Militares 2Miles de militares deberán  ser llevados a la cárcel y pagar por todas los delitos, abusos e irregularidades que han cometido en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH), afirmó el visitador especial de la Comisión Estatal de los Derecho Humanos, Gustavo de la Rosa Hickerson.

Urgió a los integrantes de la Cámara de Diputados de la XLI legislatura, a que abra la Comisión de la Verdad para enjuiciar a los militares en los operativos de Chihuahua.

-El Ejercito tiene que poner a los soldados en la cárcel-, y en ello seguiremos presionando, dijo.

De la Rosa, expresó que son miles los soldados que están implicados en alguna forma de abuso y en delitos, y esa –dijo-, es justamente la lucha que se libra en el Tribunal Militar, donde únicamente dos, de 176 expedientes que contienen las quejas sobre abusos: extorsiones, asesinatos y secuestros, han tenido cabida.

El visitador especial, comento que los únicos dos expedientes que se han abierto en el Tribunal Militar, están relacionados, uno con dos desapariciones forzosas y otra en un homicidio. “La corrupción de la delincuencia organizada aparece en la integración de las averiguaciones”.

El derechohumanista expresó que el Ejército vive una “tragedia”, por su incapacidad constitucional, legal y operativa para poder hacer investigaciones.
-Todas las declaraciones de los presuntos delincuentes ante los elementos no tienen ningún valor-, y si había forma de proteger a los delincuentes, “entonces había que hacer mal el trabajo”, dijo De la Rosa Hickerson.

Actualmente, de acuerdo a un trabajo de investigacion publicado por El Universal, únicamente se han fincado cargos en contra de 14 de 36 personas inculpadas y detenidas por el Ejército Mexicano, por su participación en 900 crímenes cometidos, y cuya captura de los responsables, -literalmente-ha sido ‘festinada’ por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua.

Por su parte el diputado local de extracción perredista Víctor Quintana, preciso que se han judicializado 60 casos, y eso ha dado como resultado que se hayan llevado pocos a la cárcel y, “se escapan”. 

Agrego que prevalece una tasa de impunidad altísima en Chihuahua, la cual ha demostrado -dijo-, que la política no es eficaz.

El visitador especial de la CEDH, comento que se han aportado pruebas y elementos “valiosos” que comprueban las acciones irregulares, los abusos y delitos del personal castrense;

…Son miles los implicados, todos, los diez mil soldados estarían vinculados, directa o indirectamente a los abusos y delitos que aquí se han registrado en contra de la población civil.

Hasta el mes de julio de 2009, habían sido documentados 176 expedientes, a los cuales se les ha dado tramite de fondo, pero los cuales, reitero, libran una lucha contra el Tribunal Militar que únicamente ha aceptado dos.

Dijo que los diputados federales de la sexagésima primera legislatura están obligados a abrir la comisión de la verdad sobre el caso del Operativo Conjunto para enjuiciar a los militares por  los abusos, “porque esa es la verdad y existe”…porque hicieron mal las investigaciones y allí se anido la corrupción de la delincuencia organizada: en la integración de las averiguaciones, que ahora han sido rechazadas en los juzgados.

La causa: pruebas “envenenadas”, malos testimonios y expedientes que fueron formados para que los delincuentes salieran de la cárcel. No hay otra explicación, dice el responsable de la CEDH.

“Estamos indignados e impotentes porque México ocupa el primer lugar en violación de los derechos humanos”, añadio.

A su vez, la activista y derechohumanista, Judith Galarza Campos dijo que desde hace un año las agrupaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron que, “esta aparente lucha, de los operativos del Ejercito en contra de la delincuencia y el narcotráfico, eran solo era una farsa”.
-No era otro cosa que el reacomodo de los grupos de narcotraficantes, ese era el objetivo-, expreso.

La secretaria ejecutiva de Fedefam en Venezuela, dijo  que el presidente de México, Felipe Calderón, en esa lucha, estaba incluyendo el combate a los grupos armados en todo el país.  Ese era el objetivo del gobierno, y nunca las autoridades de este país (México), habían querido reconocer que había movimientos armados en el país-, comento Galarza Campos.

Judith dijo categóricamente que tienen las pruebas de los crímenes que han cometidos los militares en la frontera, entre otros, el de la activista Josefina Reyes, en el Valle de Juárez, al reiterar que el Ejército es el responsable de muchos crímenes.

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