Reporte Especial / Mario Héctor Silva./

CIUDAD JUAREZ.– Los empresarios de Ciudad Juárez y Monterrey se cansaron de pagar la “cuota” al amparo de una presunta “permisividad” de las instituciones bancarias, de cobros de 1,100 y 1,200 pesos más IVA, en cada una de las transacciones de depósito (cuota de peaje) a las compañías SEPSA; Servicio Panamericano de Protección;  Tecnoval, Regio Traslados y Security Tech, que han amasado millones de pesos, producto de una práctica irregular cada vez más creciente, que se ha extendido a diferentes partes del país, y principalmente a las ciudades del norte del país.

En Tijuana, los hombres de negocios se defienden de esa imposición, y han formado un bloque de empresas “chicas”, dijo José Luis Santos Alanís, propietario de la empresa Traslado de Bienes.

Los empresarios que han tenido que enfrentar extorsiones y secuestros de la delincuencia organizada, consideraron que es un abuso el que se pretenda imponer “cuotas” no previstas, ni acordadas con los bancos por el depósito de los recursos de sus clientes.
Mientras tanto la delegación de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), receptora de las denuncias en Ciudad Juárez se declaró incompetente para resolver el caso.

Entrevistados, los afectados aseguran que esas compañías incluso han incurrido no solamente en prácticas monopólicas, consideradas ilegales por las regulaciones del Banco de México (Circular 22/2010) , sino que también han intentado “presionar” e imponer condiciones para condicionar los servicios de las diferentes instituciones bancarias con las cuales operan.

Calos Patricio Aldana, asesor de la empresa For & Tec Technologist Traslado de Valores S.A. de C.V., denunció que esa empresa dedicada al traslado de valores desde hace ocho años, ha visto con preocupación los “intereses mezquinos que están enfocados y directos a desaparecer nuestra empresa”.

Se trata de una competencia desleal que apoya la constitución de los monopolios que están prohibidos en el país, dijo.
Aldana señaló que una de esas prácticas consiste en que, desde que se impuso el cobro de un mil 100 pesos más IVA, notificado por las empresas de Servicios Panamericano y Regio Traslados para el caso de Ciudad Juárez, “los bancos con los cuales nuestros clientes tienen contrato, no nos reciben los depósitos de valores trasladados”.

Denunció que esto obedece a una presión que las empresas de traslado de valores ejercen sobre las instituciones, o bien se trata de una “confabulación” para manipular el manejo de la caja general para efectuar los depósitos.

Gonzalo Mota, director general y propietario de For & Tec Technologist, dijo que se están generando varios problemas de operaciones financieras con empresas del norte del país que están sufriendo las repercusiones, entre las que se incluye a las empresas Auto Pronto S.A de C.V; Grupo Rapi Gas S.A de C.V,; Servicios Fuentes S.A. de C.V;  Gasolineras 3 Hermanos; Grupo Gocalvi S.A de C.V; Periódico El Diario; Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez y Frontser Internacional S.A de C.V. que agrupan a más de 79 empresas en esta parte del país.

José Luis Xochipa, de Monterrey, Nuevo León, propietario de Servicios de Apoyo Metropolitano (SAM) dijo que en Nuevo León las compañas de Servicio Panamericano (SEPSA), Security Tech; Regio Traslados y Tecnovalores, asociados a GSI, están afiliadas a Canacar, desde donde comenzó la presión en un intento por afiliarlos.

“Cuando entramos nos invitaron a que nos afiliáramos a la Cámara”, y desde entonces empezaron todas las presiones para las empresas, al grado de que aquí (Monterrey) pagamos 1,200 pesos más IVA a diferencia de la cantidad de mil 100 pesos más IVA que están pidiendo para las empresas en Ciudad Juárez, dijo Xochipa.

El empresario comentó que mes a mes, su compañía está pagando hasta 96 mil pesos “por peaje” como pago a fin de que pueda establecerse el servicio de caja a favor de los clientes que inicialmente contrataron los servicios con las instituciones bancarias.

Según las denuncias de los afectados en el norte del país, los bancos que están asociados con las empresas consideradas ‘grandes’ en el traslado de los valores, son Banamex; Bancomer; Serfin y Banorte.

Mientras tanto en Tijuana, Baja California, José Luis Santos Alanís, propietario de la empresa Traslado de Bienes, dijo que desde hace años existen presiones por parte de las empresas de Traslado de Valores para que se pague una “cuota” por el uso de los servicios de caja y de protección del dinero.

Sin embargo en aquella frontera, las compañías no han podido imponer sus condiciones, debido a que cuatro empresas “chicas” –como la nuestra- se han solidarizado, y “hemos impedido la imposición de ese tipo de cobros”.

-¿Qué significa que ellos han hecho intentos?. ¿Qué quiere decir?.

– Que nos han informado y advertido que nos van a cobrar, y es entonces cuando hemos reaccionad y cabildeado para evitar que esto suceda. –Ellos saben que aplicar y aceptar este tipo de cobros tiene que impactar a nuestros clientes y no lo vamos a permitir-, dijo en entrevista Telefónica desde la frontera de Tijuana.

Circular de BM, letra muerta.

