EL PASO.– Las mujeres que buscan interrumpir su embarazo en Texas tendrán que hacer, por lo menos, dos viajes a la clínica para realizarse el procedimiento.

En uno de esos viajes deberán someterse a un sonograma vaginal, de acuerdo con una parte de la controversial ley del aborto, que entró en vigor apenas este primero de octubre.

“Estamos adaptándonos para cumplir con la ley”, dijo ayer la administradora ejecutiva de los Servicios Reproductivos en El Paso, Gerri Laster.

Comentó que, hasta el momento, no ha habido cambios en los servicios de aborto en la clínica.

La medida, aprobada por la Legislatura estatal el verano pasado, requiere que los doctores realicen el sonograma al menos 24 horas antes del procedimiento. Sin embargo, el periodo de espera para las mujeres que viven más de 100 millas de una clínica de aborto se reduce a dos horas.

Laster había dicho en entrevista previa que la práctica de realizar un ultrasonido antes de practicar un aborto no era nada nuevo para la clínica, donde se realizan hasta mil 800 legrados a mujeres de ambos lados de la frontera cada año.

Incluso, dijo que, la mayoría de las ocasiones, la mujer que decide ver el sonograma no cambia su postura para interrumpir su embarazo.

“Más bien confirma las semanas que tiene embarazada”, manifestó con anterioridad.

El requerimiento del ultrasonido entró en vigor el primero de octubre, mientras que el resto de la ley se resuelve en los tribunales.

La otra parte de la ley —y que la hace controversial— dice los doctores también deben describirle la imagen y proveerle a la mujer la oportunidad de ver el examen o escuchar el sonido del corazón del feto. Sin embargo, la paciente podrá negarse a recibir estos servicios.

Dicho requerimiento se exceptuará en casos de que la mujer sea menor de edad, violación sexual, incesto o deformidad en el producto.

El jueves de la semana pasada la Corte Suprema de Estados Unidos reiteró que Texas no puede hacer cumplir esa parte de la ley, mientras que la medida se encuentre en proceso de apelación.

Un día antes el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito se había negado a permitir que la ley entrara en vigor al mismo tiempo que se está apelando.

Lo anterior es luego que el 30 de agosto —dos días antes de que la ley fuera programada para entrar en vigor en su totalidad—, un juez de Distrito en Austin fallara que las partes de la ley que requieren a un médico mostrar una imagen de ultrasonido, hacer audibles los latidos del feto y describir el producto antes de la interrupción del embarazo eran inconstitucionales.

En esa misma fecha, el procurador general de Texas, Greg Abbott, apeló la decisión, apoyado por el gobernador Rick Perry quien había calificado la iniciativa como una “de emergencia” durante la sesión Legislativa.

Mientras los simpatizantes de la ley afirman que ésta provee a las mujeres de la información necesaria para tomar una decisión informada, los críticos ven la medida como un esfuerzo draconiano para desalentarlas a realizarse abortos.

El Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), que interpuso la demanda, sostiene que la ley viola los derechos de la Primera Enmienda tanto del doctor como del paciente.

Los Servicios Reproductivos en El Paso ha considerado la ley como un juego de “políticas” y una barrera más por parte de Texas —considerado como un estado a favor de la vida— para que una mujer decida practicarse un aborto.

Aún así, tan sólo en esta clínica, se realizan entre mil 500 y mil 800 abortos a mujeres que residen en El Paso y Oeste de Texas así como Nuevo México y México al año, según archivos periodísticos.

Al año, al menos 340 abortos practicados en El Paso son entre adolescentes, según estadísticas nacionales sobre embarazos interrumpidos y las cifras más recientes sobre el tema. (El Diario)

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