En medio de ese caos, el gobernador de Chihuahua ha preferido denostar y avasallar a sus enemigos, y enarbolar causas, tomando las viejas banderas de la política fiscal, desigualdad social e injusticia, transfiriendo culpas y responsabilidades a otros…

TORRE FUERTE

*El caos del gobernador en ‘casa’

*Auditores de SFP en Chihuahua

*Amenaza vs el pacto federal

*Congelan cuentas de Duarte

 

El caos del gobernador en ‘casa’ /

Manuel Sotelo Suárez, el líder de los transportistas que se rebeló hace unos cuantos meses en contra del gobierno, aún en contra del grupo empresarial afín al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que le daba cobijo y espacio en los programas asociados a la Mesa de Seguridad y Justicia (MSJ), volvió al contraataque en el caso de los llamados puentes ‘enanos’.

Sotelo ‘no estaba muerto, andaba de parranda’, y reapareció en las trincheras de la batalla, para volver a solicitar al gobernador por escrito, la información técnica que le ha sido negada en las dependencias del gobierno en el proyecto de los puentes que el gobierno busca construir sobre las avenidas Francisco Villarreal y de las Torres.

Sotelo es sin embargo, sólo uno más de los muchos actores políticos y sociales que han alzado la voz en contra de las irregularidades, la presunta corrupción y desaseo financiero, y la injusticia del gobierno de Chihuahua, que además, palidece a causa de los problemas de la inseguridad y la estela de cerca de 7 mil ejecuciones que se han registrado en los primeros tres años del gobierno del mandatario panista.

En ese caos político y administrativo donde el desastre financiero corre de manera paralela a los problemas de la inseguridad, el gobernador sigue sumando y ‘sembrando’ decenas de enemigos por todos los rincones del estado de Chihuahua.

Manuel Sotelo Suarez; Rodolfo Leyva Martínez; Andrés Carbajal Casas; Osvaldo Rodríguez Borunda; Carlos Tena Nevárez; Omar Bazán Flores y Cruz Pérez Cuéllar, sólo por mencionar algunos, y cada cual con sus particularidades e intereses propios, se han convertido en los adversarios del régimen estatal, a causa del desgobierno y los manotazos del gobernador, que sigue imponiendo su ‘ley’ para sobreproteger los intereses de un grupo político y económico que en Chihuahua solo se ha dedicado a congraciarse con el mandatario, a cambio de no pocos favores y de negocios.

El empresario Manuel Sotelo exige puentes y obras que cumplan con la normatividad oficial, el consejero y catedrático, Rodolfo Leyva ha denunciado la injerencia del gobernador en el Ichitaip, y ayer, la corrupción en la UACH, el político y especialista en obra pública, Andrés Carbajal Casas decidió renunciar cuando vio en el actual secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Gustavo Elizondo, la incompetencia y la corrupción;

El empresario de medios, con todas las inconveniencias de la lucha por sus intereses económicos, Osvaldo Rodríguez Borunda, ha sido el más acérrimo crítico del gobernador y no le ha bajado el guante, el alcalde de Cuauhtemoc, Carlos Tena, ha denunciado la intromisión y protección de las policías estatales vinculadas al crimen organizado, el diputado Omar Bazán, se ha convertido en el opositor natural de los planes del gobernador desde el Congreso y Cruz Pérez Cuéllar, mas allá de lo político, mantiene una lucha personal en contra de Javier Corral, quien le agandalló por la vía antidemocrática al interior del PAN, la candidatura al senado de la República hace unos cuantos años.

Existe un ‘caos’ financiero, político y social en Chihuahua. Todos los saben, pero el gobernador ha preferido darle prioridad a los argumentos y a las ‘banderas’ que lo ponen como opositor y en pie de guerra en contra del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a sabiendas de que esa es, y no la de gobernar, su verdadera habilidad y destreza política.

Tienen razón los que dicen que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, jamás debió dejar la capital del país, después de casi 20 años de formar parte de la élite parlamentaria y partidista en el centro del país, que lo catapultó como uno de los más agraciados ‘chapulines’ de la clase política de México, que tiene de sobra, centenares de personajes que a lo largo de toda la historia, se han convertido en mercenarios de la política y vividores del sistema.

En medio de ese caos, el gobernador de Chihuahua ha preferido denostar y avasallar a sus enemigos, y enarbolar causas, tomando las viejas banderas de la política fiscal, la desigualdad social y la injusticia, transfiriendo culpas y responsabilidades a otros, viendo la paja en el ojo ajeno, pero sin mirar la viga en el suyo propio.

En ese contexto, reapareció ayer Sotelo, de quien incluso en los últimos días se especuló que había sido amenazado y reconvenido a dejar su lucha y a bajar la bandera de guerra en contra del gobierno de Chihuahua.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez y también Consejero Ciudadano del Comité Técnico del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos, envió a principios de noviembre una petición por escrito al gobernador Javier Corral para solicitar información técnica sobre los puentes que el gobierno estatal proyecta en Juárez, pero no ha tenido respuesta oficial.

Pero el gobernador ha decidido guardar silencio e ignorar, a quienes juegan en su contra y le hacen la guerra.

La incompetencia gubernamental y el daño político y social sobre Chihuahua es tan grande, que sigue rondando el fantasma de la figura de la revocación de mandato.

 

Auditores de SFP en Chihuahua /

Ahora que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno les importa más ‘la honestidad que la experiencia’, luego de que se cuestionara la designación de José Ángel Carrizales López como nuevo titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) viene una prueba de fuego para el mandatario con el caso de las investigaciones que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP) que tiene en la mira a 10 ‘superdelegados’ de los estados, que han sido denunciados por presuntas irregularidades.

