La figura de la entonces titular de la Contraloría en los gobiernos municipales, Blanca Estela Martínez Moreno no es precisamente el ‘hilo’ más delgado, pero sí la nueva hebra que podría darle un giro a la investigación y a la posible participación e interés del gobierno de la 4ª transformación en los asuntos de la corrupción de Chihuahua…

TORRE FUERTE

*Contraloría, con responsabilidad de facto en PMU

*Priístas cierran campaña en la lucha interna

*Recortar prerrogativas a partidos      

* Estancias infantiles y ampliación de programa

*Despedida de Brianda Herrera

Contraloría, con responsabilidad de facto en PMU /

Una nueva y reveladora hipótesis en torno a las presuntas irregularidades del Plan de Movilidad Urbana (PMU), que por ahora mantiene en las carpetas de investigación y expediente 37/2018/0042844, a los ex alcaldes priistas de Juárez: Héctor ‘Teto’ Murguía, Enrique Serrano y Javier González Mocken, y hasta el actual presidente independiente, Armando Cabada Alvídrez, apunta también a la responsabilidad de la contralora del gobierno municipal, Blanca Estela Martínez Moreno, convertida en ‘pieza clave’ y dejada de lado en las indagatorias.

La funcionaria en mención, convertida en la ‘piedra angular’ en los cimientos de presuntas y múltiples irregularidades en la administración, participó en la función pública en los gobiernos de Murguía (2004-2007), de Serrano y de González Mocken (2013-2016) como directora general de la Contraloría, y fue también artífice y conocedora de movimientos financieros y administrativos en los gobiernos del panista Francisco Barrio Terrazas (1983-1984) y años después (1989-1992) del priísta, Jesús Macías Delgado.

La contralora fue la ‘niña mimada’ y los ‘ojos’ del finado exalcalde ‘Chuy’ Macías, y gozó de los privilegios y la confianza de un sinnúmero de políticos de ese partido en el poder, y hasta de los políticos panistas durante la gestión de Pancho Barrio.

Tan solo un extracto del reporte final de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que planteó la simulación de actos jurídicos, falsedad en la información, manipulación del proyecto y los contratos, así como la permisividad para la utilización de insumos de baja calidad, amén de la nula revisión de obras y su mantenimiento, exhiben las omisiones de la Contraloría del gobierno municipal y su entonces titular. Y ni modo que no estuviera enterada de lo que estaba sucediendo.

Como antecedentes de la funcionaria en actividades de la administración pública, a Blanca Martínez Moreno, se le endilga también presunta responsabilidad -al igual que al entonces jefe de compras, Alejandro Pico Llantada-, en las operaciones de proveeduría que durante la primera gestión de Teto Murguía benefició -vía compra de diversos productos- a las empresas “Escorpión Negro” y  “Chihuahua Siglo XXI”, propiedad del entonces ‘empresario’ y posterior jefe de la policía municipal, Saulo Reyes Gamboa, detenido por narcotráfico en El Paso, Texas.

El exregidor panista, José Márquez Puentes, afirma que ciertamente, por omisión o negligencia, hubo responsabilidad de la Contralora Blanca Martínez, porque no se dio seguimiento a una millonaria inversión del PMU que alcanza los 5 mil 200 millones de pesos, pagaderos a 20 años, y que involucra al gobierno federal, por la afectación a las participaciones federales que en su momento avalaron los diputados pertenecientes a la sexagésima cuarta legislatura.

Pero no es la única funcionaria que en las investigaciones oficiales, de las que dio parte el Congreso del Estado a la Fiscalía General del Estado (FGE) en el gobierno de Javier Corral, quedó fuera y sin responsabilidad, por igual también han sido señalados el síndico municipal, Fernando Martínez, y hasta regidores que entonces aprobaron el multicitado proyecto del Plan de Movilidad Urbana que originalmente buscó, como lo cita el exalcalde Héctor Murguía en su libro: ‘La Recuperación de Juárez’, “una nueva herramienta donde tú puedes adquirir compromisos financieros a largo plazo para poder financiar proyectos de infraestructura”;

“Utilizamos la capacidad a 20 años del municipio de Juárez por 2 mil 200 millones de pesos para fortalecer su capacidad competitiva, de movilidad urbana”, señala en ese libro el expresidente municipal.

Empero, el pasado ‘condena’ a la excontralora del gobierno municipal, quien estuvo sujeta a una investigación y denuncia por el caso de alumbrado público, según el “Informe Ciudadano 2016”, y quien alguna vez también fue señalada como responsable de la inexistente contratación del cantante Vicente Fernández para un evento del 15 de septiembre, y por quien se habría pagado un millón de pesos por parte del gobierno municipal.

