Violencia vs MujeresOrganizaciones civiles y defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres, aseguraron que la cifra de mujeres que han sido hostigadas y violentadas sexualmente en Chihuahua, aumento también en la guerra que desde 2008, se libra contra el narcotráfico, dio a conocer el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).

Luz Estela Castro, directora del centro, precisó que mientras en el 2007 apenas se recibieron tres quejas contra militares por violaciones a los derechos humanos, esa cifra -donde las víctimas fueron exclusivamente mujeres-, aumento a 88 y a 78 durante 2008 y 2009, respectivamente en el total de 311 quejas documentadas por abusos en contra de la población en general. -Las quejas fueron formuladas por mujeres-.

La CEDEHM asegura conocer cuando menos 12 casos de mujeres, que fueron víctimas de violaciones sexuales “tumultarias”, perpetradas por hombres armados en Chihuahua, entre 2008 y 2009.

La derechohumanista dijo que las organizaciones civiles de Chihuahua y de Washington, han presentado un memorándum para denunciar la violencia contra las mujeres, la cual se ha incrementado en los últimos tres años, “a partir de la lucha contra el narcotráfico”.

Lucha Castro dijo que se pretende mostrar la “incapacidad” del gobierno mexicano para rendir cuentas sobre las acciones de sus fuerzas armadas.
El CEDEHM, reporto que la violencia se recrudeció con la presencia del Operativo Conjunto Chihuahua, cuando llegaron más de ocho mil efectivos federales, entre militares y policías.

En esta frontera, existen centenares de mujeres que por miedo y temor a represalias o a ser víctimas de alguna acción, no han presentado quejas por abusos de los policías y soldados.  -Juárez se ha caracterizado por el miedo y ello ha impedido que algunas mujeres víctimas de las violencia denuncien los hechos por amenazas de muerte-, dijo Lucha Castro.

Entre los abusos que organizaciones civiles han denunciado en esta frontera y en la capital, está la queja de “tocamientos” que realizan militares y policías federales, a mujeres que viajan en sus automóviles y que son detenidas, bajo pretexto de revisión en búsqueda de drogas.  

Parálisis gubernamental.

El diputado local y luchador social, Victor Quintana Silveyra, dijo que el ejemplo más palmario de la parálisis gubernamental lo da la mesa de derechos humanos. “Aun cuando han fungido como interlocutores de las organizaciones sociales funcionarios de buen nivel de Segob y Sedena, los avances son nulos”.

Las y los derechohumanistas tienen que comenzar de cero en cada nueva sesión de trabajo, y no hay voluntad política alguna para esclarecer las violaciones de garantías por parte de miembros de las fuerzas armadas ni mucho menos se da razón de los desaparecidos.

Explicó que el caso de los jóvenes José Ángel Alvarado Espinoza, Nitza Paola Espinoza y Rocío Espinoza, levantados por militares desde el 29 de diciembre en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, sigue en espera de una respuesta.

“Por más pruebas que se aportan, el Ejército siempre niega su participación en la desaparición forzada de los jóvenes y desconoce la existencia de militares plenamente identificados”, señalo.

Indico que a cuatro semanas del inicio de las mesas de trabajo, de los anuncios de “espectaculares inversiones y gastos sociales”, y de la llegada de cientos de efectivos más a reforzar el operativo conjunto, el pesimismo cunde.

El gobierno federal trata, dijo, de meter con calzador las demandas sociales al esquema de los programas ordinarios, con sus rígidas reglas de operación, mientras que, muy aparte, el gobierno del estado anuncia sus propias inversiones. Descoordinación de gobiernos; exclusión de la sociedad civil.

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