Más de dos se irán para atrás, cuando surjan oficialmente los nombres de los protagonistas de la sucesión política…

TORRE FUERTE

*Candidatus ‘habemus’, hasta febrero…

*Reclamos a Carso, por Gasoducto Samalayuca

*La Mesa de Seguridad, la mesa de amigos

*Dizque pa’la campaña del señor Fiscal

*Chihuahua ingobernable, sin parangón, crisis del agua

 

Candidatus ‘habemus’, hasta febrero de 2021 /

En un proceso de sucesión política, de pronóstico reservado, donde la mayoría de los ciudadanos, de acuerdo a las diferentes encuestas y sondeos no han manifestado preferencia de partido o candidato, transcurrirán poco más de cinco meses -incluido el mes de la ‘patria’-, para que conocer con certeza, quiénes y cómo ‘jugarán’ los diferentes protagonistas a la candidatura del gobierno del estado de Chihuahua 2021.

Y si por la víspera se sacan los días, será por los primeros días del mes de febrero cuando haya candidatos.

La elección a gobernador el próximo año sigue convertido en un auténtico ‘volado’, por la enorme masa de votantes que no han definido su participación y orientación hacia alguno de los posibles participantes de la sucesión política y relevo del gobierno del panista, Javier Corral Jurado. Amén de las sorpresivas alianzas que vienen.

Llega pronto el próximo mes de diciembre y los estertores que sacudirán a los partidos y a los gobiernos, para conocer quiénes de los que gobiernan en los diferentes municipios de la entidad, preparan licencias y renuncias a los gobiernos para contender en la disputa político-electoral, que tiene a media docena de suspirantes en stand by, y que quieren figurar en las boletas de la elección de junio venidero.

Y en esa lista se anticipan y han levantado la mano, los tres alcaldes de las principales ciudades de la entidad: por Chihuahua, la alcaldesa María Eugenia Campos, por Juárez el Independiente, Armando Cabada Alvídrez y por Parral, el otro Independiente, Alfredo, el ‘Caballo’ Lozoya, que deberán alistar su salida de los gobiernos, como parte de los requisitos que exige la ley electoral, fuera de cualquier cargo público, seis meses antes de la elección del próximo año.

Y según las cuentas y pronósticos, amarres y alianzas de los partidos políticos en Chihuahua, deberán hacer lo mismo, concerniente a la elección  local y a la búsqueda de la gubernatura, los senadores y diputados federales que busquen participar en la elección de poderes en el estado, donde cuando menos dos senadores: Cruz Pérez Cuéllar por Morena y Gustavo Madero Muñoz por el PAN, aparecen en la carrera por la sucesión del gobierno estatal. Y sin dejar fuera las posibilidades remotas que tendría, por igual en materia de género, la senadora Bertha Caraveo, que le podría disputar la candidatura como mujer, a la también aspirante Carmen Almeida.

También deberán preparar su salida del gobierno, todos aquellos actores del gobierno federal con responsabilidad en la administración pública, y entre los que aparece el delegado del gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa y el Consejero de Pemex, Rafael Espino de la Peña, ambos precandidatos del partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una elección sui géneris y de pronóstico reservado, con alta carga de emotividad para una gran parte de la población que está inconforme con los gobiernos, los partidos y los políticos.

Nadie se escapa del escrutinio público y del verdadero referéndum que resultará  la elección constitucional de junio de 2021.

Por lo pronto, siguen vivos en el entramado de la política varios de los suspirantes que hoy ostentan el poder público.

La alcaldesa de la capital del PAN, Maru Campos tiene el apoyo de la militancia, pero no del gobernador de Chihuahua. Una ‘fruta’ apetecible para cualquiera de los partidos políticos con registro para contender en Chihuahua.

Especialmente para  Movimiento Ciudadano (MC) que sigue a la ‘caza’ de la alcaldesa capitalina y el rompimiento político con el gobernador de Chihuahua, a quien buscaría como primera opción para sus intereses de crecimiento en la entidad, y luego vienen:

Los alcaldes independientes de Juárez y de Parral, Armando Cabada y Alfredo, el ‘Caballo’ Lozoya, con gestiones y resultados de gobierno diametralmente distintos, que se disputan por igual, los afectos del partido de Movimiento Ciudadano, y hasta del gobernador Javier Corral Jurado, como parte de un plan político diseñado que, hipotéticamente, les permitiría, convertirse en el anhelado plan ‘B’ o posiblemente hasta ‘C’ del gobernador, de una elección que seguramente sacará chispas en la batalla por la sucesión.

El ejemplo más claro de que nada definido existe para nadie, son los escarceos y presunciones de los protagonistas. Armando Cabada Alvídrez que presumió en su informe de gobierno que lo habría invitado un partido político –el de MC-, para que fuera su candidato en la elección de 2021.