Y se incluye en esa lista al estado de Chihuahua, donde el mandamás es ni más ni menos que Juan Carlos Loera de la Rosa, buen y agraciado amigo del líder de la 4T.

Sépase que desde hace algunos días en la capital andan ya los auditores de la dependencia que dirige la secretaria Irma Eréndira Sandoval, y nos enteramos de que andan revisando todos los números de los pagos que han salido de la Secretaría del Bienestar Social, de recursos que han sido manejados en efectivo y en documentos, y que nos adelantan, no cuadran.

No es el asunto de las denuncias por presunto nepotismo lo que trae a Chihuahua a los auditores de la Función Publica, sino la supervisión en el manejo de los dineros y la orientación de estos recursos a los programas sociales que son la verdadera ‘joya’ de la corona en el gobierno del presidente de México.

Se revisan “pagos diversos”, dijo una fuente de la capital a Torre Fuerte.

Juan Carlos Loera es un buen tipo, trabajador y no tiene malicia política, y quizás el problema estriba entre sus subalternos y la gente recomendada por la subsecretaria del Bienestar Social, Ariadna Montiel Reyes, que sí le sabe y conoce, a diferencia de Juan Carlos, los entuertos y los manejos de la política social.

Ella sabe de dónde sacar y de donde estirar, a quien confiar y a quien retirar en las estructuras del poder. De eso estamos hablando.

Por lo pronto y después del anuncio del pasado 24 de octubre en la capital del país, la Secretaria de la Función Publica busca hasta por debajo de las piedras cualquier irregularidad y manipulación, de programas y recursos por petición del presidente.

Doce denuncias penden sobre 10 delegados estatales, y los auditores hacen su chamba.

Las entidades federativas cuyos delegados son denunciados son las de Aguascalientes; Chihuahua; Chiapas; Colima; Guanajuato; Puebla; San Luis Potosí’; Sinaloa y Sonora.

Las denuncias, se dijo, están siendo trabajadas con “autonomía técnica” y de “gestión”, que corresponde a los Órganos Internos de Control.

Las auditorías a programas de desarrollo y operación regional han permitido observar más de 46 mil millones de pesos que los estados y municipios deberán justificar “o reintegrar a la Federación.

El gobierno de AMLO presume que en la función pública no hay intocables, ni perseguidos. Ya se sabrá.

 

Amenaza vs el pacto federal /

El llamado a la descoordinación fiscal por parte de Chihuahua, es un ‘secreto a voces’ y arma principal en la ofensiva política del gobernador Javier Corral en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Nada nuevo en un viejo asunto que han manoseado por años, según la conveniencia política, los gobernadores.

Y todo hace suponer que en la medida de sus posibilidades reales de encabezar y mantenerse en la lucha y en la palestra política, el gobernador de Chihuahua, casi un ‘genio’ del histrionismo, le meterá mayor punch para alcanzar, no los beneficios para la entidad, sino los beneficios políticos propios que le permitirán avanzar en su proyecto a la presidencia de México en 2024.

El grito y exigencia del gobernador Javier Corral por un pacto fiscal equitativo y acorde a los recursos y a las necesidades de la entidad por parte de la Federación, tiene en Chihuahua y en las exigencias de sus municipios, el trago amargo de esa inequidad de un gobierno estatal, que no le da ni lo justo, ni lo necesario a sus municipios.

El alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez  lo ha planteado con todas sus letras, y ya existe incluso una controversia constitucional relacionado con el asunto de la distribución de los dineros del gobierno estatal para ese municipio que se quejó de las ‘migajas’ arrojadas por el gobernador para los habitantes de esa región del sur de la entidad.

El gobernador desmitificó que mediante negociaciones individuales se vaya a sacar mejor partida para los estados de los impuestos que se cobran y se envían a la federación.

“Si el barco se hunde nos hundimos todos”, dijo el gobernador de Chihuahua, que no se ha percatado todavía, de que en el estado, los ciudadanos naufragan desde hace tiempo a causa de la indolencia y la falta de atención y recursos por parte del gobierno estatal.

La inequidad fiscal es un asunto tan viejo y trillado, que nadie ha resuelto, y que se ha convertido al paso de los años solamente en un instrumento de manipulación y de provecho de algunos entes políticos.

Y el interés del gobierno de Chihuahua de mantener la amenaza de descoordinación del pacto fiscal federal, atiende su propio objetivo. Lo sabe Javier Corral.

 

Congelan cuentas de Duarte /

Información vertida por la agencia proceso hace un par de días, permitió conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo ha bloqueado 868 cuentas bancarias presuntamente vinculadas a una red de corrupción del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

Le pega a un acumulado de 5 mil millones de pesos, y no se trata de ninguna promoción de lotería o cosa por el estilo, sino de una acción emprendida por Hacienda que está obligada a transparentar los montos, nombres y titulares de las cuentas y negocios con personas físicas y morales, con la que está relacionado el ex gobernador de Chihuahua.

La directora general de Asuntos Normativos e Internacionales de la UIF, Carla Humphrey señaló que el gobierno federal continúa la investigación por corrupción en el gobierno de Duarte, de las acciones emprendidas y denunciadas por el gobernador Javier Corral Jurado.

Se prevén nuevas denuncias contra exfuncionarios de la administración pasada y varios particulares que están vinculados.

Humphrey detalló que la dependencia acompaña las 19 órdenes de aprehensión giradas a nivel estatal, así como una promovida por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra el uso de programas sociales en campañas electorales.

Entre las cuentas bloqueadas se encuentran algunas de César Duarte, así como de personas que operaron como prestanombres en el esquema de corrupción.

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