Sergio SarmientoPor Sergio SARMIENTO./22 de Octubre./

 

Al negociar la reforma electoral de 1996 el gobierno y los legisladores tomaron la decisión –muy conveniente para ellos– de endosar a los contribuyentes los gastos de los partidos políticos y del sistema electoral. Los políticos no fueron tan honestos como para reconocer que simplemente querían despojar a los ciudadanos todo el dinero que pudieran. Justificaron la medida con el argumento de que la financiación pública evitaría que el crimen organizado tomara control de los partidos y del sistema político. Después de otras dos reformas electorales, de 2007 y 2013, el sistema que le cobra todo al contribuyente se ha mantenido.No sé a quién se le ocurrió la justificación, ni si realmente pensaba que la financiación pública de los partidos y candidatos sería un dique frente al crimen organizado. La verdad es que no lo ha sido, pero tampoco había razones para que lo fuera.

Cada vez vemos una mayor influencia de las bandas criminales en la vida política de nuestro país. Ahí está el ejemplo de José Luis Abarca, el ex presidente municipal de Iguala, a quien se acusa de haber secuestrado a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y de haberse coludido con la banda de Guerreros Unidos. También hemos visto muchos casos en Michoacán.

El que los partidos y los candidatos reciban dinero público no tendría por qué aislar a unos o a otros de la influencia del crimen organizado. A lo mucho abarataría el precio que los criminales deben cubrir por la colaboración de los políticos.

El dinero que los mexicanos pagamos para financiar a los políticos es enorme. El Instituto Nacional Electoral ha solicitado un presupuesto para 2015 de 18,572 millones de pesos, la mayor cifra de la historia. Los partidos políticos se quedarán con 5,355 millones de pesos de ese total. Por eso es tan buen negocio fundar un partido.

El argumento que se utilizó para justificar el actual esquema de financiación de los partidos ha resultado falso. El crimen domina cada vez más la política. Lo único que hemos logrado es que el dinero a los partidos entre por dos vías: el subsidio gubernamental y las aportaciones legales o ilegales de los interesados en influir o controlar a los políticos.

Las prácticas internacionales sobre financiación de partidos varían de país en país. En Estados Unidos los partidos y las campañas son financiados casi complemente con recursos privados. Unos y otras deben buscar aportaciones privadas. Este sistema tiene desventajas sin duda, pero también un beneficio enorme: los partidos no son una carga para los contribuyentes.

En Europa el erario paga el costo de partidos y campañas. En España, por ejemplo, los partidos políticos recibirán 156.4 millones de euros (2,702.6 millones en pesos) en 2015, que es año electoral, contra 84.7 millones (1,463.6 millones) de 2014 (El Mundo, 30.09.14). Pero no deja de ser interesante que un país bastante más rico que el nuestro tiene un subsidio público a los partidos significativamente menor.

Los mexicanos tomamos ya como natural un gasto de 5 mil millones de pesos en un año para partidos y campañas. Pero no tiene que ser así. Si la razón de la financiación pública era evitar que el crimen organizado entrara a la política, y hoy vemos que este fenómeno es creciente, ha llegado el momento de eliminar el subsidio.

Que los partidos políticos se rasquen con sus propias uñas y obtengan el dinero para campañas y operación de simpatizantes. Esto no impedirá que los criminales continúen corrompiendo a los políticos, pero por lo menos evitará que los contribuyentes sigamos siendo cómplices.

Cobertura se revierte

También el Financial Times advierte que el mayor problema de México es la falta de un estado de derecho. La cobertura favorable de los medios internacionales al gobierno de Peña Nieto se ha revertido ante las matanzas de Iguala y Tlatlaya.

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