La expresidenta de la Coparmex Juárez, amiga de mocedades, de Ana Paula Gerard, ligada al expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, es pieza clave en el rompecabezas de aquella vieja persecución fiscal de la Secretaría de Hacienda…

TORRE FUERTE

*Zaragoza-de La Vega: de ‘cárteles’ hablamos

*Mesa de Seguridad con ‘pecado’

*Apuntes de Fernando Palma

*Trabado presupuesto en Congreso

*Inconstitucional la ‘Ley Bonilla’

 

Zaragoza-de La Vega: de ‘cárteles’ hablamos /

Ahora que Guadalupe de la Vega, la hija mayor del viejo y finado ‘patriarca’ de la familia de la Vega, ha puesto en perspectiva la presunta existencia de los “cárteles gasolineros”, detrás de los cuales, afirman, estaría la mano del empresario Pedro Zaragoza Fuentes, a quien se atribuye con un grupo de abogados y algunos propietarios de los negocios que expenden combustible, la clausura de cinco estaciones de servicio de ARCO, asoma aquella vieja anécdota de la pugna Zaragoza-de la Vega en los tiempos del Salinato.

El ‘Cártel’ de los expendedores de gasolinas en la frontera, estaría conformado por las marcas Bip-Gas, Total Gas, GazPro, Gasomex, Servicio Cuatro Caminos, Administración de Gasolina Norponiente y Grupo Gocalvi.

La expresidenta de la Coparmex en Juárez, amiga de mocedades, de Ana Paula Gerard, ligada entonces al ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, es pieza clave en el rompecabezas de aquella vieja persecución fiscal de la Secretaria de Hacienda, que en aquellos años de poder y gloria del salinismo y de sus aliados, persiguieron por la vía fiscal y hasta por el lado de la delincuencia organizada a dos personajes que hoy, a pesar de todo lo que ha sucedido durante las últimas dos décadas, mantienen poder y hegemonía:

Uno de ellos es justamente el empresario Pedro Zaragoza Fuentes, ligado una y otra vez por algunos de sus detractores a las actividades de delincuencia organizada, especialmente a partir de aquellos favores solicitados en el régimen de Salinas en contra de ese empresario, que se atribuyen al extinto Federico de la Vega Mathews, por la relación de su hija Lupita y su madre, Guadalupe Arizpe con Gabriela y Ana Paula Gerard Rivero, y el otro personaje es el propietario de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda.

Ambos, coincidentemente, fueron víctimas de la persecución hacendaria cuando el titular de la secretaría era Pedro Aspe Armella y el secretario de Gobernación era entonces el ‘capo di tutti capo’ de la política mexicana. Ni más ni menos que Fernando Gutiérrez Barrios.

El ejecutor de aquella persecución fue el ex subsecretario de Ingresos de la SHCP, Francisco Gil Díaz, un tecnócrata de mano dura que llegó con Salinas y posteriormente ascendió a la Secretaría de Hacienda en el gobierno del panista Vicente Fox.

La memoria de aquellos hechos, que pusieron a temblar entonces a Pedro Zaragoza y huir a los Estados Unidos a Osvaldo Rodríguez, está en los archivos y en las hemerotecas de los principales periódicos en la entidad, y las recientes declaraciones hechas por Lupita de la Vega, son hoy poco ‘afortunadas’, en medio del nuevo escándalo empresarial de una vieja pugna por el control de los negocios en Juárez que se remonta a varias décadas.

Guadalupe y Alejandra de la Vega -no así su hermano-, Artemio de la Vega, separado desde hace buen tiempo de la familia y dedicado a la construcción de centros comerciales a lo largo y ancho de los Estados Unidos, han heredado junto a la cuantiosa fortuna de muchos cientos de millones de dólares, una vieja pugna por el poder económico en Ciudad Juárez, cuya plaza ha hecho millonarios a unos cuantos, en detrimento de las condiciones de pobreza y de subdesarrollo de miles de familias juarenses.

Tan desafortunado es el episodio de ‘Pita’ de la Vega, que hasta el activista y ex diputado Jaime García Chávez fustigó las declaraciones de Lupita de la Vega, cuando habló de los cárteles gasolineros, recordándole el origen de la fortuna de la familia en los millonarios negocios por la venta de alcohol, que también formaron parte en su momento, de otro viejo cártel en el rubro de los llamados ‘giros negros’ de Ciudad Juárez.

Es obvio que la competencia por el mercado de las gasolinas en la frontera y la aparición de la firma ARCO, que se ha dedicado a construir estaciones de servicio en la cadena de tiendas de conveniencia de la familia de la Vega, ha generado el rechazo de los competidores en la venta de combustible, que sienten que no existen condiciones de equidad cuando justamente la fuente y proveedor de las gasolinas de todos ellos, es el millonario empresario tejano, Paul Foster, el esposo de Alejandra de la Vega Arizpe, que además de ser la ‘cuasi’ dueña de la ciudad y propietaria del FC Bravos de Juárez, es la responsable y titular de la Secretaría estatal de Innovación y Desarrollo Económico en el gobierno de Javier Corral.

