“¿Cómo es posible que se hagan pendejos y que incumplan?”, cuestionó Martín Aguilar en su última declaración pública en alusión a la operación política que se le endilga al gobernador Javier Corral Jurado y a la abogada Lucha Castro…

TORRE FUERTE

*Lucha Castro, por la ‘puerta trasera’

*Congreso: ‘No me ayudes compadre’

*Joob Quintín, sin apoyo, ni respaldo

*Oficializan elección de jefe policiaco

*Despacho de cobranza se va ‘grande’

 

Lucha Castro, por la ‘puerta trasera’ /

Se fue la abogada Luz Estela ‘Lucha’ Castro, pero lo hizo por la ‘puerta trasera’ de Palacio, y en medio del más sonado escándalo de corrupción que envuelve al Poder Judicial del Estado de Chihuahua (PJE) en los últimos nueve años, incluidos por supuesto, los ‘aportes’ hechos en la materia durante el sexenio pasado del exgobernador prófugo del estado de Chihuahua, el priísta César Duarte Jáquez.

El caso de Lucha Castro, de la Judicatura y del Poder Judicial, es otro ejemplo más de la intromisión del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado y de la falta de respeto y autonomía a otro de los poderes en la entidad. El último fue el pasado sábado 14 de septiembre sobre el Poder Legislativo.

La coordinadora del Consejo de la Judicatura y también abogada de la organización ‘Nuestras Hijas de Regreso a Casa’, protegida por el mandatario estatal, e íntima amiga también de la primera dama del estado, Cinthia Chavira, salió por ‘piernas’, más que por la voluntad del jefe del Ejecutivo, que debió haberla retirado a tiempo y tras los señalamientos de corrupción en el Superior Tribunal de Justicia del Estado (TSJE).

Oficialmente la consejera Lucha Castro presentó su renuncia al cargo como consejera, y el argumento fue su padecimiento de una dura enfermedad que la obliga a separarse de la función pública, justo 24 horas después de los señalamientos y la exigencia que hiciera un grupo de abogados de Ciudad Juárez que exigió la desaparición de la Judicatura, en medio de un litigio contra presuntos actos irregulares en la constitución de dicho órgano del Poder Judicial del Estado.

Ya en la capital se habla de un reemplazo y de la incorporación de Irma Villanueva quien preside la Comisión de Atención a Víctimas del Delito (CAVD), y quien se haría cargo de la coordinación de la judicatura en un nombramiento que tendrá que aprobar primero el Congreso del Estado, y posteriormente, sancionarlo también el Superior Tribunal de Justicia de Chihuahua.

La exabogada del Barzón, integrante también de un grupo de amigos del gobernador de Chihuahua que fueron incluidos para participar en el gabinete en 2016 tras la sorpresiva victoria electoral del Partido Acción Nacional (PAN), apenas volvía de su período vacacional y decidió formalizar su renuncia al cargo por motivos de salud (cáncer en los ovarios), según público el pasado 20 de agosto un periódico de la capital.

Coincidencia o no, apenas unas horas antes de la renuncia de Lucha Castro, el abogado Martin Aguilar Perón, había pedido la desaparición del Consejo de la Judicatura luego del amparo que fue promovido hace meses en contra de las presuntas irregularidades encontradas en los exámenes de oposición para ocupar los cargos de Juez, cuya tarea por cierto, fue operada políticamente por la abogada Castro Rodríguez.

Ya un grupo afín a Martin Aguilar y compañía, se mueven para pedir al Congreso del Estado, a través del diputado del PRI, Omar Bazán Flores, con quien se han establecido acuerdos, que se presente una solicitud de “desaparición” del Consejo de la Judicatura, órgano responsable del “mal manejo” en la pasada elección de 54 jueces y magistrados.

Los abogados inconformes, y opositores al gobierno del ‘Nuevo Amanecer’ habrían solicitado también –como lo dijimos hace algunas semanas aquí en este espacio de Torre Fuerte-, que se finque responsabilidad legal sobre los actores políticos en la entidad.

Al decir del abogado Aguilar, un grupo de 340 abogados, además de organizaciones sociales sin filiación partidista, estarían solicitando la desaparición de la Judicatura y el castigo a los artífices de todas las irregularidades en el nombramiento y selección de los 54 jueces y algunos magistrados.

