CHIHUAHUA.- “El primer año de gestión del Licenciado César Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional, ha sido un período a base de un esfuerzo con sistente, persistente, respecto al trabajo que el Gobierno del Estado ha desarrollado para combatir el problema de la delincuencia en nuestro Estado”, dijo el Presidente de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados.
El Jurista Héctor Armando González Mocken, agregó que ha habido mucha voluntad política por parte del Ejecutivo para coordinarse con los otros dos órdenes de gobierno y ha sostenido una sola línea: actuar con dureza en contra del delincuente.
“Ha endurecido algunas penas de algunos delitos, ha hecho reformas a nuestro sistema penal para evitar que el reincidente ande libre; se han establecido algunos condicionantes legales para evitar que los que come ten delitos de alto impacto puedan estar libres con facilidad.
“Nadie que sea peligroso para la sociedad, puede recuperar su libertad”, dijo acertadamente el Señor Gobernador.
“En ese tenor ha ejercido un presupuesto importante para equipar a los cuerpos de seguridad pública, ésto desde luego ha contribuído al mejoramiento de la seguridad, en ese intento han estado generando condi ciones para que quienes estén cumpliendo una pena o que estén en prisión preventiva se aislen un tanto de la comunidad general para evitar que las prisiones se conviertan en fuente de delincuencia.
“Evitar que los internos se comuniquen con algunos cómplices en el exterior para cometer delitos. Eso ha sido bueno, el hecho de que haya desaparecido el control del municipio sobre un penal y el otro que sea administrado por la federación, ha generado la posibilidad de que real- mente sea un esfuerzo serio porque la ejecución de las penas sea ahora un poco más efectiva que antes.
“Acerca de que si el Gobierno ha implementado algún programa de reinserción social para complementar estas actividades, hasta ahorita no se ha visto algo en concreto, sin embargo pensamos que será en la segunda etapa.
“Puesto que primero va a meter orden en los Ceresos haciendo la reclasificación de los internos, establecer una mecánica permanente para evitar que se introduzcan drogas y armas y buscar que los custodios cumplan a cabalidad su cometido.
“Sin embargo, los abogados hemos insistido que en este proceso de endurecimiento de la ley, no se trastoquen los derechos fundamentales tanto de las personas como de los propios funcionarios públicos.
“Nosotros hemos dicho que nada por encima de la Constitución, que ahora con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la legislación constitucional que hace letra vigente los acuerdos y tratados internacionales en materia de garantías que ha firmado el gobierno de México, eso obliga a que no descuidemos nunca el aspecto de que por encima de cualquier circunstancia, están los derechos humanos.
“El ser humano debe ser respetado como tal, muy a pesar de que haya cometido algún delito, tiene sus derechos fundamentales y que el estado tiene la obligación sí de segregarlo, sí de de aislarlo, sí de aplicarle una penalidad por su comportamiento, sí retribuirle a la víctima de alguna manera el daño sufrido, sin embargo, el ser humano implica el respeto a sus derechos fundamentales”.

DE LA PARTICIPACION DE PROFESIONALES DEL DERECHO:

Luego del llamado que hiciese el Gobernador Duarte Jáquez a los abogados colegiados de la entidad a participar en las actividades para recuperar a nuestro Estado en todos los rubros, González Mocken señaló que la acción de los Profesionales del Derecho en materia penal ante el Ejecutivo y el Poder Legislativo, es incansable e incondicional.
“Hemos estado en pláticas muy serenas y tranquilas con el Estado para establecer los mecanismos de comunicación que nos permitan estar al tanto de las iniciativas que proponga el Ejecutivo en esta materia.
“En los próximos días, habremos de explorar un convenio con el Congreso del Estado y con otras autoridades que nos permitan estar aportando algunos datos y algunas asesorías, algunos consejos, algunas opiniones en torno a algunas propuestas que se están agendando e inclusive algunas que están vigentes, para ir perfeccionando nuestro sistema penal porque, además, algo muy importante estará pasando en todo el país: el Gobierno de la República, el Estado Mexicano se ha comprometido para con los nacionales y para con el mundo, reformar su sistema penal en todas las entidades federativas y tiene como plazo hasta el 2016.
“Lo que implica que esta reforma envolverá a todas las entidades del país, inclusive a las que ya tienen en vigor el nuevo sistema penal acusato rio adversarial. Lo que implica entonces, de que se irá ajustando la normatividad en todo el país en forma similar, lo que implica que si aquí en nuestro Estado hemos hecho reformas que no vayan al tono del sistema penal implementado en el país, tendrán qué hacerse los ajustes necesarios.
“Porque no es posible que una entidad federativa, muy independientemente de su autonomía, muy independiente de su soberanía, puede estar caminando por separado.

“El sistema penal en México necesita cierta uniformidad, porque somos un país y porque somos una nación y porque tenemos un compromiso con el mundo de garantizar los derechos fundamentales no solamente de los justiciables, sino de las víctimas y establecer compro- misos para que realmente existan los órganos que impartan justicia en forma independiente.

“Establecer las garantías procesales como lo establece el propio Artículo 16 Constitucional, en donde establece que debe ceñirse a la legalidad en cualquier asunto donde el Estado ejerza violencia.
“Entonces en ese sentido el proceso de reestructuración de nuestro sistema penal en todo el país obligará para que Chihuahua siga siendo objeto de una adecuación a sus instituciones legales que permitan que este sistema que ya empleamos en nuestro Estado, se consolide y se garantice de esta manera un mejora- miento en nuestros sistemas de impartición de justicia.
“Los colegios somos por su naturaleza, órganos de consulta, es decir, nos reunimos, nos juntamos, discutimos, deliberamos, somos como alguien dijo los termómetros de la justicia, somos los que interactuamos, los que litigamos, somos los que estamos sentados en el estrado defendiendo, acusando, juzgando, somos los operadores del sistema penal.
“Entonces, cuando vemos que algo no funciona, nuestra obligación es discutirlo primero, encontrar en el debate los puntos que nos den luz, y luego aportar algunos consejos para que sea el órgano constitucional el que resuelva si nuestras opiniones están basadas en argumentos certeros, apropiados, y que puedan ayudar mucho a que la sociedad encuentre solución a sus problemas de impunidad, de inseguridad, de corrupción y otros que se generan producto de una mala administración de la justicia”.

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