Por Jaime GARCÍA CHÁVEZ/3 de Octubre./

Prevaleció el adefesio y la impostura de convertir las constituciones locales de Baja California y San Luis Potosí en panfletos ideológicos y facciosos. La derecha cree –y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la solapa– que todo se puede contra los derechos de las mujeres. Esto sucedió la semana que concluye, con todos los auxilios del presidente Calderón y aún con la desmentida bendición papal de Benedicto XVI. Es el despliegue y atropello de la sinrazón. De todas maneras, y ante una aparente adversidad para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, conviene realizar algunas reflexiones y advertir, puntualmente, precisiones indispensables en el tema.

Siguiendo los dictados de la Internacional de la derecha que opera en el mundo entero, se pretende hacer de la protección de la vida, desde el momento de la concepción, la bandera distractora de los grandes problemas que tiene el país, y con este motivo se dijeron y actuaron no pocas cosas preocupantes.

Empiezo por la que me parece esencial: la declaración de los derechos, en una unión como la nuestra, sólo puede ser facultad de la representación nacional y de ninguna manera puede quedar al arbitrio de los congresos locales, menos cuando estos están dominados por fanáticos. Pero me quedo corto, la declaración de derechos es universal, porque universal es la dignidad humana. Sostener, escudados en la autonomía local, capacidad soberana para legislar en materia de derechos humanos, es una verdadera atrocidad. En todo caso lo válido es el precepto que le da máxima jerarquía a los derechos y a los congresos locales la única posibilidad de ampliarlos. Esto me parece una obviedad y cuando escuché el argumento en boca de un ministro, advertí la poca calidad de quienes llegan al alto tribunal y hacen de los sofismas la justificación de un voto sin razones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad, como tribunal constitucional, de interpretar nuestra Carta Magna, y la misma proscribe la discriminación, en este caso hacia las mujeres, pero sobre todo dispone que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, de tal manera que los integrantes del máximo tribunal, en esencia, no tenían más que sostener la superioridad de la propia Constitución general y realizar una interpretación gramatical de la norma. Pero no fue así: pudo más la ideología de la derecha, de la iglesia ultramontana y de quienes ya carentes de toda propuesta racional sobre la viabilidad de nuestra república insisten en hacer de las verijas (“región de las partes pudendas”, según la Real Academia Española) el motivo de sus calamidades excluyentes. Se creen con tantos fueros que casi llegan a estimar que las mujeres son como los semovientes de sus cortijos.

La idea, alimentada por la tradición judeo-cristiana de que la mujer es un ser inferior, un simple objeto, prevalece como dogma en el ideario de la derecha, en particular la que se cobija con el PAN, que en este rubro abandona la idea de la democracia de manera intransigente. También están los oportunistas del PRI que a contrapelo de su declaración de principios continúan soliviantando en las legislaturas locales los adefesios ideológicos del grupo Pro Vida. Pero no sólo porque son oportunistas, sino porque también son acendradamente de derecha. Aquí en Chihuahua, para no ir muy lejos, Enrique Serrano es tan Pro Vida como Arturo Limón, el obispo Miranda Beckman, o el pastor de los diputados locales del PAN. Da pena ajena además escuchar a este respecto los dislates de Javier Benitez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que no ha reparado en los conceptos fundamentales de nuestro derecho y la tradición filosófica y política de nuestros preceptos básicos. Se le olvidó de plano que es juzgador, no corifeo de los antiabortistas. Para ellos cerrar filas con la derecha es lo que les da frutos y garantiza estancias de poder. Del Estado de Derecho que se apiade Dios si la policía lo alcanza.

