El Capo di Tutti capi lució contento en el arranque de las obras el pasado jueves. Anduvo sonriendo, haciendo bromas y tomándose fotografías al lado de la gente y de los nuevos políticos de Ciudad Juárez…

TORRE FUERTE

* Va Canacar vs el ‘Capo di Tutti capi

*Operación cicatriz, el reto en el PRI

*Caso Vicente, un ‘garbanzo de a libra’

*Manipulación de recursos en Estancias

*Denuncian extorsión en la FGE

 

Va Canacar vs el ‘Capo di Tutti capi/

Si por la víspera se conocen los días, le viene una monumental bronca al secretario estatal de Comunicaciones y Obras Públicas, Gustavo Elizondo Aguilar, tras el recién inaugurado comienzo del puente elevado en las avenidas Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, cuyas obras se ejecutan con recursos del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos, que anticipa la posible participación del gobierno federal por la intervención y quejas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) a nivel nacional.

El gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que no hace más de una semana dio el banderazo a las obras, acompañado del alcalde Armando Cabada y del titular de obras públicas, el exalcalde de Juárez, Gustavo Elizondo, en la que por ciento también apareció el ‘Capo di Tutti capi’ de los políticos panistas enquistados en el poder, el exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, enfrentaría la oposición de ese organismo privado a nivel nacional.

Las obras de siete puentes previstos con las mismas características afectarían paralelamente al transporte, a la industria y al comercio, en una visión cortoplacista del gobierno de Javier Corral, que habría decidido tirar a la basura cientos de millones de pesos presupuestados en las obras.

El asunto discutido muy ampliamente en el seno del consejo del Fideicomiso de Puentes en el que participan actores de la vida política y privada de Chihuahua vivió sus estertores y hasta la agresión de uno de los funcionarios menores de Desarrollo Urbano en el gobierno, que llegó hasta la agresión en contra del presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, Manuel Sotelo Suárez que entonces se oponía a las obras en cartera del gobierno, que ya anticipaba dejaría fuera a las unidades de transporte de carga en aquella importante ruta.

El incidente suscitado entonces le importó menos que un comino al gobernador Javier Corral, que decidió junto con sus funcionarios de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas, Luis Felipe Siqueiros Falomir y Gustavo Elizondo continuar con el plan de obras, que por igual ha sido cuestionado en su conjunto por parte del exsbsecretario de obras públicas en Juárez, Andrés Carbajal Casas, amigo del gobernador de Chihuahua, y quien le renuncio al mandatario estatal, cuando cuestiono la honestidad y la capacidad del nuevo titular de Obras Públicas, Gustavo Elizondo.

Y si el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador se avienta el tiro para detener la canalización de los recursos de un proyecto presuntamente mal planeado en las especificaciones de la altura y de los carriles, que fue modificado de origen, el gobierno de la 4ª transformación tiene justo en el exfuncionario estatal de obras públicas al mejor de los sinodales que puede encontrar muchos de cientos de kilómetros a la redonda.

El intrincado asunto de la obra pública, que amenaza con paralizar momentáneamente la ejecución de las obras confirma también la hipótesis de los intereses económicos de grupo del que estaría detrás, según afirman algunos, Pancho Barrio, que sin aparecer en la estructura del gobierno de Chihuahua, es el verdadero promotor e impulsor de proyectos que benefician a un grupo político y empresarial en el poder público de Chihuahua.

Su aparición en el arranque de las obras, invitado por su pupilo, el gobernador Javier Corral y su protegido, Gustavo Elizondo Aguilar no fue fortuito.

El Capo di Tutti capi lució contento en el arranque de las obras el pasado jueves. Anduvo sonriendo, haciendo bromas y tomándose fotografías al lado de la gente y de los nuevos políticos de Ciudad Juárez.

De hecho el presidente de los transportistas en Juárez, Manuel Sotelo Suárez que convocará a conferencia de prensa mañana miércoles en uno de los hoteles de la localidad tiene de facto un doble reto:

Alinear a los intereses de la industria, el comercio y el transporte, a los organismos privados y cámaras empresariales, que se supone deben estar a favor de un proyecto de obra amplio y de largo plazo, y también convencer a la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga a elevar la protesta ante el gobierno de la 4ª transformación para evitar el dispendio de recursos en una obra, que no hace mucho, fue calificada por el exsubsecretario de obras públicas de la frontera, Andrés Carbajal como proyecto de ‘puente al revés’, de obras que forman parte de una misma estructura de hace 50 años, cuyo modelo se quiere imponer, por diversas razones, a Ciudad Juárez.

Tenga la seguridad que el asunto de las obras que se ejecutan con dineros de los puentes internacionales entre El Paso y Juárez, ya está en manos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Malas noticias para la ‘cofradía’ que encabeza Francisco Barrio: el gobernador Javier Corral, el exalcalde Gustavo Elizondo y el titular de Desarrollo Urbano, Felipe Siqueiros.

Lo peor viene con la inmediata, necesaria y urgente auditoria de recursos en los puentes del Fideicomiso de Puentes Internacionales en la oficina que maneja Sergio Madero, a quien por cierto, los hombres de arriba, ya candidatean como futuro y posible candidato del PAN a la alcaldía de Juárez en 2021.

Operación cicatriz, el reto en el PRI /

Después del festín y la algarabía por el triunfo político del ejercicio inédito, en el que por vez primera los priistas eligieron a su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como ‘Alito’ viene el principal reto del PRI para meterse de nuevo cuenta a la ‘competitividad’ como partido político de cara a las elecciones de 2021.

La necesaria ‘operación cicatriz’ dentro y fuera de las estructuras del partidazo a nivel nacional, que tiene una severa crisis en algunas entidades como en Chihuahua, donde el priismo está materialmente destrozado y dividido entre los grupos de poder político.

Aquí los priistas con Oscar Nieto, Fernando Mota Allen y Wilfrido Campbell, festinaron la proeza de haber alcanzado 10 mil 108 votos, correspondiente a poco más del 10 por ciento del padrón de 90 mil priistas que se supone participarían en la elección interna en Ciudad Juárez.

10 por ciento más de la participación del padrón, que comparado a las peores crisis de participación en elecciones constitucionales, donde apenas vota el 30 por ciento, el ejercicio de la elección interna resultó todo un éxito. Los priistas saltaron de gusto.

Pero la realidad es que no todo es ‘miel sobre hojuelas’, la elección y ejercicio del pasado domingo, donde la gente de Alejandro Moreno se impuso a Yvonne Ortega y a Lorena Piñón, ha traído consigo también una mayor y profusa división que tendrá que requerirá de una urgente operación cicatriz, en un paciente que se debate entre la vida y la muerte. No es cosa menor lo que le sucede a los priistas.

Los señalamientos siempre ‘infaltables’ sobre irregularidades en la elección del pasado domingo por parte de los seguidores, particularmente de Yvonne Ortega, abona a una crisis de emergencia en el nuevo PRI que comandará el gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno.

Y sucede en todos los partidos, porque imagínese que después del triunfo político de Moreno, hasta donde irá a parar el ego del líder estatal, Omar Bazán Flores, que siempre se declaró afín a Moreno, y amigo de la coordinadora nacional de la campaña, la exsenadora Graciela Ortiz González, de quienes no pocos aseguran, es la única al interior del PRI que podría volver a unir a las diferentes corrientes y grupos políticos en la entidad.

El PRI de Chihuahua está dividido en los grupos políticos que encabezan, los exgobernadores José Reyes Baeza; César Duarte y Patricio Martínez; los exsenadores Graciela Ortiz González; Lilia Merodio y ‘Teto’ Murguía, y de la gente que en Chihuahua comulgan con los expresidentes municipales, Enrique Serrano Escobar y hasta con Javier González Mocken que decidió jugar en la elección pasada con los intereses del partido de Morena.

Hay ganadores y perdedores, y toda una pléyade de figuras políticas que como los exdiputados federales, ‘Tony’ Meléndez; Adriana Terrazas; Adriana Fuentes; Luis Murguía; Alejandro Cano, o gente como Guillermo ‘El Negro’  Márquez, Fermín Ordoñez y Alejandro Domínguez, tendrán que relanzar sus proyectos para mantenerse en el estrado de la política.

Será indiscutiblemente una operación cicatriz de pronósticos reservados, y seguramente una condición sinequanon, para que el PRI regrese a las trincheras de la competitividad en la batalla política.

Caso Vicente, un ‘garbanzo de a libra’ /

Nos amanecimos este martes con la detención del supuesto promotor de eventos, Francisco L.G, el mismo sujeto que habría prometido traer al cantante Vicente Fernández a un evento del 15 de septiembre a Ciudad Juárez, y quien le habría sacado con la facilidad del adulto que le quita un dulce a una niña, 1.2 millones de pesos a Blanca Martínez  Moreno, la excontralora del gobierno municipal en la administración 2004-207 que encabezó el priíista, Héctor ‘Teto’ Murguía.

Fue un caso meramente fortuito, que coincide en el marco de los señalamientos que ha hecho la columna política de Torre Fuerte, en contra de la exfuncionaria que participó en los diferentes gobiernos municipales del PRI, que tiene en la palestra a los exalcaldes Héctor Murguía, Enrique Serrano Escobar, Javier González Mocken, y hasta el independiente Armando Cabada, y de la que se presume mayor responsabilidad de la que muchos suponen. Especialmente por omisión y negligencia de quien se supone es la responsable de vigilar los recursos al interior de los gobiernos.

Francisco L.G, detenido hace unas horas por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, es quien junto con otro personaje, el responsable de haber engañado a los funcionarios del gobierno municipal en aquel año (2006), y cuya demanda fue interpuesta por “fraude” cometido en perjuicio del municipio.

De hecho hace apenas unos días, un conocido promotor de artistas y gente de la Radio, consultado por este columnista sobre aquel viejo caso, había referido que los hombres que habían engañado a los funcionarios de Teto Murguía, habían pasado una vida de ‘Reyes’ en Cancún, hasta que se  les acabó el dinero y volvieron a las ‘andadas’.

El promotor de ‘Star Production’ recibió 1 millón 230 mil 694 pesos de anticipo, ya que conto que si el gobierno no le entregaba ese dinero a la brevedad, el artista seria contratado en Las Vegas, Nevada. Y ese fue el motivo por el cual la excontralora del gobierno decidió que se le entregara sin mayor problema el dinero.

La reacción del gobierno fue muy tardía, y la detención de Francisco L.G, por el caso de Vicente Fernández, citado justamente el pasado viernes en esta columna política, un ‘garbanzo de a libra’ que a nada contribuye a la ‘carga’ que se le endosa a Blanca Estela Martínez Moreno por su responsabilidad ‘de facto’ en el multicitado caso del Plan de Movilidad Urbana (PMU) donde existe una denuncia por presuntas irregularidades que alcanza el monto de los 500 millones de pesos.

Si existe verdadera voluntad política, el caso de la exfuncionaria que participó en los diferentes gobiernos, y que es ‘factor común’, arroja material y mucha información de por medio que da materia para ser incriminada judicialmente como presunta responsable en el PMU.

No en vano, hay otros asuntos e incidentes que fueron en aquellos a parar en denuncias a la entonces Procuraduría General de la Republica (PGR), por presunto ‘lavado de dinero’ y que tienen, coincidentemente, relación con la misma exfuncionaria publica por tratarse de ‘empresas’ de proveeduría, cuyos documentos pasaron por sus manos en el gobierno.

Empresas de ‘Sociedad Anónima’ y ‘Capital Variable’ que ganaron contratos con el gobierno municipal en la que Blanca Martínez Moreno era la Directora de la Contraloría.

Nombres como ‘Grupo Chihuahua XXI’, ‘Escorpión Negro’, propiedad del empresario Saulo Reyes Gamboa, posterior jefe de la policía, detenido por narcotráfico en El Paso, así como, “Provunisa”, “Comernorte”, “Consorcio Internacional” y “Quetzalcoátl”, citadas en un artículo del periodista Carlos Huerta, hoy vocero de la Fiscalía del Estado, son empresas que seguramente debe reconocer la exfuncionaria de la Contraloría.

Y créalo o no, todavía en 2015, ‘empresas Escorpión Negro’ participó  todavía en la licitación de contratos para proveer chalecos antibalas a la policía, donde de nueva cuenta la contralora del gobierno y la responsable de vigilar los dineros era Blanca Estela Martínez Moreno.