“¿Cómo es posible que se hagan pendejos y que incumplan?”, cuestionó Martín Aguilar en su última declaración pública en alusión a los manejos y a la operación política que se les endilga al gobernador Javier Corral Jurado y a la abogada Lucha Castro.

El abogado asegura que la participación de Javier Corral en la selección de sólo  algunos, alrededor de 20 de los 600 aspirantes a los puestos de jueces y magistrados es muestra de su intromisión y participación del mandatario, que no tenía ninguna obligación en el Poder Judicial del Estado.

En el concurso de oposición participaron 76 aspirantes en materia familiar, 122 para salas civiles, 299 en materia penal y 10 mixtos. Y en cuanto a cargos de magistrado fueron 24 en materia familiar, 18 en lo civil y 53 en materia penal.

Con los amparos a su favor y la ‘renuncia’ de Lucha Castro en el Consejo de la Judicatura, cualquiera diría que el abogado Martin Aguilar sabe lo que trae en los expedientes y tiene bien agarrado de los ‘güevos’ al señor gobernador de Chihuahua. Ya lo sabremos.

Ese el entorno que aguarda al gobernador de Chihuahua, al presidente del Supremo, Pablo Héctor González y, a la hasta ayer, coordinadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, Lucha Castro Rodríguez.

La presión social y política de los abogados, la renuncia y la enfermedad que aqueja a la abogada, mera coincidencia.

 

Congreso: ‘No me ayudes compadre’ /

El diputado Miguel Ángel Colunga Martínez, coordinador del ‘rebaño’ de los morenistas en el Congreso del Estado bien puede decirle a su presidente del partido político de Morena en el estado de Chihuahua, el profesor Martin Chaparro, “no me ayudes compadre”.

Chaparro salió a medios ayer con una declaración que pone como ‘lazo de cochino’ a los diputados de su partido en la sexagésima sexta legislatura del Congreso del Estado, a quien los acusa de una nula coordinación al interior del grupo parlamentario.

Y es que si apenas Chaparro había declarado y recomendado a la fracción del Grupo Parlamentario de Morena la necesidad  y “deber” de impugnar la mesa directiva de protesta, y desconocer las acciones legislativas de los diputados impuestos como miembros de esa mesa, cuando luego salió con su desafortunada declaración, que prácticamente le corto las ‘alas’ al grupo de diputados.

Bueno, fue un gesto de honestidad de Martin Chaparro que seguramente no le fue pedida en un momento coyuntural desafortunado.

Dijo así: “El coordinador de la bancada de Morena (Miguel Ángel Colunga) y el resto de la fracción parlamentaria tienen que reconocer que lo que está sucediendo en ese cuerpo legislativo y específicamente en nuestra fracción es producto de una nula coordinación  al interior de nuestro grupo parlamentario y dejar de señalar culpables fuera de ese ámbito”. Zas!!

Chaparro comentó que si bien es cierto que el proceso de nombramiento que violentó la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interno de Prácticas Parlamentarias , para evitar que Morena asumiera la presidencia de la mesa directiva es a todas luces una acción dictada desde Palacio de gobierno e implementada por diputados sumisos de la fracción panista, que son capaces de violentar las normas con tal de agradar a su jefe, la debilidad de nuestro equipo (Morena) crea las condiciones propicias…”

El presidente de Morena también le dio el espaldarazo a la diputada Ana Carmen Estrada que fue integrada a la mesa directiva, al señalar que Morena no da “línea” a sus diputados. Ellos son adultos y tienen la libertad de actuar en el sentido que quieran, dijo el presidente de ese partido político en Chihuahua.

La diputada y su papel en el Congreso, están bajo el escrutinio de la militancia, y será la que ratifique, la que señale o la que le retire el apoyo aquel compañero que no cumpla con los compromisos partidarios, apegado a la filosofía y principios de Morena.

Y ni cómo ayudarle al líder estatal de Morena. -Mejor ‘no me ayudes compadre’-, y eso sí puede decirle, al oído, o abiertamente el diputado Miguel Ángel Colunga a Martín Chaparro.

Qué barbaridad!.

 

Joob Quintín, sin apoyo, ni respaldo /

El líder del comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Joob Quintín Flores Silva decidió echar, ahora sí, literalmente, ‘la casa por la ventana’, pero lo hizo muy solo y con un puñado de colaboradores que valientemente lo acompañaron en la primera sesión (Junta Informativa) en colonias populares de Juárez.