Alfredo ‘El Caballo’ Lozoya, que hace un par de días, con la visita de los gobernadores que se han rebelado a la Conferencia Nacional de Gobernador (Conago), atendió personalmente la agenda del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, surgido también de MC, y amigo del líder nacional de ese partido, el senador Dante Delgado Ranauro;

Y el empresario Alejandro Díaz, delegado de la Organización Mundial por la Paz (OMPP) en la frontera, quien con menos cartel político y recursos, estuvo en la capital con Clemente Castañeda, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, por encargo del Senador, y presumiendo que las cosas caminan sobre ruedas para una candidatura en Chihuahua.

En el PAN y en el PRI, las cosas no son nada distintas. Se advierten sorpresas y alianzas políticas entre ambos y con otros, para disputarle las posibilidades al arrollador partido del Presidente de México en las elecciones de 2018.  La nominación de sus candidatos está todavía muy lejana.

Pero ya se habla de mujeres en la sucesión, producto de posibles alianzas políticas; de las empresarias Alejandra de la Vega para la candidatura al gobierno de Chihuahua, hasta hoy impensable, y del amarre que tendría como futura y segura abanderada del PRI y del PAN para Ciudad Juárez, Adriana Fuentes Téllez.

La elección de 2021, donde también se elegirá a los diputados federales que representarán a Chihuahua en San Lázaro, tiene un sesgo distinto, histórico y de pronóstico reservado.

Más de dos se irán para atrás, cuando surjan los nombres de los protagonistas de la sucesión política.

 

Reclamos a Carso, por Gasoducto Samalayuca /

Se le apareció el diablo a los enviados del Grupo Carso que participaron en la construcción, equipamiento, instalación, operación y mantenimiento del gasoducto Samalayuca- Sásabe, por el cual hay una demanda en puerta por la afectación de cerca de 7 millones de dólares a un grupo de empresas y proveedores que fueron subcontratados, y con quien no se ha cumplido los acuerdos.

El grupo de empresas, de Chihuahua y de Nuevo León, entre las que aparece la comercializadora, ROST S de RL de CV, propiedad de Rodrigo Stanley, está lista para promover un amparo, que evitaría la posible entrega de la obra del gasoducto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El amparo posibilitaría en los hechos, la ejecución de un embargo precautorio a la mega obra construida por la empresa ‘estrella’ de la construcción de Carlos Slim, ante el incumplimiento de los subcontratos y apoyos a empresas que han participado en los trabajos del gasoducto desde hace cinco años.

Pero además, de las empresas, Carso también incumplió con compromisos sociales con los ejidatarios de Samalayuca, por lo que el proyecto del gasoducto podría enfrentar problemas legales.

Stanley dijo que Carso no contesta las demandas, ni la exigencia de los acuerdos desde el inicio de la pandemia, lo que ha complicado las negociaciones y piden ahora el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió acabar con la corrupción de las grandes empresas privadas que tienen hoy participación de obras y concesiones con el gobierno federal.

Al menos en el norte de Chihuahua, Carso está siendo señalada como la responsable de ocasionar severos problemas y afectaciones a empresas menores, incluido a comuneros de la región de Samalayuca, a quienes tampoco se ha cumplido con el pago por las extensiones de tierra por donde cruza el gasoducto a lo largo de varios kilómetros.

Como colofón, Rodrigo Stanley dijo tener pruebas documentales de que Carso utiliza facturas hechizas y apócrifas para evadir impuestos al gobierno mexicano.

En los expedientes, aparecen órdenes de pago que están pendientes y que no se pagan por parte de la empresa constrictora desde 2017, por lo que los empresarios demandantes, creen que hay serios problemas de corrupción al interior de la empresa del magnate mexicano.

Por lo anterior, las empresas de Chihuahua y Nuevo León, han constituido el ‘Frente Social de Empresas Defraudadas por Grupo Carso’, que tiene en la frontera norte, la punta del ‘iceberg’ de los problemas internos que  enfrentaría Carso en todo el país.

Stanley asegura que no se podrá entregar la obra de los gasoductos Samalayuca-Sásabe a la CFE por incumplimiento y fraude, y por si acaso, preparan la ofensiva legal y el amparo, a favor de las empresas y proveedores subcontratados por el llamado ‘gigante’ de la construcción en México.

 

La Mesa de Seguridad, la mesa de amigos /

De la mano del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que permitió que la Mesa de Seguridad y Justicia para Ciudad Juárez (MSJCJ) se convirtiera en una mesa de la ‘socialité’, la agrupación en la que participan diversos empresarios, se ha convertido en un ente político para los objetivos del gobierno de Chihuahua.