Contra el laicismo mexicano, de factura juarista y distinguida en el mundo como avanzada, hay toda una conspiración. No necesariamente se le combate en el plano ideológico, en la polémica abierta, porque saben sus adversarios de la carencia de peso de todos y cada uno de sus argumentos. La conspiración es subterránea, plagada de pequeños detalles, palabras que parecen dichas por el fervor momentáneo. Quienes combaten al laicismo de esta manera le apuestan a la táctica de quienes emplearon sus trompetas para acabar con las murallas de Jericó. Gobernantes que se creen designados por Dios, que envían a sus hijos a los colegios confesionales, que erosionan la educación pública de todos los niveles y abren espacios a las instituciones privadas y religiosas, que asisten al Te deum, que se apoltronan atrás de la guadalupana, que trafican con la jerarquía católica, que ponen a Chihuahua en manos del cielo, que asisten en romería a darle la bienvenida a los obispos, que patrocinan con facciosidad a las Ong’s de filiación católica, privilegiadamente, y así podría abundar hasta la náusea.

Porque quieren imponer su ideología atacan al laicismo. El laicismo que se ha convertido en el valladar más eficaz para impedir que el Estado profese una ideología, condición sine qua non para mantener a raya al fanatismo y, no lo olvidemos, la tentación totalitaria. El laicismo es respetuoso de la pluralidad religiosa, es garante de profesar cualquier religión al igual que el ateísmo y el agnosticismo. Es la base para que nos entendamos con tolerancia, para que aquilatemos que la pluralidad existe y que además los diferentes pueden vivir en la misma sociedad sin desgarrarse. Todo esto se olvidó al resolver la constitucionalidad de las normas votadas de manera sectaria en Baja California y en San Luis Potosí. Pero la votación misma tiene una lectura: de once ministros que componen la Corte, únicamente cuatro votaron por los contrahechos preceptos de ambas entidades federativas. El mismo presidente de la Suprema Corte expresó su razonable voto. Claro que el arreglo constitucional exigía ocho votos que no se alcanzaron, pero los números en esto marcan una tendencia.

En realidad las acciones de inconstitucionalidad no se ejercitaron con la pericia debida y atendiendo a la circunstancia. Hasta el grupo Pro Vida no actuó rápido y furioso como acostumbra, las más destacadas organizaciones feministas también estuvieron a distancia. Pareciera ser que para unos y otros el debate no tuvo la miga fundamental, y a ella quiero referirme. Una cosa es un precepto constitucional y otra su decantamiento en la reglamentación, particularmente de naturaleza punitiva o penal. Cuando a esta supuesta protección de la vida desde el momento de la concepción pretenda aniquilar las excluyentes de responsabilidad con motivo de la interrupción legal del embarazo, entonces sí estaremos frente a una batalla formal en la que los fanáticos perderán la guerra.

El ejemplo de la legislación local es más que aleccionador. Aquí la derecha desde los años 90 se salió con la suya y elevó a rango constitucional la protección de la vida desde el momento de la concepción de que ha hecho profesión política la entonces diputada local y hoy senadora Teresa Ortuño de Pérez. Pero las derechohumanistas locales obligaron a que se hiciera excepción expresa de que las excluyentes de responsabilidad en materia de aborto continuaran con plena vigencia. En otras palabras: sí, pero no.

Con todo y ese precepto, en Chihuahua puede interrumpir su preñez en el tiempo estipulado, sin responsabilidad penal alguna por el delito de aborto, cuando el embarazo sea resultado de una violación, de una inseminación artificial sin consentimiento, o aún con éste si se trata de una mujer menor de edad o incapaz; además no es punible el aborto imprudencial. También, y esta causal es singularmente importante, cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra el riesgo de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo para el caso un dictamen de otro médico cuando éste fuere posible y no sea peligrosa la demora. Aquí hay una protección a la mujer embarazada que vive en la pobreza y en el abandono étnico del racismo que no quieren ver. En todos estos casos, por una ley vigente, se puede recurrir a una interrupción del embarazo sin responsabilidad penal alguna.