De acuerdo a las disposiciones contenidas en la última circular del Banco de México 22/2010 que regula las disposiciones de carácter general que establece prohibiciones y límites al cobro de comisiones, que entró en vigencia el pasado 27 de julio de este año, el BM asegura que durante los últimos años el H. Congreso de la Unión  ha aprobado diversas iniciativas de reforma a las leyes financieras “para incrementar la transparencia y promover la competencia, así como para fomentar la inclusión de la población de menores recursos al sistema financiero y proteger a los usuarios de los servicios financieros”.

El 25 de mayo de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante el cual se reforma, entre otras, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

“Una de las preocupaciones de los legisladores ha sido el costo de las comisiones  que pagan los clientes por utilizar los servicios financieros, por lo que en dichas reformas se fortaleció la facultad del Banco de México de regular comisiones, su registro y su transparencia de cobro.
El inciso “c” de la circular 22/2010, señala textualmente en una de las consideraciones del BM: “Que se elimine en materia de comisiones cualquier practica que inhiba u obstaculice la libre competencia en beneficio de los consumidores, y añade en el “d” que la regulación sobre comisiones procure en todo momento el justo balance entre ;la protección de los derechos de los usuarios y la preservación de márgenes de beneficio competitivos…de forma que no se inhiba la oferta de servicios financieros, ya que no hay servicio mas oneroso para el público que aquel que deja de prestarse”.

La Presión de las Compañías.

El 16 de febrero de 2010, la empresa Servicio Panamericano de Protección S.A. de C.V, considerado uno de los ‘gigantes’ en el traslado de valores y dinero, asociada en las operaciones de caja general y traslado de valores con Banamex y Bancomer,  empezó a notificar a sus clientes en Ciudad Juárez el cobro de la llamada “cuota”.

“Por disposición de nuestra empresa, a partir del día 22 de febrero del año en curso el ingreso  a nuestra área de transfer para las operaciones de entrega y recepción de valores, para empresas de traslado de valores no reguladas por la CANACAR, tendrá un  costo de un mil cien pesos más IVA, el cual se manejará con guías pre-pagadas, que deberán ser solicitadas con anticipación en nuestras oficinas”, dijo en el oficio enviado a las empresas y negocios, el gerente de la sucursal Ciudad Juárez, Arturo Munguía López.

La mecánica establecida por la compañía Servicio Panamericano de Protección S.A de C.V, era que “a la llegada a nuestras instalaciones, el personal se reportará en nuestra área de control de accesos e informará el número de folio de la guía y al momento de ingresar al recinto, entregará la guía al personal de bóveda que atienda su operación”.

Sin contratos de adhesión o notificación de las instituciones bancarias a sus clientes, que dieran cuenta de la petición de los cobros por el uso de la caja, las empresas dedicadas al traslado y protección de valores, contratadas por los bancos decidieron generalizar los cobros.
Gonzalo Mota dijo que una y otra vez, con diferentes argumentos, el Servicio Panamericano estableció las condiciones.

El 3 de marzo, en otro de los oficios de notificación, de Panamericano a las empresas y negocios dijo: “Me permito informarle que ante la necesidad de mantener condiciones de logística y de operación aceptables para nuestra organización y por disposiciones de seguridad en las áreas de recepción y manejo de valores,  a partir del 8 de marzo de 2010, cada unidad que ingrese a nuestras instalaciones deberá presentar una guía de peaje la cual tendrá un costo de “$ 1,100.00 más IVA, de no ser así no se le permitirá el acceso”.

La misma operación fue también seguida como “modelo” por parte de Regio Traslados que el 8 de marzo, presentó sus propios argumentos: “que debido a los altos costos operativos y de seguridad para el proceso y resguardo de valores, a partir del 15 de marzo, cada unidad blindada que se presente a recoger o entregar valores a nuestras instalaciones, deberá presentar previamente una guía de peaje expedida por Regio Traslados S.A. de C.V., de lo contrario se le negara el acceso al transfer de recepción”.

Sin embargo cuatro días después, el 12 de marzo de 2010, las empresas como For & Tec Technologist Traslado de Valores y centenares de negocios y empresas clientes de las instituciones bancarias recibieron una contraorden de Regio Traslados: “Por medio de la presente me permito informarle que el comunicado que se le hizo llegar con  fecha de 8 de marzo, y que entraría en vigor a partir del 15 de marzo queda sin efecto, atendiendo a las instrucciones de Banorte”.

Según el oficio de Regio, se postergaba la fecha de aplicación de esta medida, para el próximo 12 de abril, bajo los mismos términos y condiciones, firmó el gerente general de Regio Traslados, Vinicio Ruíz Sánchez.

Y SEPSA (Seguridad Privada S.A de C.V.) el 5 de marzo extendió su propia circular de notificación. El argumento diferente a los originados por las otras empresas, aunque el objetivo el mismo: el cobro de la cuota.

“Derivado al alto costo en infraestructura de equipos de seguridad e instalaciones, así como en el recurso humano, para el manejo, proceso y resguardo de valores de nuestros clientes…”.

Aunque a diferencia de las otras compañías, SEPSA también solicitaba para la prestación del servicio copias de credencial de elector; de alta en el Seguro Social; licencias de manejo; de portación de armas de fuego y de las aseguradoras de las unidades blindadas.  El oficio fue firmado por el Gerente de SEPSA Juárez, Sergio Adán Ceniceros Villalobos.

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