aUTOSCIUDAD JUAREZ.- En plena alerta se encuentran miles de vendedores de autos usados ante el sometimiento e impune actividad de los dueños de amparos para la legalización de los automotores, comercio que corre el riesgo de tornarse un caos por la amenaza latente de la perdida de su patrimonio y el desinterés del gobierno federal para respetar al Tratado de Libre Comercio.

Varados se encuentran en la vecina ciudad más de dos mil unidades que no han podido ser importadas y cuyos costos para su importación ya fueron cubiertos a quienes ostentan estos amparos, cuyas oficinas provenientes de Mexicali, Baja California, ahora niegan regresar más de un millón y medio de dólares como de igual forma la documentación respectiva para ello.

Con un retraso de más de un mes para hacer entrega de dicha documentación y poder importar las unidades de estos vendedores, los dueños de estos amparos, principalmente, los correspondientes a la firma denominada Única, ya amago con descontar un monto de 150 dólares, por cada uno de los trámites que demanden los interesados la devolución de los documentos y el pago.

Dadas las respuestas y la voracidad con que operan en dicha empresa importadora de vehículos los interesados que se encuentran siendo afectados con las políticas trazadas para la importación de los automóviles, los comerciantes han propuesto tomar las oficinas de dicha compañía para exigir la regularización de sus unidades o en su defecto al retorno de los dineros y documentación respectiva.

Pero entre los comerciantes importadores de las unidades motrices, existe el temor de que dicha compañía abandone esta frontera generándoles una perdida económica de cerca de los dos millones de dólares, por lo que se encuentran buscando ya la asesoría legal para evitar cualesquier perdida.

Diferentes organizaciones de vendedores de autos ya están pensando incluso en promover la denuncia ante las autoridades federales y del fuero común por el delito de fraude y lo que resulte, en contra de dichos propietarios de amparos quienes por años han estado operando en la impunidad gracias al desinterés y presunta protección de funcionarios del gobierno federal hacia quienes operan esta actividad.

Los operadores de los amparos han establecido su “juego de pelota” culpando de la situación a la política trazada por la Aduana Fronteriza, mientras que la segunda asegura que dadas las políticas fiscales muchos de ellos pretenden seguir evadiendo el fisco y subvaluando mercancía.

De igual forma propietarios de unidades que fueron decomisadas por la Aduana en el cruce de San Jerónimo en agosto pasado, -120-, indicaron que las acciones fraudulentas de las comercializadoras de Caléxico, California, los obliga a exigir el pago de sus bienes ya que ellos fueron importadores de buena fe y como hecho es que llegaron al punto de revisión fiscal.

Con esta medida se les finco cargos por evasión fiscal a los tenedores de estas unidades debido a la subvaluación de la mercancía de cuyo acto buscaran que respondan los Agentes Aduanales que tramitaron estas importaciones ya que son por ley corresponsables solidarios de sus clientes.

Las autoridades hacendarias al no respetar el TELECAN promueven los amparos y ponen a merced de las agencias de autos nuevos el mercando de las unidades en la frontera norte del país, ante la falta de un programa adecuado que venga a normar y dar formalidad a este comercio.

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