Como el ‘Quijote’ contra los molinos de viento, el presidente del PAN encabezó la primera junta con apenas poco más de diez personas en la ‘Hacienda de las Torres’, allá por donde da vuelta el aire al sur de Ciudad Juárez.

Hizo lo mismo en el fraccionamiento Roma.

Fue casi, diríamos, un acto ‘suicida’ del líder municipal que en el marco del 80 aniversario del PAN se ha echado el reto de sacar al partido a las colonias, “acercar al PAN a la militancia”, así como para escuchar las propuestas y la problemática de los ciudadanos en los lugares donde habitan.

“Dimos inicio a uno de los compromisos de campaña con todos los panistas, así como para con todos los juarenses”, dijo Joob.

El líder albiazul se solazó con los vecinos en torno a lo que está sucediendo con los problemas de seguridad, bacheo, alumbrado público y otros, que aquejan a todos los juarenses. Un franco estado de abandono por parte de la autoridad municipal.

Bien por Joob Quintín, pero muy mal por parte de otros directivos al partido político ligados al gobernador de Chihuahua, que siguen dejando a ese partido abandonado. Los regidores del PAN, Enrique Torres Valadez y Amparo Beltrán, ni sus luces.

 

Oficializan elección de jefe policiaco /

En asunto de mero trámite, los regidores del Cabildo aprobarán hoy la designación del nuevo secretario de seguridad pública, Raúl Ávila Ibarra como titular de la policía.

Se cumplirá el protocolo para legitimar la llegada de Ávila a la corporación policiaca.

Será el quinto titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en los tres últimos años desde la elección del alcalde independiente, Armando Cabada en 2016.

Los cuatro anteriores jefes de la policía fueron, el ex fiscal general del Estado, Jorge González Nicolás, el exjefe de la Policía Estatal Única (PEU), Pablo Ernesto Rocha, el abogado Sergio Almaraz, exdirector jurídico de la policía municipal y el exjefe de la policía saliente, Ricardo Realivázquez Domínguez.

Para cumplir con las formalidades, se designará una terna de candidatos que será sometida al Cabildo para que los regidores voten por Raúl Ávila Ibarra. No se prevé margen de error, ni equivocación. La orden viene de arriba, de mero arribota.

Hay un acuerdo tácito de los regidores de Morena, el PAN y los independientes a favor de la figura del comisario Raúl Ávila, que fue responsable de una de las áreas de seguridad durante el sexenio de César Duarte en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

Es un hombre con experiencia en temas de seguridad y un hombre a quien le han conferido poder para controlar los problemas de violencia y crimen surgidos en Ciudad Juárez.

El polizonte ya tiene callo y ‘carácter’, dicen, para tratar con los más desalmados criminales de la región. Ya se verá. Es el ‘elegido’ y recomendado de las nuevas autoridades de la 4T y de los poderes fácticos e intereses que se mueven también alrededor del crimen organizado.

 

Despacho de cobranza se va ‘grande’ /

Un proveedor de gobierno detectado por la sindicatura se va ‘grande’.

Cobró 13.5 millones de pesos para recuperar cuentas y adeudos de multas a ciudadanos anteriores a 2016, y también adeudos recientes, según el informe de la auditoría DCA/TM/006/2018. Y ‘ganó’ ese dinero en tiempo récord.

La sindicatura detectó irregularidades en la tesorería municipal y saco a colación que el despacho contratado, para cobrar exclusivamente multas de tránsito de las llamadas de difícil recuperación, debido a su antigüedad, de 2016 y años anteriores, exigió indebidamente el pago de adeudos derivados de infracciones muy recientes.

“El despacho de cobranza ganó 13 millones 521 mil pesos cobrando multas, solo durante el periodo 1 de enero al 31 de marzo de 2019”, difundió NorteDigital.MX

La sindicatura a cargo de la exdiputada local de Morena, Leticia Ortega concluyó que, a partir de un análisis de pólizas de ingresos, se pudo detectar que lejos de reflejarse un incremento en los ingresos –porque ese fue el objetivo de la contratación de ese despacho-, los recursos disminuyeron.

Lo extraordinario es que de las 18 mil 658 multas, solamente 667 correspondían a años anteriores a 2016, y el resto se desprende de multas que presentaban adeudos durante los últimos tres años: 2017, 2018 y 2019.

Del escándaloso ‘saqueo’, algo o mucho tendrá que decir y explicar el señor tesorero, Gerardo Ronquillo Chávez.

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