Por Jorge Alejandro Medellín, de Eje Central./

El general Espitia, en el ojo de la tormenta. (Título origina de la columna)./

Quien fuera coordinador del Operativo Conjunto Chihuahua y trabajara con la ex procuradora Patricia González, ha sido involucrado con el narcotráfico en un video donde interrogan al hermano de la funcionaria.

Salvo por el hecho de no haber ocupado un cargo en instancias del ámbito civil de combate al narcotráfico, el perfil profesional del general de brigada Felipe de Jesús Espitia Hernández (Matrícula 6459590), ex coordinador del Operativo Conjunto Chihuahua, es muy parecido al de un Zar antidrogas.

Antes que él, otros militares y civiles llevaron el membrete al encabezar el combate a los cárteles de la droga en México. Dos casos son paradigmáticos: el del ex procurador de Chiapas y ex fiscal antidrogas de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariano Herrán Salvatti (1994-2000), y el del general de división Jesús Gutiérrez Rebollo (1997), quien fue comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas e incluso condecorado por su trabajo antinarcóticos.

Ahora, en un video en YouTube, Mario Ángel González Rodríguez, secuestrado hace dos semanas y hermano de la ex procuradora de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, la señala a ella y a diversos ex funcionarios como vinculados con el cártel de Juárez (La Línea), y coloca sobre el general Espitia una sombra de duda, pues en la grabación también menciona su nombre. González habla de ex funcionarios, abogados y elementos policiacos como involucrados en el tráfico de drogas y en ejecuciones de policías y periodistas, y asegura en el video que el general Espitia recibía 100 mil dólares al mes por apoyar a La Línea

VIOLENCIA Y CRUELDAD MULTIPLICADAS.

El paso del general Espitia por la V Zona Militar como mando al frente del Operativo Conjunto Chihuahua comenzó con enormes expectativas, y concluyó en medio de un estrepitoso fracaso militar.

En los dos años y medio que estuvo al frente de las acciones militares para intentar la recuperación de uno de los territorios ocupados por el narco, Espitia Hernández asumió el control de ocho mil soldados en la Región Militar XI, cuyo comandante sigue siendo el general Marco Antonio González Barreda. En ese periodo vivió junto con la ex procuradora General de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, las tres etapas de los operativos policiaco-militares contra el narco en esa entidad.

La primera fue la Operación Conjunta Sierra Madre, iniciada en enero de 2007, en los primeros días del gobierno del presidente Felipe Calderón, con la movilización de nueve mil 54 efectivos militares en el llamado Triángulo Dorado de las drogas, en la confluencia de Chihuahua, Sinaloa y Durango. El objetivo central del operativo era recapturar a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Siguió luego la Operación Conjunta Chihuahua, puesta en marcha en marzo de 2008 con el despliegue de dos mil 26 militares y 425 agentes federales enviados a combatir a sicarios y operadores de los cárteles de Sinaloa y Juárez, cuya guerra por la plaza en la ciudad fronteriza comenzaba a ensangrentar y elevar dramáticamente los niveles de violencia en el norte del país. Pero esto no bastó, y a inicios de 2009 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió a otros dos mil militares para reforzar la operación en Ciudad Juárez. En septiembre de 2009 la segunda fase del operativo contempló la reinserción de mil 200 policías municipales que habían concluido cursos al vapor para asumir de nuevo el patrullaje y el control de la ciudad fronteriza.

Pero la violencia no sólo se incrementó, sino que se agudizó la crueldad en cuanto a los métodos: el crimen organizado ya no sólo atacó a policías y a militares, sino también a civiles, en especial los jóvenes, quienes se convirtieron en blanco. Al mismo tiempo, los militares desplegados cometían toda clase de abusos contra la población civil, incluyendo violaciones, ataques sexuales, detenciones e interrogatorios ilegales, así como golpizas, amenazas y homicidios.

EXCESOS Y CRÍMENES.

En su más reciente reporte sobre estos hechos, “Abuso y Miedo en Ciudad Juárez. Un análisis de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en México. Septiembre 2010”, la organización Washington Office on Latin America (WOLA) —que cita datos y cifras estadísticas de MILENIO Diario— señala que “más de la mitad de los homicidios relacionados con el narcotráfico ocurrieron en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Baja California”.

Las dos primeras entidades son las que mayor despliegue militar han tenido en el sexenio de Felipe Calderón. El general Espitia estuvo al frente del operativo conjunto desde marzo de 2008, y fue relevado del mando en la V Zona Militar como consecuen- cia del fracaso de las acciones militares y policiacas en Chihuahua. Su salida se dio en el marco de las masacres cometidas por sicarios de los cárteles de Sinaloa y Juárez en contra de presuntos narcomenudistas que recibían tratamiento contras las adicciones en centros manejados por grupos civiles. En uno de los ataques murieron 13 jóvenes y en otro fallecieron 18 más, hechos ocurridos en las primeras dos semanas de septiembre de 2009, justo al inicio del opera- tivo de reinserción policiaca en las calles de Juárez.

Meses más tarde, a finales de enero de 2010, otros 14 jóvenes fueron acribillados cuando celebraban una fiesta de graduación en una casa ubicada en Villas de Salvárcar. Eran los tiempos del general Espitia como mando de la Operación Conjunta Chihuahua.

