CrucesPor Ignacio Alvarado y Evangelina Hernandez, enviados de El Universal.

CIUDAD JUÁREZ, Chih.— Los casos de tortura, desaparición forzada y asesinato que involucran a militares y policías federales no han terminado en esta ciudad, y se suman a los de extorsión y secuestro denunciados el domingo por empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil que marcharon para exigir un cambio profundo en la estrategia de combate al crimen organizado, publico hoy El Universal en su periodico digital.

“La situación sigue siendo extremadamente grave y para ser realistas no veo signos de buena voluntad por parte de las autoridades militares ni de los gobiernos federal y del estado”, dice Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien tomó parte de la marcha Solución para Juárez.

El visitador de la CEDH despacha desde su exilio en Texas tras haber sido amenazado de muerte en múltiples ocasiones por revelar informes que implicaban a fuerzas federales en desapariciones, torturas y asesinatos, y después de que uno de sus escoltas fue detenido y torturado por elementos del Ejército en agosto pasado.

Los actos criminales atribuidos a elementos de las fuerzas federales se triplicaron desde el año pasado en esta frontera, de acuerdo con informes de Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Lo lamentable es que no vemos que hayan mejorado las condiciones de seguridad pública”.

La CNDH emitió hasta noviembre 20 recomendaciones a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y a la de Seguridad Pública (SSP), un porcentaje mínimo respecto al cúmulo de crímenes documentados por organizaciones civiles, cámaras empresariales, colegios de abogados y la CEDH durante los 21 meses transcurridos desde iniciado el Operativo Conjunto Chihuahua.

En 2008, del 31 de marzo hasta el 31 de diciembre, el organismo manejó expedientes en 160 casos de tortura y desaparición forzada. Este año, hasta septiembre en que debió huir ante las amenazas, De la Rosa, en conjunto con la Oficina Municipal de Quejas, recibió 725 denuncias, que incluyeron homicidios.

El 31 de julio, el visitador intentó —mediante un intermediario— enviarle copia de expedientes a mandos castrenses fuera de la quinta zona militar, a la que corresponde Chihuahua. El documento fue interceptado por oficiales a cargo de la Operación Conjunta y tras ello el nivel de las amenazas recrudeció. De la Rosa debió huir del país en septiembre, horas después de que fue acribillado el escolta que le asignó la Procuraduría estatal.

“No tengo indicios de que lo hayan asesinado como consecuencia de todo esto, pero de cualquier manera ya era demasiada la presión en contra”.

Parte del listado que finalmente pudo hacer llegar a oficiales de alto rango del Ejército (el visitador rechaza identificarlos) fue entregado a EL UNIVERSAL el fin de semana.

La lista refiere 39 expedientes, cuatro por tortura, 14 por desaparición forzada y el resto por homicidio. En ocho casos existe identificación de los responsables y en otros ocho indicios para establecer al autor intelectual.

De un total de 170 expedientes entregados a los mandos castrenses durante una reunión privada en Torreón, Coahuila, a finales de noviembre, sólo uno ameritó el inicio de una investigación de la Procuraduría de Justicia Militar, dice el visitador de la CEDH.

“Es un pequeño logro, muy pequeñito para el tamaño de lo que sucede, pero un logro al fin. Y si realmente siguen a fondo lo que menciona ese expediente, muchos (militares) irán al bote”.

Mantener tal compromiso no es fácil ni para él ni para el resto de los activistas de la ciudad fronteriza.

En los primeros meses del Operativo Conjunto Chihuahua, Cipriana Jurado, presidenta de la organización Movimiento Obrero, fue arrestada sin orden judicial por agentes federales que la esperaban afuera de su casa. Se le acusó de un delito viejo: haber tomado parte en el bloqueo de un cruce internacional año y medio atrás.

Jurado fue liberada en pocas horas, después de que intervino a su favor un diputado local y la procuradora de Chihuahua, Patricia González, además de académicos, políticos y activistas.

El 23 de noviembre, Cipriana Jurado sostuvo en un foro público que la desaparición forzada y la tortura cometidos por militares y federales siguen vigentes en colonias populares, donde reside la inmensa mayoría de jóvenes sin escuela ni empleo remunerado.

Commentarios

Leave a Comment

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: