El anhelado plan de obras para Juárez que tiene en la ejecución de los puentes un capital político de envergadura para el gobierno de Javier Corral, escalará mediáticamente en las próximas semanas…

 

TORRE FUERTE

*Campaña vs el ‘poder absoluto’

*Inverosímil libertad de Yáñez

*Van ‘Teto’ y Loaeza por MC en 2021

*Embestida contra el PES en el Congreso

*Paterfamilias hartos de robo en escuelas

Campaña de socialización vs ‘poder absoluto’ /

Una amplia campaña de socialización que busca dar a conocer públicamente todos los errores del gobierno de Chihuahua, y la pretensión de cobrar peaje en los puentes que se han proyectado con recursos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos (FPF) preparan algunos actores de los diferentes sectores de la ciudad que se oponen a que el gobierno ejecute obras mal planeadas, en los llamados “puentes enanos”.

La resistencia de un grupo de ciudadanos que busca poner fin a las decisiones surgidas del ‘poder absoluto’ del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que concentra acuerdos entre un puñado de funcionarios de su gobierno estatal y la pusilanimidad de un gobierno federal que, a pesar de las fallas, dio el visto bueno para la realización de las obras, apunta a la judicialización de un proyecto en el que podrían ampararse miles de ciudadanos.

Los enterados saben que el gobernador de Chihuahua, en la encrucijada política de su gobierno, y al que le urgen obras, principalmente en Ciudad Juárez, donde se concentra la mayoría de los votos para la sucesión 2021, se juega sus últimas cartas y a un alto costo político, por los evidentes errores que los proyectos de obra concentran y que, de acuerdo a los especialistas, la totalidad de las obras no podrán ser concluidas en los tiempos fijados.

La ‘socialización’ del proyecto para la ejecución de las obras, apoyan el plan inicial que contempló el gobierno estatal antes de la llegada del exalcalde panista Gustavo Elizondo Aguilar a la secretaría estatal de comunicaciones y obras públicas, y que derivó en la renuncia del exsubsecretario de obras públicas, Andrés Carbajal Casas, a quien personalmente el gobernador (Javier Corral) invitó a incorporarse a su gobierno en Juárez en 2016, pero quien decidió presentar su renuncia al no estar de acuerdo con los presuntos manejos turbios del nuevo titular de obras en el estado.

A partir de entonces, la fricción generada entre ambos personajes y las denuncias públicas que marcaron el mal comienzo del secretario de obras públicas, Gustavo Elizondo, señalado por actos de presumible corrupción en la adquisición de vialetones durante su paso por la administración del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, ha puesto en predicamento la sumisión de un gobierno a intereses facticos económicos en el manejo, planeación y distribución del ejercicio de millonarios fondos para la realización de las obras inscritas en el plan estatal recientemente anunciado por el mandatario.

Un grupo de empresarios que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez se encuentran sorprendidos de la diferencia de proyectos –ambos propiedad del mismo gobierno del estado-, y en los cuales los secretarios de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega Arizpe, de Obras Públicas, Gustavo Elizondo, de Desarrollo Urbano, Luis Felipe Siqueiros y su segundo de abordo, Salvador Barragán, además del representante del gobernador, Mario Dena Torres y el director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Sergio Madero, han tomado ‘partido’ para apoyar la ejecución del proyecto de los puentes ‘enanos’, que está plagado de errores y que no cumplen con la normatividad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

El anhelado plan de obras para Juárez que tiene en la ejecución de los puentes un capital político de envergadura para el gobierno de Javier Corral, escalará mediáticamente en las próximas semanas, y de los resultados de la campaña de socialización y de los cambios que pueda realizar el gobierno de Chihuahua, dependerá la decisión de no recurrir a la vía judicial mediante el amparo.

Por cierto, sépase que a la reunión del pasado viernes en el Cepia, a donde fueron convocados algunos ciudadanos que serán parte activa del plan, llegaron los ‘espías’ del subsecretario de Desarrollo Urbano, Salvador Barragán, el mismo funcionario estatal que fue denunciado por golpear y empujar al empresario Manuel Sotelo Suarez, quien desde hace semanas se ha opuesto a la ejecución de un proyecto que también afectará al sector del transporte que representa.

Habrá que ver que dicen los constructores que representa Luis Mario Baeza Cano y los ejecutivos de INDEX que representan a la industria maquiladora, que por cierto, será otro de los sectores severamente afectados en el nuevo y ambicioso plan de obras del gobierno del estado.

Inverosímil la ‘libertad’ de Yáñez /

Sucede sólo en nuestro México surrealista. La libertad de Ricardo Yáñez Herrera, ex director del Registro Civil y ex Secretario de Educación durante la administración de César Duarte, acusado de peculado agravado en el escándalo de los 246 millones de pesos, terminó en un asunto de ‘burla’ del gobierno de Javier Corral.

Al exfuncionario se le otorgó el beneficio preliberacional tras un acuerdo para pagar en plazos 221 millones que debe reintegrar al erario estatal.

Lo increíble es que el gobierno le ha concedido todos los beneficios para que el exfuncionario pague esa cantidad hasta marzo de 2021, cuando si apenas ha logrado reintegrar con el apoyo de familiares, financieras y bancos cerca de 24 millones de pesos.

Un acuerdo entre la defensa de Ricardo Yáñez y el Ministerio Publico para que deje la cárcel y pague hasta 2021, porque de lo contrario nuevamente lo meten a prisión. De verdad, de risa y burla. Una bofetada para la sociedad, y un tache para el gobierno de Javier Corral.

Y si Yáñez se dice inocente, y pagará y repondrá la totalidad del daño, la lógica de la justicia -si acaso existe-, apunta a que debe liberarse también a la exfuncionaria estatal de cuarto nivel de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Karla Areli Jurado Bafidis, quien hace año y medio, acusó al gobierno estatal del panista Javier Corral y a la fiscalía estatal de presionarla psicológicamente, y hasta amenazarla con una sentencia de 12 años, si no aceptaba ser la responsable del robo de los 246 millones de pesos y de ser ‘testigo protegido’ para declarar en contra del exgobernador César Duarte y de otros exfuncionarios.

El estado se habría ensañado desde entonces en contra de la novel funcionaria estatal, y se trata del mismo delito por el cual se sentenció a Ricardo Yáñez a cuatro años de prisión, y quien fue liberado el pasado fin de semana, bajo la condición de que firme mensualmente y pague en plazos más de 221 millones de pesos.

Como lo comentamos desde aquel tiempo en Torre Fuerte, SkipKarla Areli Jurado Bafidis expuso en una entrevista al periódico de La Jornada:

“Tuve mucho miedo de pasar 12 años en la cárcel. Yo jamás supe de ese dinero. Estaba a cargo de una oficina, no de la administración de la secretaría, como lo han presentado. Llevaba apenas cuatro días trabajando cuando se dio la desviación del dinero”.

Afirmó entonces que su juicio estaba lleno de irregularidades, puesse violaron todas las leyes y garantías constitucionales, porque para acusarme nunca me enviaron citatorio. Me detuvieron sin orden de aprehensión, me incomunicaron y obligaron a firmar para estar en un juicio abreviado lleno de mentiras y verdades a medias”.

Todo hace pensar pues que si el presunto responsable (Yáñez) pagará por los daños, la empleada acusada del mismo delito, debe salir libre de prisión.

La libertad, verdaderamente de fábula conseguida por la defensa del ex secretario de educación, Ricardo Yáñez, fue obtenida por las cinco condicionantes impuestas por el Juez Luis Carlos Reyes: (1) Habitar en un domicilio y no cambiar de residencia para recibir notificaciones legales, (2) Acudir mensualmente a estampar la firma a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, (3) En 30 días debe conseguir trabajo, pero tiene inhabilitación de 4 años para ejercer algún cargo público, (4) Dejar un número telefónico de casa para localización y (5) cumplir el convenio de pago de un total de 221 millones de pesos.

Así de fácil y barato le salió a Ricardo Yáñez el chistecito del grave delito de peculado que le fue imputado.

Van ‘Teto’ y Loaeza por MC en 2021 /

El dos veces ex alcalde de Juárez, el priista Héctor ‘Teto’ Murguía va a la sucesión política de 2021 en Chihuahua y lo hará, según los enterados mediante una candidatura externa por el Partido de Movimiento Ciudadano (MC), el partido del senador veracruzano Dante Delgado Ranauro.

Teto conforma un nuevo equipo político con el exalcalde suplente del gobierno independiente, Alejandro Loaeza, y por consiguiente también con Polo Canizales, por cierto uno de sus estrategas de la campaña de 2004, junto a los agrónomos de la desaparecida ESAHE, Jesús ‘Chuy’ Barragán y Temo Reyes Castro, que le metieron canilla para que Teto Murguía apareciera como el candidato del PRI a la presidencia municipal en aquel año, y aún en contra de la voluntad y el ‘gallo’ que tenía el exgobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García.

Alejandro Loaeza y Teto Murguía volvieron a reunirse hace unos días en el comedero de mariscos Las Américas, y de allí trascendió que el equipo para 2021 va con Teto como aspirante a la gubernatura de Chihuahua, y Alejandro Loaeza –no Polo Canizales, como lo citamos hace unos días- como el aspirante a la alcaldía en el Ayuntamiento de Juárez.

También fue visto con ellos un conocido periodista quien no tuvo ningún inconveniente en tomarse la foto con sus dos viejos amigos.

La presencia del periodista solo circunstancial y de cortesía política, la reunión de Teto y Alejandro, un nuevo ‘pacto político’, que busca con capital político y económico incidir en las elecciones de gobierno de 2021.

Hasta donde se sabe y con los cambios y movimientos en el PRI, el exalcalde Teto Murguía ha decidido permanecer en bajo perfil. Pero pronto se sabrá el derrotero y la verdadera ‘voluntad’ del también exsenador manifestada en pesos y centavos, por figurar como el aspirante y candidato al gobierno por Movimiento Ciudadano. No sea que todo sea mera publicidad del Teto para presionar al partidazo.

Embestida contra el PES en el Congreso /

Asunto de máxima prioridad en contra de los panistas y en apoyo, directo o indirecto a los morenistas, la nueva embestida que prepara el diputado priista, Omar Bazán Flores, que exigirá al presidente del Congreso de Chihuahua, la disolución del Partido Encuentro Social (PES) que como grupo –no como partido- se mueve al interior del poder legislativo, con aspiraciones y apoyo de Palacio.

No es ningún manco Misael Máynez que al ‘calorcito’ que le dan, se deja querer por los azules, especialmente ahora que los del partido de Fernando Álvarez Monge buscan aliados para mantenerse con la presidencia del Congreso del Estado, a escasos días de los cambios de mesa directiva programados para el 1º de septiembre.

Se espera que hoy mismo Bazán pida la disolución del PES, y tiene como objetivo, ni más ni menos, que impedir la posibilidad de que el PAN formalice una alianza para mantener la hegemonía de poder y la presidencia del Congreso. Solicitará de urgente resolución, acatar la sentencia de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por lo pronto en intramuros del Poder Legislativo, se escucha que ante el desobediencia a dicha sentencia judicial, los diputados locales pueden caer en la figura de desacato.

 

Paterfamilias hartos de robo en escuelas /

En la víspera del regreso a clases de miles de estudiantes para el periodo 2019-2020, salen a relucir actos de corrupción de asociaciones de padres de familia y de directivos de planteles educativos.

Hace apenas unos días, el presidente de la asociación de padres de familia de la Escuela Secundaria  Federal número 13 denunció a la tesorera Sandra Luz Rangel Cepeda, como probable responsable del delito de abuso de confianza genérico.

La mesa directiva de la asociación confirmó el pasado viernes que la tesorera probablemente sustrajo más de 200 mil pesos; el dinero corresponde a las cuotas voluntarias que los padres de familia aportaron por concepto de inscripción para el ciclo escolar que inicia este lunes, según dio a conocer Brenda Baylón, directora del plantel.

La denuncia fue interpuesta el pasado 24 de agosto ante el Ministerio Público por Mauricio Granados Cano, presidente de la asociación, establece la carpeta de investigación 37-2019-0030393.

Pero hay otro caso que detonará en los próximos días. El caso de la escuela Secundaria Federal Numero 16, donde los padres de familia están en contra de los manejos internos, económicos y de personal de la directora, Sandra Luz Aragón Tena.

La directora de esa escuela lidera a una ‘mafia’ de profesores que hacen negocio en el plantel y que han afectado en perjuicio de los estudiantes el nivel de la educación.

No hay oposición a mejoras en la infraestructura, adquirir equipo o materiales diversos para la escuela secundaria federal 16, y por lo cual se realizan desde hace tiempo actividades, pero el problema es la opacidad y/o falta de transparencia en el manejo y la utilización de los dineros. Y los padres de familia ya están cansados.

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