Manuel NarvaezPor Manuel NARVÁEZ./15 de Octubre./

En el país de las impunidades los muertos y desaparecidos hacen más ruido que justicia los vivos.

Los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, que no aparecen por ningún lado, representan un clavo más a la negra historia de IMPUNEMEX, donde la transa, el dejar hacer y el dejar pasar son costumbre.

Los normalistas se esfumaron, así como el vuelo MH 370 de la aerolínea Malaysia Airlines con todos sus pasajeros y tripulación. Nadie sabe, nadie supo.

Las familias de los desaparecidos aun guardan esperanzas de encontrarlos vivos; yo, sinceramente y con mucho pesar dudo que esas esperanzan se cristalicen, porque en una país como el nuestro, la mortandad por desapariciones forzadas alcanzan prácticamente el porcentaje absoluto.

Han transcurrido varios días de exigencia por parte de los familiares de los desaparecidos para que las autoridades investigadoras surtan el mismo efecto como cuando atrapan capos VIP sin disparar un solo tiro, pero las respuestas solo ensanchan la confusión y alimentan la molestia nacional y extranjera, porque el asunto ha trascendido fronteras, y la condena mundial ya hizo sentir su peso.

La suplicas de madres y padres afligidos no encuentran respuestas satisfactorias ni de la PGJ del estado de Guerrero ni de la propia PGR. Ambas instancias investigadoras han llevado las pesquisas al terreno donde siempre terminan las grandes tragedias de Impunemex: en la retórica, en la disputa por las competencias y en los señalamientos partidistas.

Hasta el día de hoy, desde la desaparición de los jóvenes normalistas solo existe la presunción de que un alcalde de extracción perredista, como muchos otros ligados al crimen organizado, entregó a un grupo delictivo a los estudiantes. El sujeto se encuentra prófugo, como muchos otros criminales de cuello blanco, mientras el prestigio del gobierno guerrerense y el de la república lamen sus propias inmundicias de tanta impunidad con la que han alfombrado a México.

El reclamo social sigue escalando, de tal suerte que al gobierno de la república le urge encontrar lo antes posible a los estudiantes, vivos o muertos, para contener el deterioro de la frágil imagen que había construido el presidente Peña en los múltiples viajes realizados al extranjero en el viejo avión presidencial.

Bajo presión, se han “descubierto” en tierra caliente muchas fosas clandestinas en las que se inhumaron ilegalmente más de 300 cadáveres; esta cifra revela el tamaño del camposanto clandestino que es el territorio nacional.

Aun cuando se han desenterrado centenares de cuerpos, ninguno pertenece al de los normalistas desaparecidos, confirma el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, después que el gobernador Guerrerense, Ángel Aguirre, se le adelantara a decir lo mismo.

Aparejado al viacrucis de los familiares de los estudiantes normalistas, la desvergonzada politiquería azteca hace su agosto, al lucrar, como siempre lo hace en las desgracias (¿verdad diputado Jáuregui Moreno?), con el dolor ajeno. En esta ocasión, porque dependiendo de qué partido gobierno tal entidad, municipio o el país, es que la enfermiza oposición toma vuelo e inmediatamente exige la crucifixión del gobernante o funcionario responsable del territorio o competencia donde sucedieron los hechos.

Tal es el caso del Partido Acción Nacional, que se aprovecha de las circunstancias de inseguridad que tienen en ruina al estado de Guerrero y la incompetencia del gobierno de la república para recuperar extensos territorios de Impunemex en manos de los narcogobiernos y de la delincuencia organizada, para solicitar (todavía no hace la petición formal en el senado de la república) la desaparición de poderes en el Guerrero.

No es que el gobernador Ángel Aguirre le sea útil a los guerrerenses, nunca les ha servido, ni la primera vez que fue gobernador interino bajo las siglas del PRI, sino que sustituirlo a tan solo unos cuantos meses de la elección constitucional, resultaría más perjudicial relevarlo; además, cambiarlo no significa que aparezcan por arte de magia los normalistas, ni que la tranquilidad regrese por decreto al estado, para muestra basta mirar a Michoacán, donde el presidente Peña Nieto sustituyó al gobernador Fausto Vallejo, que siendo de su mismo partido, le resultó fácil destituirlo, mejor para ambos al corroborarse que el hijo de éste mantenía nexos con el criminal más temido de esa entidad. El comisionado enviado por presidencia ha resultado ser más parte del problema que interlocutor fiable para apaciguar tierras michoacanas.

En resumidas cuentas, la tragicomedia de estos días en Impunemex tienen afligidas a 43 familias mexicanas que lloran la desaparición forzada de sus hijos; esto como consecuencia de que el ESTADO MEXICANO ha sido incapaz de contener el avance de los narcogobiernos, incapaz de garantizar la paz a todos sus habitantes, incapaz de construir un Estado de Derecho, pero sí consecuente y cómplice del debilitamiento de la instituciones de justicia y del imperio de la ley.

En Impunemex se gobierna bajo la premisa de que cualquiera puede hacerse millonario a costa del erario, sea como gobernante (presidente de México, gobernador, alcalde o regidor), como miembro del poder Judicial (jueces, magistrados o ministros) o del poder legislativo (Diputados locales y federales, y senadores).

Es Impunemex es tan fácil organizar un partido político, pertenecer a él y negociar cualquier cosa sin rendir cuentas a nadie más que no pertenezca a la oligarquía; en tierra azteca la justicia es para ellos, y para los jodidos la aplicación de la Ley.

P.D. El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray advierte que la inseguridad puede afectar las inversiones futuras en el país. ¿Será este un pretexto de que las profundísimas reformas no van a apuntalar el crecimiento económico en el corto y mediano plazo?, o ¿acaso será un coscorrón disfrazado al Secretario de Gobernación?.

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