Centro de Derechos Humanos del Migrante, A.C.
El pasado 9 de septiembre de 2010, el Senado de la República aprobó con 81 votos un decreto que adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 67 y una fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población, estableciendo que:
No se podrá negar o restringir a los extranjeros o extranjeras, cualquiera que sea su situación migratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los niveles (Municipal, Estatal y Federal).
Se estatuye que éstos tendrán derecho a ser auxiliados o auxiliadas en el caso de desastres, así como a recibir la atención médica que requieran en enfermedades o accidentes que pongan en riesgo su vida, independientemente de su situación migratoria.
Se sancionará a los servidores públicos encargados de la aplicación de la Ley de Población, con suspensión del empleo hasta por treinta días o incluso destitución, cuando cometan actos u omisiones que violen los derechos humanos de las personas.
Además se adicionó un artículo tercero transitorio en el cual se establece que la Cámara de Diputados asignará en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, los recursos presupuestarios necesarios para cumplir cabalmente con la obligación impuesta por el artículo 67 de la Ley General de Población. Lo anterior para garantizar los recursos presupuestarios que se requerirán, para cumplir a cabalidad con los compromisos derivados de las reformas aprobadas.
La reforma tuvo su origen en tres iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios del PRD, PVEM, y PRI desde al año pasado. Cabe mencionar que las reformas serán vigentes hasta que el Poder Ejecutivo las promulgue, es decir que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Por lo anterior, el Centro de Derechos Humanos del Migrante, considera que esta reforma es un pequeño avance en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México en materia de protección de los y las migrantes, ya que sólo hace efectivos los derechos más fundamentales del extranjero o extranjera que ya estaban previstos en nuestra Constitución Federal y en diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pero que no eran respetados. Nuestro máximo ordenamiento establece en su artículo primero, que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuó gozará de las garantías que tal ordenanza dispone, señalando a la vez, que queda prohibida toda discriminación -entre otras, por origen nacional- que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular y menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Esperamos que la reforma no sea únicamente una respuesta política a la lamentable masacre de San Fernando, Tamaulipas, sino que sea el inicio de un trabajo de los poderes legislativo y ejecutivo serio, tendiente a crear una verdadera política de Estado comprometida en la protección de todos los derechos de los y las migrantes, a fin de no seguir remendando una ley que está vigente desde la década de los 70´s.
Es urgente que la reforma se promulgue de inmediato por el Presidente de la República, ya que mientras no sea vigente, las autoridades que en ejercicio de su función tengan contacto con algún extranjero o extranjera, están obligadas a ponerlos de inmediato a disposición del Instituto Nacional de Migración, o de lo contrario, serán acreedores a una multa de hasta 5 mil pesos o incluso enfrentar su destitución. Es decir que un migrante indocumentado puede ser deportado por pedir ayuda médica, denunciar un delito o incluso por cometer una infracción de vialidad.

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