No hay mejor copia fiel del desastre, sumisión de jueces y crisis que vive el aparato judicial, que la que representa el poder judicial en manos del ‘Javiduarte’. No quiera ver más en la cuestionada ‘saga’ de…

TORRE FUERTE

*El poder del ‘Javiduarte’ en el estercolero judicial

*Militares, los nuevos ‘porteros’ de las Aduanas

*Revocación de mandato ‘toca’ puertas

*Sí a la Ley de transporte, pero con incremento

*‘Milagrosa’ suspensión, prende cambios a reglamento

*Ciro Murayama del INE, hoy en Chihuahua

 

El poder del ‘Javiduarte’ en el estercolero judicial /

En medio del desparpajo y el cinismo de una ‘gavilla’ de magistrados que en el Poder Judicial ha servido únicamente a los propósitos del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, es urgente la ‘purga’ en todo el aparato que conforma la estructura judicial de la entidad.

El caso del consejero de la Judicatura del Estado, Joaquín Sotelo Mesta y las denuncias presentadas también en su momento por el grupo de abogados encabezados por Martin Aguilar Perón y compañía, quien jamás claudicó en la lucha por echar abajo el proceso irregular en la selección de jueces, tiene hoy en medio del ‘fuego’ a los 56 jueces que presuntamente fueron seleccionados y ‘palomeados’ semanas antes de que siquiera concluyera el proceso de los exámenes y posterior elección.

Todo fue una farsa y un montaje que se atribuye a la abogada Luz Estela ‘Lucha’ Castro, la operadora del gobernador en el desaseo interno y selección de jueces, que entraña todos los males, y únicamente visto, paradójicamente, en el sexenio del antecesor del gobernador panista.

Bien podría llamársele ahora al gobernador Javier Corral, el ‘Javiduarte’ de la administración estatal.

La frase célebre del ‘candiduarte’ pronunciada en aquél debate de la campaña política de 2016 en el Centro de Convenciones de la capital, donde el entonces el candidato del PAN (Javier Corral) señaló con índice de fuego y llamó ‘candiduarte’ a su opositor, el priista, Enrique Serrano Escobar, parece jugarle una mala pasada. Un karma que persigue al gobernador Corral que ha resultado un auténtico símil de su antecesor en el gobierno del estado de Chihuahua.

No hay mejor copia fiel del desastre, la sumisión de los jueces y crisis que vive el aparato judicial, que la que representa el poder judicial en manos del ‘Javiduarte’. No quiera ver más en la cuestionada ‘saga’ de la estructura del poder judicial en la entidad. Y si la cabeza está en crisis y ‘shock’, imagine usted carísimo lector, la convulsión de todo el cuerpo.

La exposición de motivos y argumentos de Marco Emiliano Anchondo Paredes, no deja dudas. Mucho menos dudas, los señalamientos y las probanzas del consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo, quien se ha convertido en el ‘pagano’ de los alineados jueces a Corral en el gobierno de Chihuahua.

Nada más les faltó a los magistrados alineados al poder político y al gobernador, gritar en el pleno en la sesión del Pleno del TSJE de hace dos días: ¡crucifíquenlo!, ¡crucifíquenlo!…

Vienen días y horas difíciles y de pronóstico reservado al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado que solo podría ser sacudido por la expresión misma y manifestación de grupos de abogados y opositores políticos que no comulgan con el gobernador de Chihuahua y que deben tomar la sede y de ser necesario, las calles que conducen a la sede del poder judicial en la capital.

Habrá que cuidarse hasta de las sombras del también cuestionado consejero de la judicatura y presidente del TSJE, Pablo Héctor González Villalobos, a quien la historia política parece haberle destinado un capítulo por su vergonzosa actitud de entreguismo al gobernador. Las rodilleras no le hicieron falta al magistrado titular del Poder Judicial.

Con una votación postergada para reponer el proceso de elección que fue ordenado por la Jueza Décimo de Distrito, Matilde González, quien ordenó  remover a los 56 jueces de primera instancia, todo se puede esperar en el gobierno de Javier Corral.

El Tribunal Superior de Justicia se ha convertido en un estercolero y la mierda, salpica para todos lados.

 

Militares, los nuevos ‘porteros’ de las Aduanas /

Vienen cambios en las Aduanas en el país. Militares retirados ocuparán en los próximos días 22 de las 44 oficinas y será oficializada la propuesta hecha el pasado mes de julio por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para tomar el control vía militar, de aquellas aduanas del país, que históricamente han sido identificadas con las viejas prácticas de corrupción, especialmente en frontera.

Bajo ese esquema, 66 ex jefes militares y oficiales de SEDENA serían empleados como administradores de las aduanas, y otro número, asumiría también funciones de administrador adjunto.