Quiero decir que al igual que en muchos campos de la vida nacional, estamos a la mitad del río: de un lado la amenaza de la derecha y de otro las garantías de las mujeres para no penalizar la conducta en cuestión. El caso del Distrito Federal se cocina aparte, aquí la despenalización fue completa y sancionada también por la propia Corte que ahora recula con los casos de Baja California y San Luis Potosí. Cuando la derecha conservadora pretenda ir en contra de esto, entonces sí la batalla cobrará otras dimensiones y la Corte tendrá que mostrar su compromiso con el Estado de Derecho y los tratados internacionales que Calderón quiere pisotear con el apoyo del Senado, que seguramente no llegará, más en la fase que despunta con una Constitución general absolutamente renovada en favor de los derechos humanos y la reforma a la Ley de Amparo que brindarán mejores oportunidades de impugnación en este tipo de casos.

La derecha se agarra con veinte uñas de todo tipo de supercherías, la Corte las escucha e ignora a la Academia Mexicana de Ciencias que le dijo expresamente que resolver como lo hizo viola los principios del Estado de Derecho y amenaza la racionalidad del sistema jurídico nacional. Y ya propiamente en su terreno advirtió cómo se hace a un lado la ciencia para caer en una incompatibilidad flagrante entre concepto moderno, multifácetico y complejo de lo que es un ser humano, y la simplista, abritraria y poco informada definición de la vida humana, que deriva, en términos prácticos, en la insidiosa penalización a las mujeres, los médicos que participan en la interrupción del embarazo, escudados en la ciencia que profesan y practican. Advierto que un médico puede objetar en conciencia su intervención –aún no existe la institución entre nosotros– pero no impedir oficialmente que otro asista en estos casos.

Por último, hay un hecho preocupante: un obscuro funcionario de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora, hablando por su jefe, Francisco Blake Mora, no ve contraposición en defender como servidor público sus convicciones personales, lo que en otras palabras significa que privilegie sus propias creencias y olvide sus obligaciones constitucionales, haciendo que ignora la diversidad que en estos temas impera en la república. Aunque no creo que les hiciera bien -los fanáticos acostumbran las antiojeras- de todas maneras le recomendaría la lectura del estupendo libro Guía ética para personas inteligentes, de Mary Warnock. Ella dice, y con sobrada razón, que cuando un ciudadano se convierte en político activo, legislador, funcionario o gobernante, asume nuevas responsabilidades; que tiene que ejercer la razón y la prudencia para prever las consecuencias que tendrá las medidas que propone, lo cual incluye a los grupos minoritarios. Agrega: por el éxito del modo de gobernar, hay una serie de juicios morales o decisiones que no están autorizados a hacer, decisiones que una persona podrá tomar a título privado, pero no en la esfera pública, porque además, cuando se coloca en esos supuestos, tiene el deber de informar o rendir cuentas del por qué han llegado a una determinada conclusión, ya que es necesario que se vea que piensan racionalmente. Esto conduce a gobiernos firmes y basados en principios. Para la autora está claro que el solapamiento o mutua interrelación entre lo público y lo privado entra en juego cuando se articulan los principios y cuando se tienen en cuenta abiertamente las consecuencias que tendrán las decisiones que se tomen para la sociedad en su conjunto.

Es el tema de la moral pública de los funcionarios. De la que por cierto dio ejemplo el presidente francés Valéry Giscard d’Estaing, cuando al promulgar una ley dijo claramente que sus convicciones de católico militante iban por un lado y su calidad de presidente de todos los franceses por otro, emitiendo una ley que no gustó ni a la derecha gala ni al Vaticano.

Aquí parece que estamos a años luz de llegar a un sitial de ese tamaño. Aquí la política de la sinrazón aparece y reaparece. Es el asidero de la derecha, que está en contra del condón, de la interrupción legal del embarazo, de las píldoras anticonceptivas, de la píldora del día después, de la sexualidad en suma y declarándose partidarios de la vida, jamás dicen nada de los miles y miles de muertes que ha sembrado la guerra de Calderón. Son los discípulos de Marcial Maciel.


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