Prax2PRAXEDIS. -Cuatro grupos de narcotraficantes: el Cártel de Juárez, vía la Línea; el Cártel de Tijuana; el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, a través del brazo de los Zetas,  se disputan a sangre y fuego, desde hace poco más de dos años, los territorios y el trasiego de las drogas en este punto del país.

La presencia de los agentes federales y la incursión del Ejército Mexicano, el 27 de marzo de 2008, polarizó la guerra de las bandas del crimen organizado, que ha dejado como saldo un número de 5 mil asesinatos, entre puchadores, policías, militares, abogados, empresarios y ciudadanos ajenos a los intereses del crimen.

Hombres decapitados, colgados de los puentes  y los asfixiados, sólo son un referente de una cruda disputa entre las bandas rivales del narcotráfico.

Según datos recabados del sistema INPRO (Información Procesada) de Chihuahua, entre 2008 y 2009, fueron asesinados 139 elementos de las diferentes corporaciones, incluido el Ejército Mexicano: 71 de ellos en 2008 y 68 más en el 2009.

A las expresiones formuladas por el Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, que recién llamó a los grupos una “ridícula minoría”, estas chocan en la incongruencia, tras el reconocimiento que el Ejecutivo Federal hizo en su visita del 17 de marzo a Ciudad Juárez, donde habló del inicio de una “guerra real” de dos grupos criminales. Y donde el mandatario fue categórico: “Pensemos dos veces las cosas, se juega la seguridad del país”.

El gobierno federal consideró a Ciudad Juárez como a Tijuana, las rutas más rentables por su crecimiento de población, que también son problemáticas.

De punta a punta, entre la población fronteriza con Nuevo Mexico conocida como Rodrigo M. Quevedo –mejor conocida como Palomas-, hasta el extremo oriente, en el Valle de Juárez, el ‘Chapo’ y Vicente, no aflojan su artillería en la guerra por los tres principales puntos de trasiego.

El analista y académico y analista de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Sergio Armendáriz, dijo que antes de esa guerra, el anterior modus operandi consistía en una “línea civilizada de instrumental moderación”. Estaba orientada a utilizar al máximo los aparatos estatales con la búsqueda de sistema de complicidades.

Era una alianza en un sistema orgánico de corrupción, con la existencia de un código de transacción y ajuste de cuentas o vendettas, delimitadas.
 “Hoy se vive un toda su dramática brutalidad la disputa por el control del mecanismo permisivo y clientelar del Estado en el ámbito del comercio ilegal de estupefacientes”, dice el también ex director de la Pedagógica.

Para algunos de los conocedores del fenómeno del narcotráfico, la “sede de venganza” ha hecho prácticamente imposible llegar a acuerdos y negociaciones en las diversas facetas que tiene la operación: producción, transportación, distribución y cruce de drogas al otro lado de la frontera.

Manuel Espino, ex dirigente nacional del PAN, dice en su libro ‘La Guerra Injusta de Ciudad Juárez’, que el saldo de lo sucedido en Juárez esta ahí: “reflejado en la estadística del dolor que registra –además- del incremento al costo de la vida como en todo el país-, el de los asesinatos y los secuestros; el de los negocios cerrados por sus propietarios o incendiados por quienes tienen el control de la plaza”.

En la percepción de la opinión pública, la participación del Ejercito Mexicano ha obligado al repliegue de los grupos de la delincuencia en algunas comunidades al sur de la frontera norte como San Buenaventura, Ejido Benito Juárez y Villa Ahumada, que pese a su tamaño, son estratégicas para la logística del narcotráfico en este punto del país.

El año pasado, el grupo de Joaquín Guzmán Loera, logró  apoderarse de Palomas, y de otras comunidades del noroeste, en tanto que el cartel de Vicente Carrillo y sus aliados, mantienen el control del Valle de Juárez, que con un bajo perfil de rancho mariguanero, ha sido enclave desde hace décadas para el trasiego aéreo de las drogas. “Es un filón de oro”, dijo un ex comandante de la desaparecida Policía Judicial Federal.

A final de cuentas –dice Armendáriz-, se trata de estructurar de manera estable un sistema de actividades económicas ilegales dotado de la misma fuerza y de los mismos privilegios de un aparato público. Y controlar la economía privada de las actividades legales, sometiéndolas a un régimen impositivo de la extorsión.

-Se observa hoy un terrorismo mafioso, impregnado de acciones de bandolerismo urbano, sin los complejos reverenciales de la vieja mafiosidad-, asevera.

Espino acota: “Mas parece el reflejo de una estrategia de complicidad, una especie de pitazo disimulado para alertar a los criminales o una búsqueda de dividendos políticos desde la propaganda, que un esfuerzo comprometido con la seguridad nacional”.

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