Quizá haya razones de muchos pesos, para que los empresarios dedicados al ramo de las gasolineras, se sientan posiblemente ahora ‘aplastados’ por el inconmensurable poder de la familia Foster-de la Vega, que se dedicaron a poner gasolineras por todos los rumbos de la ciudad.

Y el nuevo capítulo de esa vieja historia de pugnas por el poder económico está apenas por comenzar. Y los empresarios de Juárez, quieran o no, tendrán que tomar partido.

La acusación de Guadalupe de la Vega en contra del grupo opositor, a quienes señaló que manejan la venta de gasolina y operan como lo hacen los cárteles, tendrá repercusiones.

 

Mesa de Seguridad con ‘pecado’ /

Ahora que el diputado de Morena, Gustavo de la Rosa Hickerson, desde el Congreso del Estado ha levantado la voz y ha puesto el dedo en la llaga en los asuntos de la inseguridad que azota al estado de Chihuahua, sufre el riesgo de los machucones y de llagas en la boca.

El diputado hizo un exhorto, de carácter “urgente” para que comparezca el secretario técnico de la Mesa de Seguridad en el estado, Luis Fernando Ávila González, y se le olvidó que él mismo (Gustavo de la Rosa) fue parte y ha sido un aliado de la ahora llamada Mesa de Seguridad y Justicia (MSJ), que tiene cuentas pendientes con los embrollos y corruptelas ligado a la estructura del Fideicomiso de Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) que sigue sin esclarecer el dispendio de muchos millones de pesos en los últimos tres años del gobierno de César Duarte.

El derechohumanista, investigador y catedrático de la UACJ, tiene mucho que decir y explicar a cerca de la ominosa opacidad financiera y los malos manejos administrativos y operativos del Fideicomiso en la distribución de recursos que se supone, eran para apoyar a grupos sociales vulnerables que urgían, no solo del apoyo, sino de toda una estrategia de seguimiento en los problemas sociales ligados a la inseguridad.

Pero ayer, el viril diputado, tomó la tribuna para exigir la comparecencia de Ávila González ante los legisladores para que informe a cerca de las circunstancias y estrategias para detener la ola de violencia en el estado de Chihuahua. La salvajada de Gustavo de la Rosa fue de tal tamaño, que pidió al Presidente de México, instruya al secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo Montaño, para que comparezca el secretario técnico de la Mesa de Seguridad en Chihuahua.

El diputado Gustavo de la Rosa es activo participante de la estructura de la Mesa de Seguridad en Juárez, y es aliado de los empresarios Alejandra de la Vega, Jorge Contreras Fornelli y Mario Dena, a quienes se responsabiliza, entre otros, de la corrupción y la opacidad del Fideicomiso.

De acuerdo a la última investigación periodística dada a conocer por NorteDigital.MX, los expedientes anuales de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE), pusieron en relieve las irregularidades y la opacidad en el manejo y entrega de poco más de 700 millones de pesos.

Han sido los mismos diputados integrantes de las comisiones unidas de la Junta de Coordinación Política, así como de Seguridad Pública y Protección Civil, quienes en el pasado han llamado a la comparecencia de los titulares del FICOSEC para que expliquen el presunto irregular manejo de cientos de millones de pesos, pero no han tenido respuesta. Y si, a cambio, mayor confusión y dudas sobre el manejo de los dineros públicos.

De acuerdo con la investigación de Norte, desde entonces no existe la correlación de los resultados del costo beneficio aplicado a los programas sociales y la imparable violencia en todos los rincones del estado de Chihuahua.

“Han sido derrochados alrededor de 700 millones de pesos de recursos públicos aportados por 36 mil contribuyentes del Impuesto Sobre Nómina a nivel estatal, para contribuir a reducir los cada vez más altos niveles de violencia en las principales ciudades del estado encabezadas por Juárez y Chihuahua”.

El dato es contundente y no deja lugar a dudas sobre las explicaciones que tienen pendiente los tres poderes en relación con el FICOSEC y las Mesas de Seguridad que no han servido absolutamente para nada.

La última gran puntada en Juárez en relación con el trabajo de la Mesa de Seguridad y Justicia que preside o coordina Isabel Sánchez Quirarte, fue la decisión de que los integrantes de ese grupo en la Mesa, se encargarían de monitorear a los medios de comunicación.

Lo peor de todo es que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral no moverá un solo dedo para rascarle a la opacidad de Ficosec y a las estructuras de las Mesas de Seguridad, sabiendo que hay ‘pecado’, mucho ‘pecado’ por parte de algunos de los integrantes, y hoy, flamantes funcionarios públicos en su gobierno.

Para el gobernador de Chihuahua, un hipotético acto para intervenir las cuentas del Fideicomiso, más que un disparo en los pies, sería ponerse la pistola en la sien.