El análisis de WOLA sobre este periodo de violencia creciente en Ciudad Juárez indica que entre diciembre de 2006 y junio de 2010, Chihuahua se posicionó como primer lugar en incidencia de homicidios violentos en el país; en orden, le seguían Sinaloa, Guerrero, Baja California, Michoacán, Sonora, Durango. Continuaban la lista el Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Coahuila.

En cuanto a las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares cuando el mando de la citada Operación recaía en el general Espitia, el documento de WOLA recuerda: “En 2008 la tasa de homicidios en Ciudad Juárez —la ciudad más grande del estado de Chihuahua, situada en la frontera con El Paso, Texas— fue de 130 por cada 100 mil habitantes. En 2009, esta cifra ascendió a 191”. Añade que “a pocos meses del comienzo del Operativo Conjunto en 2008, el estado de Chihuahua ya encabezaba la lista de denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de militares recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con 199 denuncias contra militares registradas en los primeros seis meses del año”.

INFORMACIÓN CLASIFICADA.

En julio de 2010, tras la salida del general Felipe de Jesús Espitia Hernández de la V Zona Militar, se le solicitó a la Sedena copia de su Hoja de Servicios. La primera respuesta a la información solicitada con el folio 00007000115010 fue una negativa a proporcionar los datos, a pesar de que desde el principio se aclaró que no se buscaba información personal, sino sólo aquella que permitiera conocer la ruta profesional del general.

La Sedena reservó la información por un periodo de 12 años. La dependencia señaló que la difusión de los datos solicitados causaría daños “Presentes”, “Probables” y “Específicos” que podrían traer como consecuencia la muerte del general o de sus familiares o de quienes han laborado con él en las misiones y cargos encomendados en la lucha contra el narcotráfico.

La secretaría accedió finalmente a proporcionar datos sobre la ruta profesional del general Espitia: del arma de Infantería ingresó al Colegio Militar en septiembre de 1968, y vivió como cadete los hechos sangrientos del dos de octubre. En septiembre de 1973 se graduó como subteniente, y en 1975 ascendió a teniente segundo de Infantería.

Un año más tarde, ya como teniente primero de Infantería, fue enviado a la School of the Americas para tomar el curso Operaciones en Jungla 0-8, que comenzó el tres de julio de 1976. Este dato no se incluye en la Hoja de Servicios proporcionada por la Sedena, aunque se encuentra en el sitio http://www.derechos.org/soa/mx5396.html, y es parte de los documentos obtenidos en Estados Unidos al amparo del Acta de Libertad de la Información (Freedom of Information Act-FOA) de ese país.

Tampoco aparece en su Hoja de Servicios el dato sobre los cursos tomados en la Academia Militar de West Point, en los años ochenta, ni su incorporación como Oficial de Élite al equipo de trabajo del general Félix Galván, entonces titular de la Sedena. Sí figura, en cambio, su paso por el controvertido Centro Coordinador de Seguridad Pública, instancia creada por la secretaría en los años noventa para llevar un seguimiento y control de las políticas gubernamentales, especialmente cuando los cargos como secretario, coordinador o director de seguridad pública estatal o municipal recaen en un militar en retiro o con licencia.

Ya como general brigadier, entre 2003 y 2004 Espitia fue jefe de la Sección Segunda (Inteligencia) y más tarde jefe de la Sección Séptima (Operaciones Contra el Narcotráfico). En noviembre de 2006 ascendió a general de brigada y fue ratificado por el Senado con ese grado en febrero de 2007.

Al igual que varios generales con mando de tropas en el norte del país, el general Espitia recibió amenazas y fue descalificado en narcomantas colocadas por sicarios en Chihuahua —sede de la V Zona Militar— y en Ciudad Juárez. En algunas de ellas se le acusaba de proteger los intereses del cártel de Juárez, y en otras de apoyar al de Sinaloa (Gente Nueva).

En julio de 2008, dos narcomantas presuntamente colocadas en la capital por miembros de Gente Nueva amenazaban de muerte al general Espitia, y advertían además que el jefe militar era un “traidor” por haberse pasado del lado de sus enemigos de La Línea. Un año después, en agosto de 2009, otra narcomanta colocada en Ciudad Juárez, presuntamente por operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, acusaba a Espitia Hernández de servir al cártel de Sinaloa y de haberle cerrado espacios a su gente al tomar el control de las aduanas fronterizas ubicadas en esa ciudad.

En 2008, 2009 y 2010, varias narcomantas colocadas en Chihuahua y en Ciudad Juárez señalaban el supuesto nexo del general Espitia con El Chapo Guzmán, y referían que tenía una mansión en el Distrito Federal con un valor superior a la que hubiese adquirido con ingresos legales.

El 12 de marzo de 2010 se le reprochó al general Espitia el hecho de que dos militares ejecutados el 10 de marzo, Neftalí Quiroga García y Armando Plascencia, al parecer en una misión encubierta, viajaran en una camioneta Cadillac Escalade 2007 con reporte de robo en Durango y con placas sobrepuestas. Este episodio nunca fue aclarado por autoridades civiles o militares.

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