La aduana fronteriza de Juárez no es la excepción en esa lista de cambios que tiene el SAT, y todo apunta a que, finalmente y después de diversas quejas y señalamientos de corrupción en la Aduana de Juárez, se va la académica Norma Deirdré Bazán Mayagoitia, a quien responsabilizan de permitir las prácticas de contrabando documentado y el cruce irregular de miles de vehículos por los cruces fronterizos que unen a la entidad con los Estados Unidos.

La administradora Bazán cuenta con el apoyo del ‘súperdelegado’ del gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, a quien algunos de sus detractores identifican como el verdadero ‘padrino’ y el hombre que presuntamente tiene el control de todas las operaciones de la dependencia federal.

Con suerte, Bazán podría tener un adjunto en la Aduana, quien se encargaría de vigilar las operaciones de comercio exterior y el cumplimiento de la Ley.

El objetivo del acuerdo pactado entre el SAT y la Secretaria de la Defensa Nacional que tiene como prioridad sustituir con personal militar a civiles en la administración, es ayudar a reducir los índices de corrupción.

La propuesta hecha por Sedena, es cumplir con los parámetros para garantizar una reducción en los niveles de corrupción en las 22 oficinas que han sido clasificadas como ‘focos rojos’ en materia de corrupción.

De acuerdo al documento de los argumentos esgrimidos por los militares, la Secretaría de la Defensa sostiene que el problema de la corrupción en las oficinas de aduanas “fomenta las actividades del crimen organizado, entre estos, el contrabando de armas, drogas, precursores químicos, dinero en efectivo y bienes en lo general”.

El reporte da como un hecho que los funcionarios de las Aduanas en la administración del gobierno federal en la ‘4T’ han cometido actos de corrupción y sobornos en el cruce de mercancías, cobro de impuestos, multas excesivas y hasta expedición de recibos informales en los delitos de contrabando.

En mayo de 2019, y como parte de la ofensiva en contra de la corrupción aduanera, el SAT despidió a los administradores de las oficinas de Manzanillo, Colima y Ciudad de México.

Oficialmente, el personal retirado del ejército será enviado a las oficinas de las aduanas en Mexicali, Tecate y Tijuana en Baja California; Ciudad Acuña y Piedras Negras en Coahuila; Ciudad Juárez y la capital (Chihuahua), Ojinaga y Puerto Palomas en el estado de Chihuahua; Nogales y San Luis Río Colorado en Sonora; Altamira, Ciudad Camargo, Ciudad Miguel Alemán, Ciudad Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo en Tamaulipas; además de Manzanillo Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Colombia, Nuevo León; y Veracruz, Veracruz.

La Defensa Nacional informó que el personal militar retirado que debe ser designado para desempeñar funciones de Aduanas, cumplen con una serie de factores que incluyen el “desempeño adecuado” en sus carreras militares y la finalización de estudios en áreas como Aduanas, Negocios Internacionales, Comercio Exterior, Gestión, Contabilidad, Finanzas y Leyes.

Habrá que esperar que sucede con la administración de la Aduana local, a donde llego la académica recomendada por el delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera.

 

Revocación de mandato ‘toca’ puertas /

Justo cuando empiezan a verse las primeras ‘pinceladas’ de trabajo en el gobierno independiente bajo la férula del exalcalde y actual encargado del despacho de la presidencia, Carlos Ponce Torres, el asunto de la revocación toca las puertas en la administración del alcalde Armando Cabada.

Algunas agrupaciones han anunciado un foro sobre democracia participativa con el objetivo de aplicar la revocación de mandato en el municipio, tras el incumplimiento de algunos compromisos contraídos por parte del gobierno independiente.

El tema de la seguridad pública, de bacheo y falta de alumbrado en la ciudad, son algunos rubros que han sido cuestionados por los ciudadanos, a escasos días de que el gobierno, de la mano del líder de los regidores independientes que ocupa el despacho en ausencia del presidente, ha implementado operativos de bacheo en diferentes partes de la ciudad.

El foro está programado para el próximo 20 de febrero en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y Catalina Castillo, de la Red por la Infancia, aseguró que están en tiempo de presentar una solicitud de revocación al gobierno de Armando Cabada.

El año pasado, ante el surgimiento de una solicitud de revocación planteada en contra del gobierno de Javier Corral Jurado, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua declaró improcedente la impugnación a la resolución de revocación de mandato, promovida por el ciudadano Oscar Humberto González Aguirre y los partidos Revolucionario Institucional y Morena.

Según la Ley de Participación Ciudadana, la revocación de mandato es aplicable al gobernador, a los diputados locales, a los presidentes municipales y síndicos que hayan resultado electos por el voto popular.