 

Apuntes de Fernando Palma /

El exdiputado federal del PAN, Fernando Palma Gómez, difundió ayer en las redes sociales una remembranza de los beneficios y las necesarias alianzas políticas en el país.

Sabrá Dios si esto tiene que ver o no, o alguna relación con las posibilidades que se ciernen para la estrategia de alianzas puestas sobre la mesa, que unirían históricamente al PRI y al PAN en las elecciones de 2021, pero el exdiputado y operador del CEN del albiazul fue al punto.

“Cuando se busca un objetivo superior en beneficio del país, sobre todo pensando en la próxima generación y no necesariamente en la próxima elección, se deben hacer un lado filias y fobias…una reflexión profunda nos debe llevar a tomar la mejor decisión en cuanto a lograr una alianza (con el consiguiente plan de gobierno) que permita alcanzar ese objetivo…”

Así comienza un breve escrito fechado el día 19 de enero de 2010, donde Palma Gómez, hizo referencia a las decisiones tomadas en ese entonces como secretario nacional de elecciones del CEN del PAN, al negociar alianzas con los partidos de Convergencia y el PRD en las elecciones locales de Oaxaca, Colima, Chiapas y Chihuahua.

Habló de esa experiencia “agradable” de tratar con políticos de la talla de Alejandro Chanona, Carlos Navarrete, Graco Ramírez y Carlos Sotelo, “quienes demostraron su madurez como auténticos demócratas” haciendo su mejor esfuerzo.

Eran sin embargo otros tiempos, que acusaban, al citar del exdiputado federal, las formas de actuar “antidemocráticas” y “fraudulentas” del PRI y de la parcialidad del TRIFE que impidieron el cambio necesario en esos estados del país.

La lección empero, es que los hombres, independientemente de los partidos en los que militen, se pueden poner de acuerdo y trabajar juntos para lograr lo que sea mejor para México.

Y ayer Fernando Palma añoró ese pasado.

Coincidencias o no con las alianzas que buscan y negocian el PRI y PAN para las elecciones de 2021 y el objetivo de derrotar a Morena en diferentes estados, son simplemente eso, coincidencias.

 

Trabado presupuesto en Congreso /

Los jaloneos en el Congreso de Chihuahua en torno al paquete presupuestal de 2020 en el estado, están a todo lo que da entre los diputados de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN).

Ahora los legisladores del partido de Andrés Manuel López Obrador quieren condicionar la aprobación del presupuesto si se replica en Chihuahua la Ley de Austeridad y la prioridad a los programas de Seguridad, Salud, Educación y Desarrollo Social.

El condicionamiento viene de la iniciativa del diputado Benjamín Chávez que hasta el momento, al igual que sus compañeros en la bancada de Morena, no han mostrado ninguna disposición por bajarse los salarios y las dietas en la sexagésima sexta legislatura del Congreso local. No saben, ni han experimentado la política de austeridad.

El coordinador de la bancada de Morena, Miguel Ángel Colunga ya vio la ‘paja’ en el ojo ajeno, y dice, como si hubiese descubierto el hilo negro, que la política financiera del estado está mal planteada, lo que ha generado presupuestos deficitarios que han sido acompañados de créditos a corto plazo durante los últimos tres años.

Pero, oh sorpresa, que incongruencia, Colunga exime de responsabilidad a la administración estatal, al señalar que la quiebra de las finanzas estatales no es culpa del gobierno de Javier Corral Jurado, pero si la solución y es su responsabilidad.

Habla de más deuda, mismo derroche de gastos y reclamos al gobierno federal.

 

Inconstitucional la ‘Ley Bonilla’ /

Hace mal viento en Baja California.

Ya corrió como reguero de pólvora,  la opinión jurídica enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron por unanimidad que es inconstitucional la llamada “Ley Bonilla” en aquella entidad ganada por el partido del presidente de México.

Dicha ley es una reforma a la Constitución de Baja California, por la que el Congreso de ese estado decidió ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador morenista Jaime Bonilla, quien tomó posesión del cargo el pasado 1 de noviembre.

AdChoicesLa opinión jurídica del TEPJF, registrada como SUP-OP-5/2019, está suscrita por siete magistrados, quienes señalan que “se aparta de la regularidad constitucional” esa reforma al artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución de Baja California.

Este documento enviado a la SCJN tiene la firma del magistrado presidente del TEPJF Felipe Fuentes Barrera, y de otros seis magistrados y magistradas: Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante González, Janine Otalora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdés.

De acuerdo a la agencia Proceso, la opinión jurídica del TEPJF se incorporará al expediente de las acciones de inconstitucionalidad presentadas anteriormente por distintos actores políticos.

Y de esta manera, la SCJN dará el fallo definitivo ante las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma legislativa de Baja California, interpuestas por el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y por el Partido de Baja California (PBC), así como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

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