La multicitada cifra de homicidios dolosos que supera desde hace buen rato los ocho mil casos en el estado, con un promedio que ha llegado hasta los 60 muertos por cada cien mil habitantes, ha exhibido el pobre trabajo de la Mesa de Seguridad que encabeza en Ciudad Juárez, Isabel Sánchez y el nulo desempeño y trabajo del flamante Consejero Nacional de Seguridad, Jorge Contreras Fornelli, a quien el podercillo de representatividad política y su cercanía con el secretario de Seguridad Publica, Alfonso Durazo Montaño, lo trae perdido.

Los enterados de los entuertos, esos que nunca faltan en torno al quehacer de la Mesa de Seguridad, aseguran que la coordinación de Isabel Sánchez es “espuria” y extemporánea. Sigue impuesta, y nadie se preocupó siquiera por su ratificación al interior de ese organismo de seguridad, que se ha convertido en auténtico apéndice del gobierno estatal.

Siguen sentados en la Mesa de Seguridad, algunos hombres y mujeres ‘activos’ que siguen sin trabajar, y hasta personajes que tienen el don de la ubicuidad como el presidente de Canaco, Rogelio González Alcocer, a quien lo único que le preocupa es, invitar a cenar a todos y cada uno de los jefes policiacos en turno de la ciudad. Y es que su historia y su pasado, que sería parte de otra entrega especial, está ligado, muy ligado a la herencia de poder financiero y de los delicados asuntos relacionados con el crimen en Juárez.

La ‘mesa de amigos’ del gobernador, es la que garantiza la consecución de los objetivos políticos del mandatario Javier Corral.

Y que ironía, a la mayoría de los casi 30 empresarios, algunos activos y otros fuera, que participan en la Mesa de Seguridad, la que más le aplaude al gobernador –como en los tiempos de César Duarte-, les importa un soberano pito la seguridad.

Los efectos colaterales de su ineficiencia e incapacidad para asumir la responsabilidad en los temas relacionados con la seguridad, han sido “terribles”, dijo una de las fuentes consultadas, que prefirió que se omitiera su nombre.

La Mesa de Seguridad y Justicia para Ciudad Juárez se alejó de las causas sociales, que originalmente la movieron a promover acciones en favor de los juarenses. Y ya pasaron diez años. No queda nada.

Dicen que la mesa de seguridad, no es una mesa de Juárez, ni para los intereses de Juárez, sino una “mesa de amigos”, que empuja hacia la política.

Una mesa de la ‘socialité’, que responde a los intereses del gobierno estatal, y que se cuelga de esporádicas acciones del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), que también tiene su propia historia.

 

Dizque pa’la campaña del señor Fiscal /

Se lo cuento en corto. Los estatales del famoso CES, la Comisión Estatal de Seguridad, que se supone se independizo de la Fiscalía General del Estado, siguen activos y recolectando para la campana política del Fiscal, César Augusto Peniche Espejel.

Las denuncias sobre viles atracos de los policías estatales, que van desde los cinco y hasta los diez mil pesos, según el modelo, y de acuerdo el sapo, la pedrada, a los tenedores de autos irregulares –entiéndase chocolates-, se la endilgan a César Peniche, diciéndole a la gente que tienen que cooperar con la campana política del Fiscal General.

Ese es el chingadazo para no consignar los muchos vehículos que son decomisados temporalmente a los automovilistas que siguen siendo sorprendidos por los polizontes del CES, y a quienes se los regresan si se ponen con la famosa y socorrida práctica de la extorsión.

Que al cabo, y dicen, el dinero va pa’ la campaña política del Fiscal General. Y no hay mejor pretexto para engañar a incautos.

Los estatales andan con todo, robando y desacreditando por todos lados a Don César Peniche.

 

Chihuahua ingobernable, sin parangón, la crisis del agua /

El estallido de violencia y crisis que se ha generado desde hace semanas en torno a la guerra del agua, y la batalla por la defensa de las presas y del vital líquido en el Distrito de Riego 05, tiene radicalizados al gobierno y a los comuneros y hombres del campo.

Ayer, la épica batalla en la presa de la ‘Boquilla’, que presuntamente habría terminado con el asesinato de una pareja que habría sido alcanzada por camionetas de la Guardia Nacional (GN), puso un apartado sin parangón en la historia de lucha de los agricultores de Chihuahua.

La culpa, dicen, la tienen el presidente Andrés Manuel López Obrador, a nivel nacional, porque sigue sacando el agua, y en Chihuahua, la responsabilidad es del gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que no ha dado color. Es un gobernador pusilánime en medio de la crisis política.

Producto de todo ello, los detractores hacen buena leña del árbol caído.

Pero nadie atina por ahora, a una resolución de fondo en la grave crisis por la batalla del agua en las presas de Chihuahua.

Hay muertos, testigos y una historia para contar. El gobernador ya amenazó con un pronunciamiento, por lo que se espera que el ‘súperdelegado’ del gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, al igual que el presidente de México, en momentos álgidos, tenga “otros datos”.

Por lo pronto Chihuahua se ha tornado en un infierno y en un estado ‘ingobernable’.

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