 

Sí a la Ley de transporte, pero con incremento /

El problema no es la ley en sí, sino el estricto cumplimiento de la Ley de Transporte Público, socavada por diversos intereses y el desaseado manejo y control de transporte bordado por la corrupción en los puestos gubernamentales.

Ayer el líder de los diputados panistas en el Congreso del Estado, Fernando Álvarez Monje dio por descontada la nueva relación política con los diferentes sectores del transporte en el marco de la nueva Ley del Transporte Publico para Chihuahua que dicen, acabara con el monopolio y la corrupción.

Mañana viernes habrá una reunión con los representantes y algunos concesionarios del transporte colectivo que dicen “Sí” a la nueva Ley de Transporte, a la modernización de las unidades y a todo lo que diga y mande el gobernador de Chihuahua, pero supeditada a la autorización de incremento a las tarifas en el servicio de transporte público.

En Ciudad Juárez, apenas un puñado de concesionarios del transporte, entre ellos el cetemista Carlos Hernández, Juan Carlos Saldívar y Ever Morales, que se han comprometido y le han metido ya varios millones de pesos al proceso de modernización, demandan que el gobierno cumpla con su parte en la autorización de incremento a las tarifas de transporte.

Y mientras que el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Parlamentaria en el Congreso advierte un suave dialogo y una buena relación con los rudos concesionarios y choferes de transporte, acaso quizás por el ‘Dia del Amor y la Amistad’, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral no suelta el garrote. Y no es albur.

Pregona que el monopolio de las concesiones terminará a partir de la publicación de la nueva Ley de Transporte Público del Estado, y hasta promete legalidad, transparencia y mejorar las condiciones del transporte, cuya infraestructura de servicio a los usuarios, por cierto, es la peor de todo el país.

Nadie tiene peor servicio de transporte y chatarras circulando que el estado de Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez, cuyo modelo de transporte público es una aberración y una mentada para los ciudadanos.

El problema no estriba en el monopolio, ni el número de unidades o concesiones que puede tener alguno de los concesionarios, ni siquiera en la misma Ley, sino en la capacidad del gobierno para ofrecer condiciones de infraestructura urbana para que, a su vez, los transportistas cumplan con los ordenamientos y normas.

Y si no existe eso, olvídese de la Ley de Transporte y de todo lo que diga y pregone Javier Corral.

La “renovación”, “revalidación” y “verificación” anual de las unidades como lo propone Corral, es ‘pan comido’ para los concesionarios. Ellos saben que todos los políticos y los jefes del transporte, tienen un precio.

 

‘Milagrosa’ suspensión, prende cambios a reglamento /

El postergado plan de cambios al reglamento municipal que permitiría la operación de gasolineras, y que le abriría, eventualmente, la puerta a la reapertura a las estaciones de servicio del Grupo ARCO que fueron clausuradas por mandato de los jueces en los Tribunales, dio un nuevo giro.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito resolvió ayer miércoles dejar sin efecto la suspensión de un juez de Distrito para discutir, votar y en su caso aprobar la derogación en el Cabildo del reglamento gasolinero.

El secretario del Ayuntamiento, Maclovio Murillo hizo valer sus oficios, destreza y capacidad en materia legal, y le ha devuelto al gobierno local la posibilidad de replantear la política del reglamento que norma la operación de las estaciones de gasolina en Juárez.

La queja interpuesta bajo el oficio 31/2020 por parte del Municipio de Juárez, logró, a la brevedad -como quien se chupa un boli en un instante-, la resolución judicial del juez Séptimo de Distrito que concedió la suspensión del amparo para darle viabilidad a la discusión, votación y aprobación de la iniciativa presentada por el presidente Armando Cabada para derogar el reglamento municipal gasolinero.

El abogado Murillo, dijo que en la resolución participaron tres magistrados federales que le dieron la razón al Municipio, por lo que se declaró fundada la queja y se negó la suspensión del acto.

El punto de acuerdo volverá a ser subido en los próximos días al Cabildo, y auguran que habrá libre competencia en el mercado de las gasolinas. Y seguramente vendrá la reacción de los opositores, que tampoco son dejados que digamos. Menos en un asunto que genera miles de millones de pesos cada año.

 

Ciro Murayama del INE, hoy en Chihuahua

El consejero del INE, Ciro Murayama no escogió quizás el mejor momento para venir a Chihuahua a presentar su libro: ‘La Democracia a Prueba’, como tampoco eligió el lugar y el mejor anfitrión en la personalidad del Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alberto Fierro, quien ha sido muy vapuleado por los medios de la capital.

Las autoridades del IEE, INE, académicos de la UACH, políticos y quizás hasta empresarios interesados en la política, todos estarán este jueves en la presentación de la obra de Murayama. Quizás pensarán que lo demás es lo de menos, al fin que en México como en Chihuahua, todo se vale y todo es permitido. Vale pues.

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