rivera.<>
Cuando la Suprema Corte de la Nación estableció los límites a las opiniones que emiten los diputados y senadores que ahora podrán ser juzgados por la vía civil por dañó moral, cuando sus dichos afecten a terceros han puesto en la picota a muchos boquiflojos miembros de ambas cámaras que con diatribas tratan de cubrir sus incapacidades en el ejercicio del cargo.
Prueba de ello es el caso de la senadora por Chihuahua de extracción panista, Teresa Ortuño, quien en Junio del año pasado acusó al gobernador, José Reyes Baeza , de estar ligado al narcotráfico por lo cual el ejecutivo la demando ante el Juzgado Octavo del Distrito 8 de la ciudad de México por daño moral.
En aquel entonces a principios del mes en mención la senadora panista en su visita a Chihuahua lanzó la acusación y cuando se le pregunto sobre la demanda en su contra declaró que no le quitaba el sueño y mucho menos subiría o bajaría el tono de sus declaraciones ya que en Chihuahua acababa de ser abolido el delito de difamación con la reforma jurídica.
A nueve meses de su acusación y con la disposición emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado lunes ahora la senadora panista sufre de insomnio ya que la demanda por 100 millones de pesos como reparación por daño moral se la podrían hacer efectiva suma que de ser multada con ella pasara a manos de asociaciones civiles de Chihuahua.
Con ocho votos a favor y tres en contra el tribunal determinó que de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 de la Constitución, los senadores y diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, dentro o fuera de sus recintos legislativos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
Puntualizaron que únicamente cuando solo lo hagan como parte de las funciones y actividades que la misma Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos les confiere ya que las que sean vertidas en funciones ajenas a su labor legislativa no gozan de la protección que les otorga la Carta Magna.
La inviolabilidad parlamentaria que tienen los legisladores por las opiniones que emiten es diferente a la inmunidad parlamentaria o procesal de que también gozan y que se conoce como fuero.
Del resultado jurídico que se de a la demanda interpuesta por el ex senador Manuel Barlett en contra del ex diputado y ex dirigente del PAN Germán Martínez, cuando este ultimo acuso al primero de haber promovido el fraude electoral de 1988 y de ser el responsable del crimen de Manuel Buendía en 1984 podremos presumir si la senadora Teresa Ortuño paga la indemnización monetaria por el daño moral al gobernador de Chihuahua, solo da una disculpa publica o bien no pasa nada.
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