Sin ningún tipo de previsión, la contraloría pasó por alto el desembolso del dinero a dos hombres que por mera palabra (promesa) y una publicidad en llaveros, mantas y carteles con la imagen de Vicente Fernández, burlaron todos los procesos y ‘candados’ de la administración pública y de la Contraloría, de la que fue responsable la contadora pública, Blanca Estela Martínez.

Hace apenas poco más de un mes, un Tribunal Colegiado ordenó a la FGE investigar las presuntas irregularidades encontradas en el Plan de Movilidad Urbana por alrededor de 500 millones de pesos, que pudieron haber sido detectadas y detenidas desde la planeación del proyecto a través de la Contraloría del gobierno municipal.

Evidentemente no hubo ‘voluntad política’, o simplemente, la titular de la Contraloría decidió ser omisa por conveniencia y recomendación de sus superiores.

El caso que presume la intervención u omisión de los ‘nuevos protagonistas’ en el caso del Plan de Movilidad Urbana en Ciudad Juárez, está en marcha y es un tema al que tendrían que ‘voltear’ otros gobiernos estatales y municipales en el país que han enfocado solamente la responsabilidad en la figura del Poder Ejecutivo.

Para que se entienda el caso local, del cual dio parte en su momento el Congreso del Estado a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y éste a su vez a la Fiscalía General en marzo de 2018, es un asunto que podría ser abordado por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por el aval de los diputados locales para afectar participaciones federales en el Fideicomiso y cumplir con los pagos y compromisos del gobierno.

De todo ello han tomado nota los representantes legales (abogados) de los expresidentes municipales y funcionarios que operaron el proyecto de obra pública.

La figura de la entonces titular de la Contraloría en los gobiernos municipales, Blanca Estela Martínez Moreno no es precisamente el ‘hilo’ más delgado, pero sí la nueva hebra que podría darle un giro a la investigación y a la posible participación e interés del gobierno de la 4ª transformación en los asuntos de la  corrupción de Chihuahua.

Para Armando Valenzuela, ex Auditor Superior del Estado en el gobierno de Javier Corral, “es claro que el PMU quedo lejos de cumplir con los objetivos fundamentales de lo proyectado, porque los juarenses y la comunidad chihuahuense cuestiona los recursos destinados y pagados que se aplicaron al mismo, o fueron a parar a las bolsas de los funcionarios”.

La reciente imputación formal de la Fiscalía General de la Republica (FGR) en contra de la extitular de SEDATU, Rosario Robles Berlanga, que tenía conocimiento de desvíos de recursos por 5 mil 073 millones 358 mil pesos a través de diferentes convenios en el esquema de la ‘Estafa Maestra’, es el mejor ejemplo y referente de las prácticas de omisión y de responsabilidad cuando se conocen irregularidades y no se da parte a quienes gobiernan.

Como dicen los cuates del FB, vayan por las palomitas porque hay tiro, y responsabilidad de facto de la contadora pública, Blanca Estela Martínez Moreno, hoy factótum en el intricado y peliagudo caso del Plan de Movilidad Urbana. La función apenas empieza. (1ª parte)

Priístas cierran campaña en la lucha interna /

En tanto que se espera que este mismo viernes por la tarde cierren campaña en la ciudad de Chihuahua, la exgobernadora de Yucatán, Yvonne Ortega y haga lo propio Lorena Piñón, el también aspirante y gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno ‘Alito’, cerró en Cuernavaca, Morelos su actividad proselitista, en los últimos estertores de la lucha interna por la dirigencia nacional del PRI.

Son las últimas horas de una batalla que apunta a una disputa cerrada, que por ahora, según las encuestas de El Universal, sigue favoreciendo a Alejandro Moreno.

El gobernador de Campeche y su compañera de fórmula, Carolina Viggiano Austria, cerraron su actividad proselitista en el sur del país justo en el aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, el llamado ‘Caudillo’ del sur, donde ‘Alito’ dijo que urge la necesidad de que el PRI se convierta en una “oposición responsable y aguerrida”.

Esta misma tarde, pero en el gimnasio San Pedro de la ciudad de Chihuahua los priistas esperan el arribo de Yvonne Ortega en el cierre de sus actividades que tienen el mismo objetivo: la silla de la dirigencia nacional del PRI que ocupa Claudia Ruiz Massieu, quien llegó al partido de forma interina y en relevo, tras la escandalosa derrota del PRI en las elecciones federales de 2018.

Tanto Enrique Serrano, excandidato a gobernador, como el propio líder estatal Omar Bazán, ambos con preferencias políticas distintas en la batalla al interior del PRI, aseguran tener una muy buena relación y amistad con la exgobernadora de Yucatán.

Sin embargo, desde hace tiempo, el también diputado del PRI, dijo apostar por la figura del mandatario de Campeche, Alejandro Moreno, lo que hace algunos días provocó que Serrano manifestara su desaprobación y acusara de “parcialidad” al líder estatal de ese partido político.

