Por Javier CORRAL JURADO./4 de Octubre./

No permitamos que los intereses estrictamente privados del modelo comercial de la radiodifusión en México, que han detenido la necesaria reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión, sigan posponiendo un marco legal propio para los medios de Estado de servicio público; su reconocimiento jurídico es inaplazable”.

En esta dirección concluyeron los trabajos del segundo Congreso Internacional “Los medios públicos de cara a la democracia”, que tuvo lugar la semana pasada en el DF, bajo el auspicio de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales del país.

El congreso ha reunido a una pluralidad de voces que, por su diversidad en el campo de la radiodifusión, debiera llamar la atención del Poder Legislativo federal y reaccionar de manera positiva ante esas exigencias que de llevarse a un marco legal podrían saldar una parte de su compromiso histórico en la democratización del espacio público, concretamente de los medios de comunicación, agenda incumplida en una promesa de dignidad totalmente perdida.

La necesidad del fortalecimiento de los medios de servicio público está directamente relacionada con la consolidación de nuestra democracia y la participación informada de los ciudadanos. Democracia, sociedad civil y espacios públicos son una trilogía que expresa dimensiones recíprocamente convergentes, complementarias e indesligables entre sí. Los medios son una vía de realización de esta interacción recíproca. No es casual que el tratamiento regulatorio que reciben los medios públicos en México y prácticamente en América Latina, esté signado por el desdén legislativo, el regateo de recursos económicos y la limitadísima autorización de frecuencias.

De haber tenido México una de las redes más importantes de medios públicos sobre todo en tv, hemos pasado a niveles de enorme desequilibrio con el modelo comercial. La demagógica y antinacional forma en que el gobierno del presidente Salinas resolvió el problema de la manipulación oficial de la televisión pública, no ha hecho más que probar en estos años el colosal error y poner de manifiesto que las solas manos privadas o públicas no son garantía de nada sin un marco legal moderno que haga al ciudadano sujeto y destinatario final de la comunicación.

Esas privatizaciones sentaron funestos antecedentes para seguir limitando el acceso a permisos para operar medios, y en particular el de aquellos promovidos por la diversidad de la sociedad civil y no por la lógica mercantil. Ese proceso tiene un tratamiento antidemocrático que tiende a su asfixia por la vía de limitarles recursos a los existentes, y restringirles el acceso a nuevos proyectos. En el fondo hay una lucha por su expulsión del espacio electromagnético.

Este fenómeno es atípico comparado con lo que ocurre en otras regiones del mundo, donde los medios públicos constituyen espacios más importantes y libertarios que los privados, identificados más con el mercado que con las necesidades del debate democrático. Es preciso idear, sobre todo en países donde no hay regulación o la que existe es restrictiva como en México, fórmulas que fomenten los medios públicos y mecanismos legales que les permitan mayores ingresos. Si revisamos cuantitativamente el universo en el que se ubican los medios públicos en México, tenemos que del total de frecuencias de radio y televisión, mil 983, 82% son concesiones otorgadas para el uso privado comercial y 18% para la transmisión de programación cultural, educativa y de orientación social.

Tenemos que son de televisión 637 canales y para radio mil 597 emisoras. La figura permisionada (“pública”) cuenta con 26% de los canales de tv y para la radio sólo 14%.

Con estos datos se ratifica el modelo netamente comercial y privado de la radiodifusión. Ahora bien, el resto de frecuencias comerciales, mil 342 emisoras de radio y 468 de tv en manos de grupos privados, no reflejan una amplia oferta diversa y plural, pues su tendencia a la concentración se agudiza, especialmente en la tv donde dos empresas (Televisa y TV Azteca) se reparten mas de 80% de ellas y en radio 80% son operadas por 13 grupos radiofónicos.

En los medios públicos se presenta una característica que no los deja ajenos a la concentración, pues 80% de ellas están asignadas a los gobiernos, estatal o federal, y 18% a universidades que salvo una, son todas públicas que viven del presupuesto federal o estatal.

En el caso de la televisión, encontramos que en su totalidad se ubican como de Estado, sea porque están asignadas a los gobiernos, estatal o federal o a universidades públicas. Aunque éstas sólo tienen tres. El universo en el que actúan las radios indigenistas en el marco de la radiodifusión representa 1.36% del total de frecuencias.

La sola dependencia del presupuesto público también ha generado el uso discrecional de rentabilidad política a pesar de que atienden, por su condición jurídica de permisionados, las necesidades de educación, cultura y servicio a la comunidad, por lo que no sólo deben recibir un presupuesto adecuado a tales fines, sino que deben estar en posibilidades de obtener ingresos lícitos por medio de patrocinios, venta de servicios, y comercialización de espacios, sin fines de lucro, para hacer frente a los costos y riesgos que implica la producción de contenidos distintivos y de alta calidad.

Este reto en el campo jurídico es terminar con la ambigüedad de la ley vigente, que ha generado la idea de que no se pueden obtener recursos adicionales al presupuesto publico; aquí el Estado debe asumir que es su obligación garantizar la existencia de medios no comerciales que con una programación de calidad y financiamiento suficiente puedan prestar el servicio publico de radiodifusión sin fines de lucro, permitiendo que muchos prestadores locales de servicios y bienes tampoco pueden acceder a los medios comerciales, por las tarifas que cobran. Deberá ser en un instrumento regulatorio donde queden claras las reglas y formas de rendición de cuentas.

Si necesitamos y queremos medios públicos garantizados jurídicamente, con leyes que den la certeza y transparencia de reglas, se requiere un Congreso que atienda, por encima de intereses partidarios, esta necesidad. Habrá que invertir energía en su defensa, convicción para su impulso, creatividad para su materialización y una gran responsabilidad para su desarrollo y consolidación. Esa es la parte que también está faltando.

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