Hector-Teto-Murguia-LardizabalCIUDAD JUAREZ.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) encontró irregularidades en un 30 por ciento de las obras públicas realizadas en el ejercicio fiscal 2013, periodo en el que coincidieron el final de la administración de Héctor Murguía Lardizábal y el inicio de la de Enrique Serrano Escobar, difundió El Diario en su version digital.

Entre las anomalías documentadas está la adjudicación directa de contratos, cuando se debieron licitar; obras inconclusas fuera del plazo, sin que se haga efectiva la fianza al contratista; recursos sin aplicar para proyectos definidos; pagos a proveedores sin documentos; y construcciones en las que no verificaron calidad de los materiales.

También detectaron diferencias en gastos efectuados; obras incompletas que no corresponden a lo contratado; y deficiencias en los procesos de licitación de obras del Programa de Movilidad Urbana (PMU) en la gestión de Murguía.

En total, la ASE enlistó 103 observaciones al Municipio de Juárez por la auditoría realizada a las obras públicas ejecutadas el año pasado, de las cuales 73 se solventaron y 30 no, por lo que “no se libera de responsabilidad a los funcionarios o ex funcionarios” a cargo.

La Auditoría Superior del Estado rechazó en los argumentos de la administración municipal juarense, por lo que consideró varios puntos anómalos.

La dependencia analizó de la administración de Héctor Murguía el periodo que comprende del 1 de enero al 9 de octubre de 2013, cuando la Dirección de Obras Públicas estuvo a cargo de Arcadio Serrano García.

Además, de la administración de Enrique Serrano, auditó el lapso del 10 de octubre al 31 de diciembre de 2013, con la dependencia a cargo de Manuel Ortega Rodríguez.

Los datos fueron revelados en el informe técnico de resultados de la auditoría financiera y de obra pública correspondiente al año pasado, que ayer entregó la ASE al Congreso del Estado y publicó en su página de Internet.

De acuerdo con el informe, el órgano fiscalizador revisa que la ejecución de la obra sea acorde a los términos establecidos, tanto por administración directa como en los contratos de obra pública celebrados, en cuanto a precio, cantidad, calidad y tiempo de ejecución.

También vigila que los conceptos de obra pagados estén efectivamente ejecutados; los expedientes técnicos de obra se encuentren integrados de acuerdo a la normatividad aplicable.

En la revisión realizada a las obras públicas del año pasado los auditores detectaron, por ejemplo, que el contrato para la pavimentación del Anillo Envolvente Zona PRONAF se adjudicó de manera directa, cuando debió haber sido a través de licitación pública.

Aunque el Gobierno municipal argumentó que se llevó a cabo la licitación, pero se canceló porque la empresa decidió dar por terminado el contrato y el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública autorizó la adjudicación directa de los trabajos, la ASE no aprobó la respuesta.

Otra de las observaciones fue por la construcción del Centro Comunitario La Montada, obra con un valor de 7.9 millones de pesos que no se realizó en el tiempo establecido en el contrato y por lo que el Municipio debió hacer efectiva la fianza de cumplimiento del 10 por ciento del monto contratado.

El gobierno local respondió que la obra se terminó el 8 de mayo de 2014, por lo que no cobraron la fianza, pero su argumento fue desechado porque el contrato establecía que el constructor estaba obligado a terminarla en diciembre de 2013.

Otras de las irregularidades documentadas se encontraron en obras relacionadas con el Cereso Productivo, en el que se hicieron erogaciones fuera del plazo contratado; y en la rehabilitación del parque Municipio Libre, en el que no se realizaron las pruebas de calidad a los materiales utilizados.

También se encontraron anomalías en la remodelación del parque comunitario Burócrata, en el gasto efectuado y porque no se construyeron los bebedores.

Además, encontraron diferencias en los gastos efectuados en la pavimentación de las calles Artículo 27, Cananea y Tzitza.

En una de las observaciones realizadas al PMU se señala que debió haberse desechado la propuesta de quien fue nombrado licitante ganador porque omitió presentar los requisitos exigidos en las bases.

El incumplimiento observado por los auditores es el relativo a las empresas que deberán presentar sus estados financieros dictaminados por contador público ajeno, autorizado por la Administración General de la Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Si bien las empresas presentaron sus estados financieros éstos no cumplen con los requisitos establecidos”, se lee en el informe técnico de resultados.

En otro punto se especifica que no se cumplió con lo establecido en las bases de la convocatoria del PMU para que se registrara un capital contable mínimo de 500 millones de pesos entre las empresas constructoras asociadas, considerando que para la comprobación se sumaría el capital mínimo contable de cada uno de los asociados en forma ponderada.

Ello ocurrió de acuerdo con los auditores cuando se retiró de la asociación una de las empresas que originalmente se había registrado, por lo que el capital sumó únicamente 396 millones 39 mil 796 pesos.

Una observación más sobre la licitación del paquete de obras del PMU indica que el Municipio no cuenta con la evidencia documental de que haya invitado a las cámaras empresariales, a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado y a los colegios de profesionistas del ramo, a participar en la vigilancia de su puntual acatamiento, para el efecto de transparentar el proceso de licitación.

Y aunque la Administración respondió que la consulta se hizo, no se consideró solventada porque no proporcionó el soporte documental.

Tampoco solventó la observación de los auditores en el sentido de que se hicieron pagos por anticipo de supervisión por 15 millones y 9 millones 541 mil 282.50 pesos por concepto del Proyecto Ejecutivo, con recursos aportados por la empresa ganadora de la licitación en inobservancia a lo dispuesto en las bases y el contrato, en virtud de que no se contó con las estimaciones de supervisión autorizadas por la Dirección de Obra Púbicas y tampoco hubo constancia de que los certificados con el “valor ajustado” se hayan inscrito en el registro del fideicomiso.

Otro punto de la auditoría establece que el Municipio erogó 383 mil 800 pesos a una empresa prestadora de servicios por el proyecto del puente Granito sobre el Camino Real, considerando el pago indebido porque no formaba parte del Proyecto de Inversión a Largo Plazo y no estaba en las bases de licitación pública nacional. (Gabriela Minjáres/Con información de Javier Arroyo/El Diario)

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