En fin que ya se verá quien resulta ganador en la contienda nacional del próximo domingo, donde el PRI con padrón de militancia en mano, y en un ejercicio inédito y similar al de una elección constitucional, participara para la elección del próximo dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Recortar prerrogativas a partidos /

Sigue, literalmente, en la ‘congeladora’ del Congreso del Estado, la propuesta de reforma para reducir las prerrogativas de los partidos políticos, presentada en diciembre pasado por parte del diputado priísta de Chihuahua, Omar Bazán Flores.

Hasta ahora, la legislatura 66 no ha dictaminado a favor o en contra de la propuesta de adhesión. Y también está en ‘capilla’ la reducción del presupuesto a organismos electorales.

El legislador recordó que la propuesta buscaba eco en los diputados locales a efecto de que se sumara a la iniciativa de reforma presentada por la senadora y líder nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

El objetivo es reducir las prerrogativas de los partidos políticos en año no electoral, así como las nuevas reglas en materia de financiamiento público y privado.

El asunto sale a colación porque el tema ha sido puesto ‘sobre la mesa’ por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de una medida que es “saludable” para el país, siempre y cuando se haga con equilibrio y transparencia.

La iniciativa presenta por el PRI en el Senado propone modificaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos.

Por cierto, muy certero el empresario Lino Korrodi, que en relación con este tema, y quien salió con todo en las redes sociales para exhibir al presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien fustigó por sus declaraciones de que una reducción en las prerrogativas abriría la puerta al dinero ilícito en las campañas políticas.

«Si de algo han estado plagadas las campañas electorales es de corrupción y la complicidad entre los gobiernos». Y allí esta el ejemplo de Vicente Fox, quien junto con Martha Sahagún y Ramón Muñoz, negociaron los dineros que entraron a las campañas del PRI, coludidos con algunos empresarios.

Jura y perjura Lino Korrodi, que Fox y compañía hicieron acuerdos para que no fueran a la cárcel personas coludidas con la corrupción en la campañas durante el sexenio del exmandatario.

 

Estancias infantiles y ampliación de programa /

El alcalde de Parral, Alfredo ‘El Caballo’ Lozoya Santillán, ha decidido mantener la lucha por el “bien superior del menor” a fin de que se restablezca el programa de estancias infantiles que fue cancelado este mismo año por parte del gobierno federal.

Lo anterior llega después de que recientemente la nombrada  ministra Yamel Esquivel negara la suspensión provisional de las nuevas reglas de operación que cancelan el programa de las estancias infantiles.

El edil parralense que ha enarbolado desde hace rato esa propuesta, dijo que el trámite de la controversia constitucional aún continúa. La batalla no está perdida.

Precisó que en esta etapa de la controversia constitucional se está reforzando el litigio estratégico  que incluyen diversas medidas como la solicitud que se hizo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que emita un informe del  impacto en los niños por la cancelación del referido programa, y de tal manera que la CNDH lo incorpore en su recomendación, junto con la negativa del gobierno federal a acatarla.

Según ‘El Caballo’ Lozoya, se está realizando un peritaje psicosocial del impacto en las niños y los niños.

Con todo lo que ha sucedido, al parralense le queda todavía un ‘as’ bajo la manga y es optimista en torno a la anhelada resolución de fondo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por cierto que en ese tema de la controversia, su segundo de abordo, el abogado Francisco Sánchez Villegas, secretario del Ayuntamiento en el gobierno de Parral, señaló que el multicitado tema de controversia de las instancias infantiles,  deberá representar una “gran oportunidad” para relanzar los medios de control constitucional ante una nueva forma de ejercer el poder.

Solo así, se espera recuperar y recomponer el orden constitucional y salvaguardar el principio de división de poderes.

Pero mientras se mantiene esa lucha en las instancias federales, en el Hidalgo del Parra hoy el Cabildo buscara ampliar el programa municipal de apoyo a estancias. Es decir, ‘El Caballo’ sigue haciendo política y bateando rumbo al 2021.

Despedida de Brianda Herrera /

La iglesia del ‘Señor de la Misericordia’ se vio abarrotada por la solidaridad y muestras de afecto de los familiares y allegados a la infortunada profesionista y joven funcionaria que colaboraba en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), Brianda Herrera.

Su patrona, Alejandra de la Vega, así como el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y el alcalde de Juárez, Armando Cabada, acudieron a la misa para despedir sus restos y rendirle el último adiós.

Estuvieron allí los funcionarios y amigos incondicionales, no del gobernador, sino de Alejandra: Mario Dena, Jorge Contreras, Juan Carlos Sapién y hasta directivos del equipo de futbol profesional Bravos FC, entre otros.

Brianda Herrera falleció hace apenas unos días, en un accidente automovilístico cuando viajaban varias gentes de la secretaría de economía, en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.

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