Como colofón de lo increíble, y de lo que sólo sucede en un México ‘surrealista’, la funcionaria en mención fue ‘premiada’ por el gobierno de Enrique Serrano Escobar que decidió ponerla en la lista de los ‘jubilados’, de quienes tienen derecho –merecido o no-, a percibir ingresos del gobierno, y sin la necesidad ya de prestar sus servicios.

Demasiada omisión y silencio en los gobiernos, según creen algunos, la hizo ‘merecedora’ de la jubilación.

Manipulación de recursos en Estancias /

La directora general de Desarrollo Social, Marisela Vega sigue haciendo muy mal las cosas en la administración del alcalde Armando Cabada Alvídrez, y ya se le vieron los ‘chones’.

Trascendió que la inocultable manipulación de información de cifras en el programa de ‘Rescate de Estancias Infantiles’ que tanto presumió por sus bondades el mismísimo secretario técnico, Víctor Valencia de los Santos -que no contaba con que el programa se iba a convertir en un ‘batidero’ por la falta de oficio político de la directora de Desarrollo Social-, ha sido puesto en serio predicamento.

Ya la información fluye desde los mismos Centros de Bienestar Infantil, de donde se sabe que no son pocos las Estancias Infantiles que han sido dejadas fuera de los apoyos del gobierno, porque simplemente se visitaba a los padres en sus viviendas en horas laborables. Lo que en automático representaba que quedarían fuera de los apoyos del gobierno de Cabada.

Los mismos padres y madres de familia se han encargado de llevar sus protestas al interior de la oficina de Desarrollo Social, quien simplemente ha hecho oídos sordos a las peticiones.

Solo unas cuantas becas a instancias infantiles, mientras que a los Centros de Bienestar Infantil ‘Adonai’, ‘Primavera’ y ‘Mundo Feliz’, todas presuntamente propiedad de una misma persona, le llegan cheques mensuales superiores a los 70 mil pesos.

Pero hay datos duros. De las mil 99 becas a las que el presidente municipal se comprometió para apoyar en el plan de rescate a las Estancias Infantiles, solo se están entregando 180  entre 70 estancias infantiles. Es decir, nos cuentan, que de dos a tres becas por estancia.

Manipulación de cifras e información que se le endilga a Marisela Vega, titular de Desarrollo Social.

Hay mucha suspicacia de la gente y entre las familias sobre el verdadero destino de los dineros. Exigen transparencia del programa de rescate, que se ha convertido en un “apoyo discrecional” a las directoras de los Centros de Bienestar Infantil, y quienes operan desde 2007 como parte del municipio de Juárez.

Isabel Quiroz y un abogado de apellido Medrano, se ufanan públicamente de que las estancias infantiles “se creyeron el cuento” de que recibirían apoyo del gobierno, cuando es la estructura de los Centros de Bienestar Infantil quienes apoyan al gobierno a la hora de hacer política.

Un caso delicado que pone entre la espada y la pared al presidente, y cuya responsabilidad es únicamente de Marisela Vega.

Muchas estancias infantiles localizadas en zonas de bajo índice de desarrollo están por cerrar y las quejas tocan ya las puertas del despacho del alcalde Armando Cabada.

Denuncian extorsión en la FGE /

La organización de Anapromex sigue poniendo en la ‘cruz’ a los policías ministeriales que siguen “extorsionando” a los propietarios de vehículos irregulares que circulan por las calles de la ciudad con engomados de esa agrupación civil.

Gilberto Núñez, líder estatal de Anapromex informó que se han documentado dos casos recientes, en las que agentes de la Fiscalía General del Estado haciendo gala de prepotencia y poder han extorsionado a los tenedores de autos.

La gente está siendo molestada y extorsionada en los ‘filtros’ que ponen los ministeriales en el sur y suroriente de la ciudad, donde son ‘cazados’ por las policías.

Núñez dijo que los ministeriales al amparo de un viejo convenio de colaboración que tiene la FGE con la Secretaria de Hacienda, que los “faculta”, pero que nada tiene que ver realmente con el caso de los autos ‘chocolate’, están engañando a los automovilistas, quienes son víctimas de extorsión.

Sigue en el ‘limbo’ el decreto de regularización que permitiría a las organizaciones ayudar a los tenedores de automóviles irregulares en territorio mexicano, y hasta en tanto no se resuelva y haya certidumbre por parte del gobierno, seguirá el temor de los propietarios de autos en diferentes partes del estado y del país.

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